Durante tres años, Patrick Tomlinson y su esposa, Niki Robinson, no podían dormirse sin saber si esa noche agentes armados irrumpirían en su casa. Alguien, desde el anonimato de internet, había convertido el sistema de emergencias de Milwaukee en un arma.
De acuerdo con The New York Times, el caso derivó en una demanda federal por derechos civiles que expuso las fallas del departamento policial ante una forma de acoso que las leyes estadounidenses aún no saben cómo perseguir.
La pareja llegó a un acuerdo extrajudicial con la ciudad por USD 575.000, tras probar que los agentes desplegaban operativos a su domicilio con armas largas y escudos balísticos, aun sabiendo que las llamadas eran falsas. Ningún responsable fue imputado.
Cómo una opinión en redes desató tres años de pesadilla
Todo comenzó en septiembre de 2018, según la demanda, a raíz de una publicación en redes sociales de Tomlinson, escritor de ciencia ficción y comediante. El comentario fue una opinión sobre el humorista Norm Macdonald.
Lo que siguió fue una campaña anónima de hostigamiento que se extendió durante años y derivó en decenas de operativos policiales armados.
El swatting consiste en realizar llamadas falsas al 911 para reportar crímenes violentos —asesinatos, tomas de rehenes, violencia doméstica— con el objetivo de provocar una respuesta policial de fuerzas especiales contra una persona inocente.
En el caso de la pareja, los acosadores usaron tecnología de voz sobre protocolo de internet (VoIP) enrutada a través de múltiples redes privadas virtuales (VPN), lo que dificultó el rastreo de las llamadas.
En una de las incursiones, a la 1 de la madrugada de una noche de julio de 2022, los agentes esposaron a Tomlinson y lo sacaron desnudo de su casa a punta de pistola.
Dos semanas después, Robinson fue obligada a salir de su vivienda mientras los agentes realizaban un allanamiento sin orden judicial, tal como figura en el expediente judicial.
Los correos internos y los registros de despacho del Departamento de Policía de Milwaukee (DPM) confirmaron que las autoridades tenían pleno conocimiento de que el domicilio era un blanco reiterado de swatting. En 2022, el DPM incluso realizó una sesión informativa con los agentes sobre el historial de la pareja.
A pesar de ello, el departamento decidió no marcar el domicilio como alerta especial. Un correo electrónico de un teniente incluido en el expediente judicial reveló que la decisión se basó en el temor a generar “complacencia” entre los agentes que respondieran a futuras llamadas.
Más allá del swatting: el acoso tomó otras formas
El abogado de la pareja, John Bradley, reconoció que la policía de Milwaukee “cumplió con su trabajo en las primeras llamadas de swatting”. El problema, afirmó, “vino después de que ocurrió decenas de veces”.
La campaña de acoso abarcó mucho más que las llamadas falsas al 911. Los trolls bombardearon las reseñas de los libros de Tomlinson con críticas de una estrella, colocaron anuncios en Craigslist invitando al público a llevarse los muebles de jardín de la pareja, realizaron amenazas de asesinato contra políticos usando los nombres o la dirección de ambos, y llamaron con amenazas de bomba durante un partido de los Milwaukee Brewers al que asistían.
Otro episodio involucró directamente a Macdonald. Un acosador le pagó al comediante, a través de la aplicación Cameo, para que grabara un video personalizado en el que —sin saber que era parte de una campaña de hostigamiento— instaba a los “amigos de Patrick” a “seguir insultando a ese gordo perdedor”. Macdonald murió en 2021.
“Su objetivo declarado públicamente era llevarme al suicidio”, aseguró Tomlinson en declaraciones al New York Times.
Cuando los acosadores no lo lograron, ni consiguieron que Robinson se divorciara de él —otro objetivo que habían enunciado abiertamente—, escalaron sus tácticas. “Entonces cambiaron de estrategia para intentar que nos mataran a los dos a manos de la policía”, añadió.
La ciudad sabía y siguió respondiendo igual
La pareja instaló una cerca, actualizó su sistema de seguridad y pegó una nota escrita a mano en su puerta pidiendo a los servicios de emergencia que los llamaran al celular antes de actuar.
Sin embargo, la ciudad sostuvo que todas las llamadas al 911 debían tratarse como emergencias reales, incluso cuando la dirección era un blanco conocido de swatting.
El juez federal a cargo del caso determinó durante las audiencias previas al juicio que la policía violó sistemáticamente los derechos constitucionales de la pareja, amparados en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
La ciudad negó las acusaciones de violaciones constitucionales, fallas en la capacitación y respuestas desproporcionadas, aunque firmó el acuerdo de USD 575.000 sin admitir responsabilidad.
El abogado municipal de Milwaukee, Evan Goyke, describió el problema de fondo: “Las personas y organizaciones que realizan estas llamadas convierten el sistema de respuesta a emergencias de Milwaukee en un arma apuntada contra los residentes y contra los agentes que acuden a ayudar”, afirmó ante la prensa.
Las leyes que protegen a los acosadores anónimos
En un intento paralelo por identificar a los responsables, la pareja demandó a aproximadamente 60 “John Doe” para forzar a una empresa de alojamiento de internet a entregar direcciones IP, registros de servidor y datos de cuentas de usuario.
El tribunal rechazó la solicitud al considerar que la divulgación estaba vedada por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, norma federal que otorga amplia inmunidad a los operadores de sitios web frente a contenidos de terceros.
Lauren Shapiro, profesora del John Jay College of Criminal Justice y autora del libro Cyberpredators and Their Prey, explicó que identificar a los responsables del swatting requiere investigaciones digitales complejas que pueden llevar entre uno y cuatro años, dado que los atacantes operan de forma anónima a través de proxies y distintas jurisdicciones legales.
“Somos demasiado pequeños para el FBI y demasiado grandes para cualquier departamento de policía local”, describió Robinson ante The New York Times la paradoja en la que quedaron atrapados.
Sin imputados, con propuestas y sin ley federal
El FBI abrió una investigación en 2022, pero nadie fue imputado en relación con las llamadas falsas ni con la campaña de acoso. Las llamadas disminuyeron considerablemente a comienzos de 2024, coincidiendo con la presentación de la demanda contra Milwaukee.
El Concejo Municipal aprobó el acuerdo de USD 575.000 en mayo de 2026, semanas antes de que el caso llegara a juicio, y la ciudad efectuó el pago en agosto, según documentos judiciales citados por la emisora TMJ4.
Hasta el momento, dos sospechosos de swatting fueron condenados en casos distintos, pero ninguno fue imputado por los ataques contra Patrick y Niki, según confirmó Tomlinson al medio.
La pareja también reclamó cambios concretos en el protocolo policial. Tomlinson propuso que, cuando un domicilio sea un blanco conocido de swatting, los agentes contacten primero a sus residentes antes de desplegar un operativo armado, como medida para prevenir encuentros peligrosos y acuerdos costosos para los contribuyentes de Milwaukee.
El Departamento de Policía de Milwaukee indicó que su protocolo actual establece que el agente a cargo debe elaborar un informe del incidente y alertar a la División de Fusión, que luego presenta un Reporte de Actividad Sospechosa.
Estados Unidos carece de una ley federal unificada que criminalice específicamente el swatting. Los fiscales deben valerse de un mosaico de estatutos existentes: amenazas interestatales, falsas alarmas y conspiración.
Varios estados endurecieron sus penas, pero la legislación federal choca una y otra vez en el Congreso con las protecciones de la Primera Enmienda —libertad de expresión— y la Cuarta, afirmó la profesora Shapiro.
