La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la petición del Gobierno de Donald Trump de obligar a California a apartar las papeletas enviadas por correo por unas 20.000 personas a las que el Departamento de Justicia (DOJ) considera probables no ciudadanos. La decisión es una orden de una sola línea, sin firma y sin disidencias registradas. El tribunal resolvió sin pedir antes una respuesta a las autoridades californianas.
El DOJ presentó la solicitud de emergencia ese mismo día, a 24 horas de las elecciones del martes 3 de noviembre, que definen la composición de la Cámara de Representantes y del Senado. El solicitor general, John Sauer, pidió una orden provisional para que el estado separara esos votos hasta confirmar la ciudadanía de los electores. Su argumento era de plazo: una vez que las autoridades verifican la firma del sobre, la papeleta se desvincula de él para proteger el secreto del voto y ya no es posible recuperarla.
Las autoridades californianas respondieron que separar las papeletas ya desvinculadas de los sobres sería difícil y podría retrasar el recuento.
El caso empezó el 15 de octubre, cuando el DOJ demandó al estado y a Dean Logan, responsable electoral del condado de Los Ángeles, después de que las autoridades rechazaran un plazo de 48 horas para revisar una lista de supuestos no ciudadanos inscritos para votar. La lista fue elaborada junto al Departamento de Seguridad Nacional. Una investigación de NPR halló que algunas de las personas incluidas parecen haber nacido en Estados Unidos.
Desde entonces, el Gobierno perdió en cuatro ocasiones. El 26 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó por dos votos contra uno un recurso presentado antes de que el juez de primera instancia resolviera, y señaló que la emergencia era, al menos en parte, obra del propio departamento. El 28, el juez David Carter, del Distrito Central de California, rechazó en un fallo de 26 páginas la orden de restricción temporal. Concluyó que el DOJ probablemente carece de legitimación y de una acción legal para pedirla, calificó de poco fiable la metodología de la lista y advirtió de que la medida podía privar del voto a miles de ciudadanos sobre la base de datos que podían contener errores.
El viernes 30, un panel dividido del Noveno Circuito confirmó la negativa. Invocó la cláusula de la Constitución que da a los estados el control de los procedimientos electorales y dijo que, si el Gobierno quiere reglas distintas para el voto por correo, debe plantearlo al Congreso y no a los tribunales.
Carter dejó abierta una vía. Dijo que el DOJ puede procesar a quienes voten sin ser ciudadanos si reúne pruebas, ya que la ley federal lo prohíbe en elecciones federales. Las auditorías e investigaciones han mostrado que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro, según recogió NPR.
El conflicto con la Casa Blanca ha subido de tono en California. El gobernador, Gavin Newsom, anunció el despliegue de abogados especializados en derecho electoral y de observadores en todo el estado para “proteger cada voto”, como respuesta al plan del DOJ de enviar observadores federales a los centros de votación. En un mensaje en X, Newsom afirmó que el martes se conocería el veredicto sobre lo que él calificó como el presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos.
El caso de fondo sigue abierto en el tribunal de Carter, que no prevé una sentencia definitiva antes de las elecciones.
