En los fundamentos de la sentencia que terminó con las condenas de hasta 17 años de cárcel para exintegrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°1 de San Martín no se olvidó de Claudio Scapolan, un poderoso exfiscal de San Isidro que terminó destituido después de que estallara un escándalo que puso al descubierto la connivencia entre funcionarios judiciales, personal policial y abogados para armar causas, robar cargamentos de droga y liberar zonas.
“Una primera particularidad es la presencia constante en la prueba de quien fue el gran ausente de este debate: el exfiscal Scapolan. Su intervención surgió de su actuación objetiva de ambos ejes, impartió órdenes y concurrió a procedimientos aquí examinados. La causa se inició con la denuncia formulada bajo reserva de identidad el 14 de junio de 2016, que lo señaló como jefe de una organización policial dedicada a extorsionar mediante el fraguado de causas. La actuación de Scapolan fue introducida por el Ministerio Público Fiscal como parte de su hipótesis acusatoria. Sobre ese planteo recayeron las objeciones de las defensas. La defensora pública oficial sostuvo que se desarrollaba un juicio en ausencia contra Scapolan”, sostuvieron los jueces Silvina Mayorga, que estuvo a cargo de la presidencia del tribunal, Héctor Sagretti y Daniel Gutiérrez.
Los magistrados dieron a conocer los fundamentos en las últimas horas. El 12 de agosto pasado habían leído el veredicto donde, entre otros, fueron condenados los comisarios Juan José Magraner y Marcelo Di Rosa y el sargento de la policía bonaerense Adrián Baeta a la pena de 17 años de prisión.
Baeta, de 56 años, era amigo de Diego Xavier Guastini, el contador asesinado en 2019 que era el cerebro financiero detrás de las grandes bandas narco que operaban en la Argentina. La relación de confianza que tenía con la víctima le había permitido, en su momento, obtener el dato clave para diseñar un operativo policial que derivó, en diciembre de 2013, en el robo de entre 520 y 560 kilos de cocaína del caso conocido como Leones Blancos.
En la presentación del procedimiento Leones Blancos, ante los medios de comunicación, estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, quien se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y los detectives de la policía bonaerense.
Esa vez se informó de la incautación de poco más de 500 kilos de cocaína. Pero eran más: entre 520 y 560 kilos de droga fueron robados por el personal policial que intervino en el operativo, según se desprende del expediente.
Además de Baeta y los comisarios Magraner y Di Rosa hubo otros 23 condenados por el TOF N° 1 de San Martín. Uno de ellos fue Carlos Maidana, de 59 años. Integró las filas de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta que fue exonerado en 1995. Después fue “buche” de la policía bonaerense y en la causa que terminó con su condena fue “imputado colaborador”. Además, en julio pasado fue procesado por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez por integrar una banda de boqueteros que intentó robar dos bancos, uno en Baradero y otro en Morón.
Cristian Esteban Seu, un testigo “trucho” del operativo Leones Blancos, recibió una pena de 12 años de cárcel.
También fueron condenados dos abogados, Matías Pedersoli y Francisco García Maañón, quienes recibieron penas de dos años y medio y tres años de prisión en suspenso, respectivamente. A ambos, además, se los inhabilitó para ejercer la abogacía.
Durante su alegato ante el tribunal, el fiscal general Marcelo García Berro ya había hecho foco en Scapolan: “En este juicio quedó plenamente demostrado que reducir la responsabilidad de Scapolan a una mera falsedad documental —como si se tratara de un acto administrativo aislado— constituye una visión errónea y notoriamente insuficiente. La falsedad fue un delito instrumental, funcional a un plan criminal más amplio. Scapolan no fue un funcionario engañado ni marginalmente involucrado. Su actuación respondió a una práctica consolidada: anticipaba el dato, programaba los procedimientos con antelación y los oficializaba bajo el rótulo de una falsa ‘urgencia’, su sello distintivo, utilizada sistemáticamente para legitimar detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales”.
“En virtud de la reiteración, sistematicidad y gravedad de los hechos acreditados en este debate -agregó el fiscal-, corresponde disponer la extracción de testimonios a fin de que se continúe la investigación sobre el exfiscal Scapolan como integrante de la asociación ilícita aquí probada, en tanto su intervención no sólo resultó funcional, sino indispensable para el funcionamiento, cobertura y perdurabilidad de la organización criminal, cuyos beneficios se alimentaron del narcotráfico y de la corrupción institucionalizada”, había dicho García Berro en diciembre pasado, en la primera parte de su alegato, antes de que el juicio entrara en un impasse por la feria judicial.
En el veredicto, los magistrados habían afirmado: “Hacer saber al fiscal general [García Berro] que, en relación con los pedidos de extracción de testimonios restantes, tiene a su disposición la totalidad de las actuaciones a los efectos que estime corresponder”.
En octubre de 2021, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado había procesado a Scapolan -uno de los funcionarios de mayor confianza del exfiscal general de San Isidro Julio Novo, quien renunció en 2017 después de ser acusado de encubrir a una banda narco- como jefe de la asociación ilícita, y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2000 millones.
“Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social, y por ello, la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes han sido autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”, había dicho el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en el dictamen donde había pedido el procesamiento de Scapolan.
En junio de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él. En cambio, confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo Leones Blancos.
El procesamiento por falsedad ideológica de documento público de Scapolan está firme. La investigación sigue abierta, pero hace más de tres años que no se realiza una medida de prueba relacionada con el exfiscal, dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.
Scapolan fue destituido por mayoría en diciembre de 2023 por un jurado de enjuiciamiento.
Con la prueba reunida durante el juicio y con la evidencia incorporada por lectura, considero acreditada las imputaciones formuladas por la acusación contra el agente fiscal Scapolan, en los siguientes términos: se han verificado graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, así como también quedó comprobada la incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones“, había dicho en su voto la jueza presidenta de la Cámara I en lo Civil y Comercial de La Plata, Ana María Bourimborde, que encabezó el jurado que estuvo a cargo del jury.
Baeta, por su parte, es otro personaje central en la historia que mezcló a funcionarios judiciales, policías y narcos. Fue encontrado culpable de los delitos de uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravado por su comisión en forma organizada por tres o más personas y por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley de estupefacientes.
En su momento estuvo prófugo cinco meses, desde julio de 2020 hasta enero de 2021, cuando fue detenido por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un complejo de departamentos Rincón de Milberg, en Tigre.
“Los elementos probatorios que se han ido incorporando en el decurso de la investigación permiten concluir que el rol de Baeta en la organización no se reduce y/o limita al grado de miembro de la asociación ilícita, sino que, por el contrario, su aporte exhibe claramente un mayor grado de protagonismo y permite ser caracterizado como organizador”, había sostenido Arroyo Salgado cuando procesó al por entonces sargento de la policía bonaerense.
