Un proyecto de ley bipartidista sobre permisos energéticos se convirtió esta semana en el primer gran test del Congreso de Estados Unidos para regular los centros de datos y frenar el alza en las facturas de electricidad, según informó Reuters. La Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo de Estados Unidos (BAAJA, por sus siglas en inglés) llega al Senado tras la victoria demócrata en las legislativas de mitad de mandato, centradas en el costo energético y la proliferación de centros de datos. Según TD Cowen, sus probabilidades de aprobación cayeron del 40 % al 25 % tras los comicios.
La relevancia del debate va más allá del ámbito legislativo. Para los hogares y las empresas que pagan la factura de luz, la discusión define quién asume el costo de modernizar la red eléctrica ante una demanda impulsada por la inteligencia artificial. Para la industria tecnológica, la norma podría encarecer la operación de sus instalaciones.
Y en términos políticos, la BAAJA anticipa el tipo de regulación que los demócratas planean impulsar cuando tomen el control de ambas cámaras el próximo año.
Qué propone la ley BAAJA para los centros de datos en Estados Unidos
La BAAJA busca acelerar los trámites de aprobación para la construcción de nuevas centrales eléctricas y líneas de transmisión, los tendidos de alta tensión que llevan electricidad desde donde se genera hasta donde se consume. Los procesos de permisos ambientales en Estados Unidos suelen extenderse durante años; la ley propone simplificarlos para reducir esos plazos.
Además, la norma obliga a los grandes operadores de centros de datos a asumir una porción mayor de los costos de las mejoras de infraestructura eléctrica requeridas para abastecer sus instalaciones, en lugar de trasladarlos al conjunto de los usuarios. La legislación también establece protecciones para evitar que hogares y empresas queden expuestos al costo de proyectos que fracasen.
Jeremy Harrell, director ejecutivo de ClearPath Action, un grupo de promoción de energía limpia de orientación conservadora, calificó las disposiciones sobre centros de datos como “un buen primer paso” en declaraciones recogidas por Reuters.
Por qué los centros de datos elevan el costo de la electricidad
Los centros de datos concentran grandes volúmenes de servidores para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Su expansión acelerada disparó la demanda eléctrica en regiones donde antes era estable, lo que obliga a las distribuidoras de energía a invertir en infraestructura adicional.
En muchos casos, esos costos se trasladan a las tarifas generales: los hogares y las pequeñas empresas terminan subsidiando, en parte, las mejoras que benefician principalmente a los grandes operadores tecnológicos.
Según Rhodium Group, las reformas previstas en la BAAJA podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los centros de datos entre un 31% y un 90%, al permitir que su demanda se abastezca desde una red con mayor participación de energías limpias, en lugar de plantas de gas instaladas exclusivamente para ese fin.
El debate político en Estados Unidos tras las elecciones de mitad de mandato
La victoria demócrata reavivó las tensiones en torno al proyecto. El senador Sheldon Whitehouse, presidente del comité de medioambiente del Senado y uno de los autores de la BAAJA, aseguró a Reuters que la ley “les permitirá empezar a cumplir de inmediato” las promesas electorales de asequibilidad energética y control de los centros de datos.
El presidente Donald Trump publicó el domingo en redes sociales un mensaje en el que instó al Senado a aprobar la ley y advirtió que “China tomará cualquier centro de datos que nosotros no queramos, y pagará mucho dinero por él”.
Sin embargo, no todos los demócratas comparten ese impulso. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, señaló que el proyecto no cumple los estándares en materia ambiental. El senador Ron Wyden, demócrata por Oregón, sostuvo que su partido debe usar el resultado electoral para negociar un enfoque diferente y reducir la burocracia energética “sin un riesgo sustancial de interferencia política”, según un comunicado citado por la agencia.
Las críticas ambientales y tribales a la BAAJA
La oposición más intensa proviene de organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas, con dos objeciones centrales: una posible reducción de las revisiones ambientales y el riesgo de que la norma afecte la soberanía tribal, es decir, el derecho de las comunidades indígenas a intervenir en decisiones sobre sus territorios.
El escritor y activista Bill McKibben fue categórico: “Sería muy irónico que la primera acción del Congreso tras unas elecciones definidas por la oposición a los centros de datos fuera facilitar su construcción”. Aunque los autores de la ley publicaron el sábado un paquete de enmiendas para responder a esas inquietudes, la organización Sierra Club rechazó los cambios al considerar que no resuelven sus objeciones de fondo.
Qué posibilidades tiene la ley y qué puede pasar en el Congreso
El margen político para aprobar legislación federal que regule la expansión de los centros de datos es acotado mientras Trump ocupe la presidencia. Según el banco de inversión ING, la administración considera esas instalaciones un activo estratégico en la competencia con China, lo que reduce la disposición del Ejecutivo a restringirlas.
Joseph Majkut, director del programa de seguridad energética y clima del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), sostuvo que “las disposiciones sobre los costos de los centros de datos podrían salvar el proyecto”, en declaraciones a Reuters.
Si la BAAJA no prospera en el actual período legislativo, el debate pasará a un Congreso de mayoría demócrata que asumirá con una agenda declarada de mayor escrutinio sobre la inteligencia artificial y la industria tecnológica.
