Gina Hinojosa, la gobernadora electa que le ganó a Greg Abbott las elecciones generales del martes 3 de noviembre, llegará al Ejecutivo en enero de 2027 y enfrentará la responsabilidad de cumplir con su promesa de revisar la colaboración de Texas con el servicio de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Durante la campaña, la demócrata se comprometió a modificar el uso de recursos estatales, aunque reconoció límites legales. La transición tendrá una condición previa: la SB 8 exige que determinados alguaciles gestionen convenios migratorios antes del 1° de diciembre de 2026.

Retrocede el ICE en Texas: qué propuso Hinojosa sobre la colaboración con la agencia federal

En una entrevista con Univision, Hinojosa cuestionó la participación del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) en tareas migratorias. Ante la pregunta sobre si terminaría esa cooperación, respondió: “Yo no voy a hacer nada en contra de la ley”.

La entonces candidata prometió revisar el destino de los recursos de seguridad y detener el uso de personal estatal para ayudar en centros de detención administrados por compañías privadas. Sus declaraciones describieron cambios de gestión, sin detallar un mecanismo para cancelar todos los acuerdos entre autoridades locales y federales.

El alcance de esas promesas será determinante para las comunidades inmigrantes. Como explicó Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, un cambio de administración estatal no impide que el ICE continúe con la aplicación de las leyes federales.

Qué exige la SB 8 a los alguaciles de Texas antes de diciembre de 2026

La SB 8 obliga a solicitar y celebrar acuerdos de cooperación migratoria a los alguaciles de condados que operan una cárcel o contratan a una empresa privada para administrarla. Estos convenios, conocidos como 287(g), autorizan funciones de aplicación de la legislación federal de inmigración dentro del alcance pactado.

La norma entró en vigor el 1° de enero de 2026 y fijó el 1° de diciembre como fecha límite para cumplir la obligación. Por ello, el plazo vencerá durante la gestión de Abbott, antes de la asunción prevista de Hinojosa.

La norma indica que cuando un alguacil solicita un convenio, pero no consigue formalizarlo, debe reiterar el pedido al menos anualmente y acreditar sus intentos ante el fiscal general. También exige asignar personal y fondos para ejecutar los acuerdos celebrados.

Qué margen tendría el fiscal general y por qué seguirían los operativos del ICE en Texas

Olmedo señaló que el fiscal general, que hasta enero de 2027 sigue siendo el republicano Ken Paxton, quien dispone de margen para decidir si demanda a los alguaciles incumplimiento. La sección 753.154 respalda esa distinción: establece que puede iniciar una acción judicial, sin imponerle hacerlo automáticamente. Esa facultad corresponde a la fiscalía general; por sí sola, su falta de ejercicio tampoco deroga la obligación legal.

El abogado también explicó que eliminar una ley requiere la intervención de ambas cámaras legislativas y la firma de la gobernadora. Una decisión del Ejecutivo estatal, por tanto, tendría límites frente a las normas aprobadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.