El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Pablo Lorenzetti, participó como expositor del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en la Justicia “Innovación y Justicia”, que se desarrolló los días 12 y 13 de noviembre en el Hotel Sheraton de San Miguel de Tucumán.
Durante la primera jornada integró el panel “Diálogo de jueces y juezas: los jueces y juezas frente al uso de la IA – Mirada aplicada”, junto a magistrados de distintas jurisdicciones del país y a la jueza Sandra dos Reis Luís, del Tribunal de Apelaciones de Lisboa. Allí presentó la conferencia “Inteligencia artificial y tutela judicial efectiva en los litigios ambientales y climáticos”.
El congreso fue organizado por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que este año celebra su 60.º aniversario, junto con la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Con más de mil asistentes y más de cincuenta especialistas provenientes de ocho países, se convirtió en uno de los encuentros más convocantes del país sobre el impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Tras una primera edición nacional realizada en mayo de 2025, el encuentro sumó este año carácter internacional.
La apertura estuvo encabezada por la presidenta de la FAM y de la AMT, Marcela Ruiz, junto a autoridades del gobierno tucumano, de la UNT y representantes de otras provincias. La primera conferencia internacional estuvo a cargo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, João Cura Mariano, y una idea atravesó buena parte de las intervenciones: la tecnología puede potenciar el servicio de justicia, pero la decisión judicial sigue siendo una responsabilidad indelegable de quien juzga.
A lo largo de las dos jornadas, el programa combinó conferencias, talleres y paneles organizados en tres ejes: interseccionalidad y vulnerabilidad; riesgos y salvaguardas —alucinaciones de los sistemas, ciberseguridad e independencia judicial—; y casos de éxito e innovación, con experiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los poderes judiciales de Tucumán, San Juan y Mendoza. Entre los expositores extranjeros se destacaron Alfredo Ferrante (Universidad de Pavía), que abordó los neuroderechos y el impacto de la IA en el derecho privado; Gabriel Casado Ollero (Universidad Complutense de Madrid), sobre IA y garantías de la persona; y Carlos Amunátegui Perelló (Pontificia Universidad Católica de Chile), sobre los fundamentos y el futuro de la IA en la justicia. También disertaron, entre otros, el ministro de la Suprema Corte de Mendoza Mario Adaro, el consultor de la CEPAL Peter Sharp y la investigadora del CONICET Marisa Herrera.
En su exposición, Lorenzetti partió de la singular complejidad de los conflictos ambientales y climáticos: daños difusos, acumulativos y muchas veces irreversibles; información técnica dispersa y, con frecuencia, en poder de quien genera el riesgo; y sentencias que encuentran serias dificultades en la etapa de ejecución. Frente a ese panorama, planteó una tesis central: “La inteligencia artificial no modifica las reglas y principios del Derecho Ambiental, pero sí altera los hechos sobre los que esas pautas operan”. Cuando cambia lo que es posible conocer, medir y anticipar —explicó—, instituciones consolidadas como la función preventiva y precautoria de la responsabilidad civil, las cargas probatorias dinámicas o las facultades instructorias de la magistratura comienzan a decir cosas nuevas.
El magistrado recorrió luego tres momentos del proceso colectivo en los que la tecnología ya produce efectos concretos. En la prevención, los sistemas de detección y alerta temprana modifican el alcance de la previsibilidad exigible y amplían las posibilidades de actuación oficiosa de jueces y juezas. En la prueba, la información generada por satélites, sensores y modelos de aprendizaje automático permite acreditar hechos hasta hace poco indemostrables, aunque exige nuevas salvaguardas sobre su origen, su trazabilidad y su control por las partes. Y en la ejecución, la disponibilidad de datos objetivos y periódicos habilita mecanismos de seguimiento capaces de transformar la etapa de cumplimiento de las sentencias.
Lorenzetti advirtió también sobre los desafíos del enfoque: la misma tecnología que aporta evidencia puede fabricarla, las herramientas que detectan daños tienen a su vez una considerable huella ambiental y ningún sistema sustituye el razonamiento, la valoración y la responsabilidad que la Constitución Nacional deposita en quienes juzgan. Sus reflexiones finales apuntaron a precisar qué pueden y qué deben hacer hoy los tribunales con estos instrumentos, a la luz de los estándares interamericanos de acceso a la justicia.
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