El Colegio de Arquitectos planteó sus reparos frente al proyecto presentado por el concejal Lisandro Marsico para reducir en un 50% determinadas multas vinculadas a construcciones que no fueron declaradas en tiempo y forma. Desde la entidad advirtieron que la reiteración de este tipo de medidas excepcionales puede terminar desalentando el cumplimiento de las normas y favorecer la construcción sin intervención profesional.
Juan Auce, vicepresidente del Colegio, explicó en diálogo con Punto de Partida que la institución mantuvo conversaciones con Marsico y Carla Boidi sobre la iniciativa. Destacó la apertura al diálogo, aunque reconoció que no lograron alcanzar una posición común.
“Pudimos debatir y poner los puntos sobre la mesa”, señaló Auce, quien aclaró que el Colegio respeta la decisión de los concejales de avanzar con la propuesta, pero mantiene una mirada diferente sobre sus posibles consecuencias.
La preocupación por las moratorias reiteradas
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la periodicidad con la que aparecen mecanismos para regularizar construcciones que no fueron declaradas oportunamente.
Según explicó Auce, aunque estas herramientas se presentan inicialmente como excepcionales, su reiteración puede generar la percepción de que resulta conveniente construir primero y esperar posteriormente una nueva moratoria.
“La preocupación es que esta excepcionalidad que se plantea no se vuelva una cosa cotidiana: ‘construyo, total de acá a cuatro años sale la moratoria’”, ejemplificó.
Desde el Colegio sostienen que el objetivo debería ser incentivar que cualquier ampliación, reforma o construcción se realice desde el comienzo dentro de las normas, con los permisos correspondientes y la intervención de arquitectos, ingenieros o maestros mayores de obra.
El riesgo de construir sin profesionales
Auce también puso el foco en las ampliaciones y reformas particulares que se realizan sin asesoramiento técnico.
Explicó que no necesariamente se trata de viviendas completas, sino también de pequeñas intervenciones que los propietarios pueden llevar adelante directamente con albañiles, sin incorporar a un profesional responsable.
En ese sentido, vinculó la intervención profesional con la seguridad de las construcciones y recordó episodios de fuertes vientos en los que se registraron voladuras de techos.
Para el Colegio, la participación de profesionales no debería ser considerada únicamente como un trámite administrativo, sino como una herramienta para garantizar que las obras respeten las condiciones técnicas y las normas vigentes.
¿Cuánto inciden los trámites en el costo de una obra?
Durante la entrevista, Auce también se refirió al costo que representan los trámites y aportes profesionales cuando una persona decide realizar una ampliación.
Según detalló, “los trámites y los aportes a Colegio y Caja no superan el 5% de lo que va a terminar saliendo esa ampliación”.
Desde esa perspectiva, consideró que el peso de esos gastos es reducido frente al costo total de materiales, mano de obra y otros rubros necesarios para concretar una construcción.
Además, señaló que actualmente existe un incentivo para quienes cumplen con los procedimientos correspondientes: la Municipalidad aplica un descuento del 20% en el permiso de edificación cuando la documentación se presenta en tiempo y forma.
Multas que pueden variar según la infracción
Auce aclaró que las penalidades no son iguales en todos los casos.
Una obra puede haber sido realizada respetando las condiciones constructivas pero sin obtener previamente el permiso correspondiente, mientras que otras pueden presentar incumplimientos relacionados con ventilaciones, retiros de medianeras, el Código Urbano o el factor de ocupación del suelo.
Dependiendo de la situación, explicó, los recargos pueden alcanzar distintos porcentajes, incluso del 100%, 300% o 500%.
El proyecto presentado en el Concejo busca reducir en un 50% determinadas penalidades para facilitar la regularización.
Desde el Colegio reconocen que las multas actuales pueden resultar elevadas para las familias que necesitan ponerse al día, pero consideran que la respuesta debería apuntar principalmente a fortalecer los incentivos para cumplir desde el comienzo.
“Vamos a promocionar las buenas prácticas”
“Si está el beneficio de que el permiso de edificación tiene un 20% de descuento haciendo las cosas en regla, ¿para qué ir con un 100% de recargo sobre el permiso de edificación? Vamos a promocionar las buenas prácticas”, planteó Auce.
La postura institucional, remarcó, busca que las obras sean realizadas dentro del marco legal, de manera transparente y con profesionales matriculados.
“Beneficiemos a los que van a hacer las cosas bien”, sintetizó.
Auce también valoró el trabajo conjunto que mantienen con las áreas municipales y los avances realizados en la digitalización de los trámites, que permiten agilizar los procedimientos para profesionales y propietarios.
Mientras el proyecto continúa su tratamiento en el Concejo Municipal, el Colegio dejó planteada su posición: facilitar la regularización puede representar una ayuda para quienes hoy enfrentan multas elevadas, pero las excepciones reiteradas no deberían convertirse en una alternativa habitual frente al cumplimiento de las normas.
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