¿Conducir en San Lorenzo es un riesgo de prisión?: la fiscal Vigna dejó detenido a un chofer tras un accidente

Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la ciudad de San Lorenzo volvió a poner en el centro del debate público y jurídico el polémico accionar de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local. El siniestro tuvo lugar sobre el Bulevar Oroño, entre las calles Dorrego e Hipólito Yrigoyen, donde colisionaron una motocicleta y un colectivo de la empresa Expreso.

Según los testimonios recabados en la escena, la mecánica del siniestro fue de extrema tensión: los testigos presenciales afirmaron que el chofer del colectivo habría cruzado la intersección con el semáforo en amarillo, impactando contra la moto y arrastrando a su conductor a lo largo de varios metros sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia directa de este violento impacto, el motociclista resultó herido y debió recibir asistencia médica de urgencia en el lugar de los hechos. El operativo desplegado obligó a las autoridades a mantener cortada la circulación en el sector, recomendando a los automovilistas evitar la zona y circular con precaución.

Sin embargo, más allá de la crudeza de la mecánica vial, la situación derivó velozmente en una controvertida y gravosa decisión judicial. La fiscal Victoria Vigna, a cargo de las primeras diligencias investigativas, determinó de manera inflexible que el chofer del colectivo quede en calidad de detenido a la espera de la celebración de la audiencia imputativa, un trámite procesal que recién podría llevarse a cabo entre el miércoles y el jueves de esta semana.

Esta medida privativa de la libertad enciende nuevamente las alarmas sobre el exceso de rigor preventivo que aplican los funcionarios de los tribunales sanlorencinos ante delitos de carácter culposo. El caso expone un patrón de comportamiento en la Fiscalía que ya cuenta con recientes y graves antecedentes. Basta recordar lo ocurrido tiempo atrás con el fiscal Nicosia, quien ordenó la detención inmediata de un camionero luego de que una motocicleta lo embistiera desde atrás en jurisdicción de Puerto General San Martín.

Aquel episodio, documentado y criticado duramente por este medio en el artículo “De un accidente vial a la prisión: el caso del camionero que expone un grave exceso judicial”, generó un repudio generalizado al considerarse un claro atropello a las garantías constitucionales de los trabajadores del volante, al criminalizar el riesgo inherente a la conducción.

Frente a esta sistemática reiteración de medidas cautelares extremas, la conclusión en la calle resulta tan clara como alarmante: bajo el criterio actual de los fiscales sanlorencinos, verse involucrado en un accidente de tránsito en el Cordón Industrial opera en la práctica como una condición de prisión preventiva en potencia. Una verdadera locura jurídica que transforma a cualquier chofer o conductor en un criminal peligroso, desvirtuando el espíritu del derecho penal y castigando con el encierro carcelario antes de que se evalúen a fondo las responsabilidades del siniestro.

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