El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó en septiembre y octubre de 2026 cuatro leyes para acelerar la construcción de vivienda estudiantil y una quinta medida destinada a dar prioridad de alojamiento y facilidades de pago a alumnos sin hogar o que pasaron por el sistema de acogida estatal.
Las normas buscan rebajar costos y plazos de los proyectos, con el objetivo de ampliar la oferta asequible cerca de universidades y colegios, donde la escasez de unidades mantiene elevada la presión sobre los alquileres.
Las medidas no fijan ni reducen directamente los arrendamientos. Buscan facilitar más plazas, limitar demoras administrativas e incentivar unidades para alumnos de menores ingresos. Que la oferta reduzca rentas dependerá de cada mercado local.
La falta de opciones habitacionales asequibles también afecta a estudiantes de ciudades universitarias como San Luis Obispo, donde se encuentra Cuesta College.
Los valores concretos de anuncios de alquiler cambian con rapidez y no se incorporan en esta nota ante la falta de una verificación independiente de esas publicaciones.
Shaun Chilton, presidente de Associated Students of Cuesta College, dijo al diario que algunos estudiantes llegan a compartir una habitación entre cuatro personas. “Vemos muchas situaciones de vivienda incómodas a precios ridículamente altos”, afirmó.
La exención ambiental apunta a reducir demoras y costos de construcción
La principal pieza del paquete es la Ley de la Asamblea 1732, conocida como Ley de Oportunidades de Vivienda para Estudiantes y Docentes.
Impulsada por el asambleísta demócrata David A. Alvarez, permite que determinados proyectos de vivienda asequible de universidades y colegios públicos queden exentos de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA).
La CEQA exige que las agencias evalúen el impacto ambiental de grandes desarrollos y definan medidas de mitigación. Esos estudios pueden derivar en demandas por presuntas deficiencias y prolongar o detener las obras.
Alvarez explicó a CalMatters que la norma está diseñada para proyectos dentro de campus con capacidad, aunque puede facilitar construcciones fuera de ellos cuando las universidades no dispongan de terreno suficiente.
La ley incorpora a las instituciones públicas de educación superior a una exención aprobada el año anterior para desarrollos de vivienda asequible.
Las propiedades de universidades y colegios públicos no podían utilizarla porque están bajo jurisdicción estatal. La nueva regla busca acortar una de las etapas que más tiempo y recursos demanda antes de iniciar una obra.
Las nuevas normas amplían incentivos y herramientas contra litigios dilatorios
La Ley del Senado 916, de la senadora demócrata de Sacramento Angelique V. Ashby, extiende a los proyectos de vivienda estudiantil una protección que ya existía para desarrollos destinados a hogares de ingresos bajos o moderados.
Un tribunal podrá exigir una garantía económica a quienes promuevan demandas que considere frívolas o destinadas únicamente a retrasar o bloquear una construcción.
La medida no elimina la posibilidad de cuestionar judicialmente los proyectos. Sí añade una herramienta frente a litigios que los tribunales determinen que se presentaron de mala fe, incluso en los casos que queden amparados por la exención ambiental.
También entraron en vigor la Ley de la Asamblea 2118, que introduce ajustes al marco de aprobación de vivienda asequible, y la Ley de la Asamblea 2480.
El mecanismo de aprobación ministerial para proyectos residenciales de ingresos mixtos en corredores comerciales fue creado por la Ley de la Asamblea 2011 de 2022, no por la AB 2118.
Esta última refuerza los beneficios para desarrolladores de proyectos fuera de los campus que aparten viviendas para estudiantes de bajos ingresos.
Hasta ahora, los proyectos que reservaban el 20 % de sus unidades para esos alumnos podían acceder a mayor densidad y a reducciones en los requisitos de estacionamiento.
Con la nueva norma, los incentivos aumentan cuando esa proporción alcanza al menos 24 % de las unidades. El mecanismo busca mejorar la viabilidad financiera de edificios con una cuota mayor de alquiler asequible.
Las normas se suman a cambios recientes en Santa Bárbara y Santa Mónica
La University of California, Santa Barbara, inició en junio la construcción de un complejo cuya exigencia de estacionamiento fue definida por la propia institución, conforme a una ley firmada en 2025.
La norma obliga a la Comisión Costera de California a aceptar la determinación de necesidades de estacionamiento de universidades públicas o privadas para sus proyectos residenciales.
La universidad prevé que el complejo reciba estudiantes en el otoño de 2028. Kate Rodgers, directora legislativa de California YIMBY y presidenta saliente de Student Homes Coalition, señaló que el cambio evitó obstáculos que habían afectado a desarrollos anteriores, según Los Angeles Times.
En Santa Mónica, Santa Monica College avanzó en un proyecto para alojar a 750 estudiantes, amparado en otra ley de 2025 que eximió a colegios comunitarios de ciertas ordenanzas locales de zonificación si la vivienda se construye en terrenos propios o arrendados por la institución.
La iniciativa se realizará mediante una asociación entre Santa Monica Community College District y Michael’s Student Living.
Student Homes Coalition, creada en 2022 por estudiantes favorables a ampliar la oferta residencial, patrocinó las cinco leyes recientes.
La organización trabaja con desarrolladores para identificar costos y trámites que dificultan levantar nuevas unidades. Rodgers sostuvo que la escala de los sistemas de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California convierte la vivienda estudiantil en una parte relevante de la crisis inmobiliaria estatal.
Los estudiantes sin hogar y quienes estuvieron bajo tutela estatal tendrán prioridad
La quinta ley, la Ley de la Asamblea 2766, fue promulgada a comienzos de octubre. Obliga a los colegios comunitarios y a los campus de la Universidad Estatal de California a dar prioridad en sus residencias a estudiantes sin hogar y a jóvenes que pasaron por el sistema de acogida estatal.
Los centros deberán identificar a las personas elegibles en las solicitudes de alojamiento, informar esos beneficios en sus sitios web y aplazar el pago de tarifas y depósitos hasta que reciban el total de su ayuda financiera.
Además, tendrán prioridad en NextUp, programa de respaldo para jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal y que puede incluir asistencia habitacional.
Los campus de la Universidad de California no están obligados por esta disposición debido a su autonomía constitucional, aunque la ley les solicita aplicar medidas similares.
La Proposición 1 puede aportar USD 350 millones para residencias universitarias
La ampliación de la oferta dependerá también de la financiación. El 3 de noviembre, los votantes de California decidirán sobre la Proposición 1, que autorizaría USD 11.250 millones en bonos para programas de vivienda y préstamos para veteranos.
De ese total, USD 350 millones se destinarían a vivienda estudiantil asequible, divididos en partes iguales entre la Universidad de California y la Universidad Estatal de California.
La Oficina del Analista Legislativo estima que esos recursos podrían respaldar alrededor de 1.200 plazas para estudiantes universitarios.
La medida también contempla fondos para vivienda multifamiliar asequible, trabajadores agrícolas y comunidades tribales.
Si es aprobada, el estado asumiría un costo anual estimado de USD 500 millones a USD 600 millones durante unos 25 años para devolver los USD 10.000 millones en bonos con respaldo del fondo general; los USD 1.250 millones restantes para veteranos se pagarían con los préstamos hipotecarios de los beneficiarios.
