La reforma de la Ley 27.640 de Biocombustibles ingresó en su fase más crítica en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras la media sanción obtenida en el Senado el pasado 17 de septiembre, el proyecto se encuentra en comisión sin dictamen definitivo, en medio de una intensa puja de intereses entre los dos universos que componen la actividad: las empresas integradas, que muelen su propio grano y tienen perfil exportador, y las firmas no integradas, conformadas por plantas pymes radicadas en el interior que deben comprar la materia prima en el mercado disponible para abastecer de manera exclusiva el corte obligatorio del gasoil.
Frente a este escenario, el presidente de la firma Explora S.A., Hilarión Del Olmo, volcó un exhaustivo informe estadístico a través de la plataforma institucional de la empresa (explorarg.com), donde analiza el funcionamiento real del negocio, el comportamiento histórico de las petroleras compradoras y las inconsistencias operativas que encierra el texto votado por la Cámara Alta.
El documento destaca como un avance indiscutible que la iniciativa suba el corte al 10% y establezca que la mezcla sea íntegramente con biodiésel. No obstante, advierte que el resto del andamiaje legal empeora las condiciones de competencia para el sector pyme. Para que un mercado funcione bajo pautas genuinas de mercado se requieren dos premisas básicas: una oferta superior a la demanda y una libre competencia real, un concepto distante de la simple libre contratación. Con los topes contemplados en el artículo 39 no existirá oferta excedente, mientras que la figura del acuerdo mutuo consagrada en el artículo 14 suprime la competencia efectiva entre actores con asimetrías de escala manifiestas.
De no mediar modificaciones en el recinto, Del Olmo alerta que el resultado está predeterminado: se generará un faltante operativo de una de cada cinco toneladas durante el primer año, el precio del combustible interno escalará hasta equiparar la paridad de importación, las grandes cerealeras integradas quedarán habilitadas a comprar plantas pymes de hasta 50.000 toneladas y el sobrecosto terminará recayendo en el bolsillo del consumidor final.
El eje que ordena toda la historia del biodiésel en el país es el cumplimiento efectivo del mandato oficial. Aunque el artículo 2 de la norma declara a la actividad de interés público, en los últimos dieciséis años el Estado argentino únicamente logró cumplir el corte obligatorio en tres ejercicios: 2012, 2013 y 2017. El desfasaje acumulado desde el inicio del régimen en 2010 arroja un faltante de 2.582.908 toneladas de biodiésel que debieron mezclarse y nunca se incorporaron a los tanques de combustible, una merma equivalente a 3.400 millones de dólares a valores actuales que atravesó a cuatro administraciones presidenciales y dos regímenes legales distintos ante la pasividad de la Secretaría de Energía.
En la actualidad, el mercado interno presenta una extrema concentración tanto en la demanda como en la oferta. Del lado comprador, cuatro petroleras absorben el 99% del volumen total disponible, con YPF concentrando de forma individual el 60% de las adquisiciones.
En la vereda de la producción operan 25 empresas autorizadas para abastecer el corte. De ese total, tres pertenecen al grupo de las integradas con provisión propia de aceite: Patagonia Bioenergía, Enresa y Pampa Bio. Las restantes 22 compañías son pymes no integradas distribuidas en 24 plantas situadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, totalizando una capacidad instalada conjunta de 1,3 millones de toneladas. Estas plantas deben comprar el aceite de soja a las mismas corporaciones aceiteras contra las que compiten, soportando una estructura donde ese insumo representa el 76% de sus costos operativos totales.
Dentro del estrato no integrado, cuatro grupos económicos controlan la mayor porción del cupo: el Grupo Bahía Energía con ocho sociedades y el 28% del corte, el Grupo Rosario Bio con dos plantas y el 11%, el Grupo Cremer con dos plantas y el 9%, y el Grupo Bolzan con dos establecimientos y el 7%. Por su parte, Explora S.A. se ubica como la compañía individual de mayor volumen al concentrar el 6% del cupo.
La vulnerabilidad estructural del sector se refleja en su escala: 21 de las 24 plantas poseen una capacidad de 50.000 toneladas o menos, mientras que únicamente tres firmas superan esa escala: Unitec Bio con 240.000 toneladas anuales, Explora con 120.000 toneladas y Diaser con 96.000 toneladas.
La fragilidad del esquema actual queda corroborada en los registros del último año móvil, computado entre septiembre de 2025 y agosto de 2026. A lo largo de esos doce meses, el corte real efectivo promedió un 6,18% frente a una exigencia oficial del 7,41%, provocando un bache de 152.791 toneladas sin mezclar. Mientras las plantas pymes no integradas debieron operar a un magro 55% de su capacidad instalada, las grandes empresas integradas exportaron apenas la cuarta parte del volumen registrado en 2022.
Frente a este cuadro, el planteo técnico impulsado desde Explora sostiene que la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de corregir la ley mediante ocho modificaciones concretas distribuidas en cinco artículos, garantizando la supervivencia del entramado industrial del interior y asegurando el abastecimiento pleno del mercado energético nacional.
La entrada El mapa oculto del biodiésel: la deuda de 2,6 millones de toneladas sin cortar y los grupos que operan con múltiples sociedades se publicó primero en SL24.
