Los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron que el neurocirujano Leopoldo Luque sea condenado a 12 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona.
Durante su alegato, Ferrari enumeró una a una las acciones y omisiones protagonizadas por Luque entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, es decir, el lapso desde que Maradona fue trasladado desde la Clínica Olivos —donde fue operado de un hematoma subdural— hasta la casa alquilada en el barrio privado San Andrés, de Tigre, hasta el momento en que falleció.
Para los fiscales, Luque cometió el delito de homicidio simple con dolo eventual. La misma figura les atribuyeron a la coordinadora médica de Swiss Medical, Nancy Forlini, y a la psiquiatra Agustina Cosachov.
“En ausencia de medidas correctivas, habiendo previsto el riesgo y aceptándolo con indiferencia, produjeron el resultado”, sostuvo Ferrari, mientras Gianinna, una de las hijas de Maradona, lloraba.
La fiscalía pidió diez años de prisión para Forlini y ocho para Cosachov.
Sobre Luque, puntualmente, Ferrari afirmó que “no profundizó los estudios cardíacos, no confeccionó una historia clínica actualizada, no gestionó una internación en un centro especializado y dispuso el traslado a una vivienda sin las condiciones para una internación de alta complejidad. Omitió asistir. Hizo todo lo posible para que las cosas salieran mal. Ignoró los signos de insuficiencia cardíaca. Todo el mundo le decía que Maradona estaba hinchado. La actitud de Luque siempre fue la misma, no hacer nada”.
También habló de “catarata de improvisaciones” y “desmanejos motivaron el resultado” [la muerte de Maradona]. “No les importó. Somos de la convicción de que existen grandes responsables y el primero de ellos es Luque”.
Ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, Ferrari adelantó que no pedirán desde el Ministerio Público la detención de los imputados por “dos razones básicas”.
Y explicó: “La sentencia, si fuese de culpabilidad, no va a haber adquirido firmeza. Y no creemos que exista riesgo de fuga. Los imputados han estado siempre a derecho. Sí, para el caso de declararse la culpabilidad, existe un aumento del riesgo. Es por eso que nos parece razonable mantener la prohibición de salida del país. Entendemos que hace falta un plus. Nos parece obligatorio que los imputados entreguen sus pasaportes y que se comunique esta medida a todos los organismos correspondientes, en particular a los países limítrofes”.
Para otros tres acusados, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, la fiscalía solicitó penas de entre cuatro y cinco años de cárcel y el doble de inhabilitación para ejercer la profesión. Los consideró autores del delito de homicidio culposo.
Ferrari e Iribarren no acusaron al médico clínico Pedro Di Spagna, el séptimo imputado que llegó a juicio. “La fiscalía no presentará cargos contra el doctor Di Spagna. Las razones son sobradas. No es antojadiza la decisión. Existen razones de hecho y de derecho. No tuvo responsabilidad penal. No tuvo ni potestad ni decisión para encaminar la salud del paciente”.
El alegato de los representantes del Ministerio Público, como sucederá con las presentaciones de las acusaciones de los particulares damnificados y de las defensas, fue transmitido por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
La audiencia había comenzado cuando faltaban ocho minutos para las 11 con la palabra del juez Gaig, a cargo de la presidencia del tribunal.
“Quiero recordarles las pautas que establecimos el otro día, en particular la utilización de notas, guías, pero evitando la lectura extensa de declaraciones e informes. En cuanto a la reproducción de audios, no se puede reeditar la prueba, solo vamos a habilitar una reproducción excepcional, es decir fragmentos breves y concretos pertinentes que tengan que ver con lo que se está argumentando. También le pedimos a todas las partes que respeten a quién esté en uso de la palabra. No se permitirán agravios personales ni descalificaciones”, dijo el magistrado antes de cederle la palabra al fiscal Ferrari.
Al comenzar el alegato, Ferrari afirmó que desde la fiscalía lograron conseguir que toda la promesa probatoria que fue manifestada en el inicio del debate se convirtió en certeza.
“Las esforzadas defensas han intentado contravertir sin suerte los hechos”, afirmó.
Y continuó: “Estamos en condiciones de afirmar con certeza que existió un grupo de improvisados que olvidaron que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Indudablemente, ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo por fuera de lo permitido, algunos de ellos con indiferencia. Ninguno de los imputados ha logrado conmover los extremos de la imputación”.
Para Ferrari, “la fiscalía ha demostrado en el debate, más allá de toda duda razonable, que existió una organización caótica que entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 introdujo a Maradona en el lote 45 del barrio San Andrés, de Benavídez, partido de Tigre, con el pretexto de un proceso de rehabilitación clínica y psíquica. Esto debió ser un sanatorio en una casa; no es lo que pasó. Fue la más deficiente y temeraria internación de todos los tiempos”.
Para los fiscales, el grupo de “improvisados” estaba integrado por el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados. Lo definieron como “el médico de cabecera de Maradona”.
Ferrari también integró al grupo de “improvisados” a Nancy Forlini, coordinadora médica del servicio; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.
“Todos ellos asumieron voluntariamente ese rol y, en el marco de esa temible internación, infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”, sostuvo Ferrari.
El representante del Ministerio Público no incluyó en el “grupo de improvisados” al médico Pedro Di Spagna, el séptimo imputado sentado en el banquillo de los acusados. Después se iba a conocer que no lo iba acusar.
A su turno, Iribarrren aseguró, a partir de lo que declararon una serie de testigos durate el debate que la “muerte de de Maradona era evitable; la atención médica fue inadecuada; la internación [en la casa del barrio San Andrés] una ficción sin atención y sin equipamiento, y no había un plan de tratamiento”. También sostuvo que el Diez falleció después de una agonía prolongada.
Cuando retomó la palabra Ferrari mostró por una pantalla una foto del cuerpo de Maradona, imagen que ya había difundido en la primera audiencia del primer juicio, que finalmente fue declarado nulo, donde al astro se lo veía con el estómago muy hinchado. En ese momento, Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del Diez, y su madre, Claudia Villafañe, que estaban observando la audiencia cerca de los fiscales y sus abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola, corrieron la vista y se cubrieron el rostro con sus manos para no mirar lo que se reproducía.
Después del pedido de pena de la fiscalia, hubo un cuarto intermedio. La audiencia continuó con el alegato del abogado Eduardo Ramírez, que representa los intereses de Diego Armando Maradona Sinagra, el hijo italiano del astro.
El letrado también acusó de homicidio simple con dolo eventual a Luque, Forlini y Cosachov. Pero a diferencia de los fiscales, pidió diez años de cárcel para la psiquiatra. Para Luque 12 y para la coordinadora médica de Swiss Medical, diez.
Después coincidió con Ferrari e Iribarren y acusó a Díaz, Perroni y Almirón por homicidio culposo. Solicitó cinco años para el psicólogo, y cuatro para el coordinador de enfermeros y para el enfermero.
Pero antes de finalizar no dejó pasar por alto a Matías Morla, abogado y último apoderado de Maradona.
“El nombrado a tenido una participación fundamental en el trato que recibió Diego en el tiempo que fue materia de investigación y esa conducta debe ser investigación”, sostuvo Ramírez, para después pedir que el tribunal extraiga testimonios para que el Ministerio Público Fiscal investigue la posible comisión de un delito de acción pública.
