Mientras crecen los casos de acoso escolar, la Legislatura santafesina debate dos iniciativas casi idénticas para sancionar a padres de menores que hostigan a otros. Una de ellas, presentada por la diputada Armas Belavi, reproduce el texto impulsado por su par Beatriz Brouwer y desata suspicacias sobre un eventual guiño al Gobierno provincial.
En la Legislatura de Santa Fe se abrió una controversia inesperada en torno a un tema sensible: el bullying escolar y la responsabilidad de los adultos frente a las conductas violentas de los menores. La polémica no surge por el fondo del debate —que es compartido por todos los bloques— sino por la forma y el trasfondo político que adquirió el tratamiento legislativo.
Hace algunas semanas, la diputada Beatriz Brouwer (Unite) había presentado un proyecto de ley que reformaba la normativa vigente para incorporar sanciones a padres, tutores o adultos responsables que omitan su deber de cuidado cuando los menores a su cargo cometan actos de acoso o violencia escolar. La iniciativa, inspirada en la Ley Provincial N° 13.674 y la Ley Nacional N° 26.892, proponía actualizar el marco de actuación institucional y dotar de herramientas al sistema educativo para abordar la problemática con criterios preventivos, pedagógicos y de contención social.
Sin embargo, días más tarde, la diputada Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) presentó otro proyecto prácticamente igual, pero con una diferencia central: le otorga al Poder Ejecutivo la facultad directa de sancionar económicamente a los padres de los menores involucrados, dejando al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Niñez la potestad de ejecutar multas.
Sin embargo, este mecanismo presenta problemas legales importantes. La Secretaría de Niñez tiene funciones de protección y acompañamiento, no de castigo. Su tarea es intervenir cuando un niño o adolescente está en situación de riesgo, no imponer sanciones económicas a los adultos.
El movimiento generó desconcierto en los pasillos legislativos. No solo porque la iniciativa original ya estaba en discusión, sino porque la nueva versión ingresó por mesa de entradas, mientras que la de Brouwer había sido presentada sobre tablas. Según fuentes del recinto, esa diferencia de procedimiento no es menor: “parece un intento de volver a presentar el mismo texto, pero con la bendición del Ejecutivo”, deslizó un asesor parlamentario, aludiendo a una posible maniobra para que el Gobierno disponga de una herramienta recaudatoria adicional en nombre de la lucha contra el acoso escolar.
Una coincidencia demasiado exacta
El análisis técnico de ambos textos permite comprobar que las similitudes no son casuales. Los artículos, el espíritu de las normas y la estructura general coinciden en más del 80%. La diferencia más visible radica en el nivel de intervención del Estado provincial: mientras Brouwer busca reforzar el deber de prevención y la responsabilidad compartida entre familia, escuela y Estado, Armas Belavi desplaza el eje hacia la sanción punitiva, con el riesgo de judicializar los conflictos escolares.
Cuadro comparativo
| Aspecto | Proyecto Beatriz Brouwer (Unite) | Proyecto Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) |
|---|---|---|
| Eje principal | Crea un protocolo de actuación clara y temprana frente al acoso escolar. | Modifica la Ley 13.674 para incorporar sanciones pecuniarias y comunitarias a los padres. |
| Tipo de intervención | Formativa y preventiva, con derecho a defensa y debido proceso. | Punitiva, con intervención directa del Ejecutivo vía Ministerio de Educación y Secretaría de Niñez. |
| Instrumento | Protocoliza la acción educativa y de contención. | Introduce multas de 1 a 50 jus (entre $50.000 y $2.5 millones aprox.) y trabajos comunitarios. |
| Enfoque legal | Promueve educación y mediación institucional. | Refuerza potestades del Estado como órgano sancionador. |
| Riesgo político | Refuerza la responsabilidad social del Estado. | Podría derivar en una herramienta recaudatoria con fines políticos o administrativos. |
La batalla por el protagonismo libertario
El trasfondo de esta controversia va más allá del debate educativo. En la Legislatura, ambas diputadas habían empezado a acercarse políticamente a los sectores libertarios que orbitan en torno al espacio nacional de Javier Milei. En ese contexto, comenzó a circular la versión de que se gestaba un bloque unificado de “La Libertad Avanza Santa Fe”, que incluiría a Brouwer, Armas Belavi y otros legisladores distanciados de Amalia Granata.
Pero la maniobra de Armas Belavi, al presentar un proyecto casi idéntico al de su colega, tensó las conversaciones y puso en duda la posibilidad de ese armado común. En los corrillos legislativos aseguran que la jugada podría haber sido una forma de alinearse con el Ejecutivo provincial, buscando exhibir iniciativa y acompañamiento político en un tema de alta sensibilidad social, mientras deja en segundo plano la autoría original de Brouwer.
Un dirigente cercano al oficialismo lo sintetizó sin vueltas:
“No hay ingenuidad. Se busca mostrar empatía con las víctimas, pero también consolidar control político sobre una herramienta que puede servir al Estado para intervenir —y cobrar— en casos familiares. Es una señal política, más que una política pública.”
En términos de contenido, ambos proyectos parten de una premisa correcta: el bullying no puede naturalizarse ni reducirse a ‘cosas de chicos’. Las consecuencias psicológicas y sociales de esas violencias son devastadoras y requieren acción inmediata. Pero el modo de abordarlas no es menor. El texto de Armas Belavi, según especialistas consultados, reemplaza el enfoque pedagógico por uno punitivo, introduciendo un esquema de sanciones que podría convertirse en una nueva vía de recaudación provincial, más que en una estrategia educativa.
La diputada de Vida y Familia propone que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Niñez apliquen multas y trabajos comunitarios a los padres o tutores de los menores agresores, incluso si estos no tuvieron oportunidad de defenderse adecuadamente. Las sanciones, además, alimentarían un fondo provincial para programas de prevención del acoso, lo que refuerza las sospechas de que se trata de una medida con potencial financiero antes que restaurativo.
Lo que viene: debate político y definición institucional
La discusión ahora se centra en cuál de las dos iniciativas tomará el camino legislativo. El proyecto de Brouwer, con base en principios pedagógicos y de corresponsabilidad, parece tener un respaldo más técnico; mientras que el de Armas Belavi podría avanzar si el Ejecutivo decide impulsarlo como parte de su agenda pública.
De fondo, el episodio deja expuesto algo más profundo: la falta de coordinación política en el espacio libertario provincial, la tentación del oficialismo de sumar herramientas de control social bajo discursos moralizantes, y la tensión entre legislar por convicción o por conveniencia.
En el medio, el problema de fondo —la violencia escolar y el sufrimiento de cientos de chicos y chicas— sigue esperando una respuesta efectiva, seria y sostenida. Lo demás, por ahora, es ruido político.