La puerta giratoria en carne viva: en exclusiva, el prontuario de la supuesta «victima» del video de Viotti

Lejos de la discusión sobre las formas de la política o la comunicación institucional, hay un documento frío y contundente al que MINUTO RAFAELA logró acceder a través de fuentes extraoficiales: el registro delictivo de D.A., el hombre que dormía en la vía pública y que acumula un historial de causas penales mientras transita la calle como si nada.

La información sensible obtenida por este medio no deja lugar a ambigüedades ni a eufemismos. A lo largo de los últimos años, el prontuario de D.A. refleja una matriz de conducta delictiva constante y sistemática: robos, hurtos, amenazas calificadas, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, daños y lesiones recurrentes mes a mes. Es, en los hechos, una radiografía de la reincidencia en estado puro.

Ante semejante acumulación de delitos comprobados por MINUTO RAFAELA, la pregunta que surge de manera urgente e interpeladora es: ¿Cómo puede ser que una persona como D.A., con este nivel de peligrosidad y reincidencia permanente, siga libre en la calle?

Aquí es donde entra en crisis el rol de la Justicia y el andamiaje legal vigente. El vecino común, el comerciante que baja la persiana con miedo, el laburante al que le roban la bicicleta o la garrafa con la que se calefacciona, choca contra una pared de absoluta incomprensión frente al funcionamiento de los tribunales.
La sensación generalizada —y comprobable en los hechos al repasar el prontuario de D.A.— es que el sistema penal funciona como una máquina de acumular expedientes archivados y puertas giratorias.

La policía actúa, detiene, notifica, eleva las actuaciones, pero el engranaje judicial posterior parece desentenderse de la reiterancia delictiva. Se prioriza un garantismo abstracto e indiferente al sufrimiento de las víctimas por sobre la protección elemental del cuerpo social. Las leyes actuales, muchas veces rígidas en la teoría pero ineficaces en la práctica, terminan consagrando un grado de impunidad que paraliza.

Un individuo que sistemáticamente viola domicilios, amenaza de muerte, resiste a la autoridad y lesiona a terceros no es un sujeto recuperable mediante la inacción estatal; es una amenaza constante para la seguridad pública. Cuando el sistema judicial es incapaz de poner un freno a la carrera delictiva de alguien con el prontuario de D.A., el contrato social básico —el Estado te cuida a cambio de que respetes las reglas— se rompe en mil pedazos.

El debate profundo que nos debemos como sociedad no pasa sólo por ver qué funcionario filma a quién, sino por exigir explicaciones a los poderes judiciales y legislativos.
¿Cuántas causas más necesita acumular una persona para que el Estado actúe de manera preventiva y firme? ¿Qué tipo de leyes se necesitan para frenar la puerta giratoria antes de que la violencia escale a consecuencias trágicas?

Mientras la Justicia siga mirando hacia otro lado y las leyes continúen premiando la reincidencia con la libertad condicional eterna, la sensación de desamparo seguirá siendo la moneda corriente. Y ninguna ciudad, por más pujante que sea, puede sostener su convivencia pacífica cuando el peligro camina suelto entre los vecinos como si la ley fuera opcional.