La situación ambiental de la ex planta de AR Zinc en Fray Luis Beltrán acapara la atención del gobierno provincial tras la reciente orden de la Justicia de implementar medidas urgentes para estabilizar la barranca y evitar el derrumbe de residuos tóxicos al río Paraná. El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, aseguró que la gestión provincial se encuentra interviniendo activamente en el predio, donde se acumulan aproximadamente 800.000 toneladas de jarosita y otros derivados del procesamiento de metales pesados.
En diálogo con Cadena 3 Rosario, Estévez detalló el historial de incumplimientos de la empresa. Explicó que existe un expediente civil iniciado en 2020 y que, si bien la firma presentó un plan de cierre y remediación en 2021, este no obtuvo la aprobación técnica del Ministerio. “Siempre se planteó la necesidad del fortalecimiento de la barranca”, señaló el funcionario, recordando que AR Zinc tiene una orden vigente desde agosto de 2022 para ejecutar las obras de contención. Dicha obra consta de ocho etapas, de las cuales la empresa apenas completó dos.
Frente a este escenario, la Fiscalía de Estado provincial presentó una denuncia penal que fue ampliada durante este año a partir de nuevos hechos. “Desde el gobierno hemos impulsado esta denuncia penal y también pidiendo garantías porque, en su caso, es el Estado el que tiene que hacer la obra”, sostuvo el ministro.
Riesgo potencial, controles y una nueva ley en camino
Estévez no esquivó la gravedad del cuadro, especialmente ante las variaciones de crecientes y bajantes que atraviesa el río Paraná, factores que justifican la aceleración de las medidas preventivas. El depósito de material tóxico se encuentra ubicado a escasos 50 o 60 metros de la costa. Para mantener la vigilancia sobre la planta —actualmente cerrada y en desuso—, el Ministerio de Ambiente realiza auditorías presenciales una vez por mes en coordinación con otras áreas.
El eje central del conflicto radica en la disposición final de la jarosita. Según la normativa nacional, este residuo con metales pesados exige un tratamiento estricto en un relleno de seguridad. El ministro reconoció que estas tareas de remediación implican costos multimillonarios para el sector privado, pero fue tajante respecto a las responsabilidades corporativas: “Yo no creo que las empresas hayan comprado ese espacio sin saber que ese costo existía”.
Para evitar que pasivos ambientales de esta magnitud queden sin resolución durante décadas, Estévez adelantó que la provincia trabaja en la redacción de una ley de pasivos ambientales. La normativa buscará establecer reglas claras sobre quién debe hacerse cargo de los residuos y las metodologías obligatorias para su tratamiento.
El ultimátum judicial
Las declaraciones del ministro se dan en el marco de una resolución judicial que puso a la empresa contra las cuerdas. Tras una audiencia solicitada por la Fiscalía ante el riesgo inminente de derrumbe, la Justicia ordenó a AR Zinc informar en un plazo de 10 días si optará por remover los residuos o tratarlos y contenerlos en el lugar. Asimismo, en 15 días deberá presentar la documentación técnica, los responsables profesionales y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses.
El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, quien advirtió que un desmoronamiento arrastraría los residuos directamente hacia el curso de agua, ya confirmó que los directivos de la compañía serán convocados a una audiencia imputativa.
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