Seguridad presentó un plan para desarticular el mercado negro de celulares

Seguridad presentó un plan para desarticular el mercado negro de celulares
Seguridad presentó un plan para desarticular el mercado negro de celulares
Funcionarios del Gobierno de Santa Fe y fiscales del Ministerio Público de la Acusación brindaron este miércoles detalles de la denominada Ley de Celulares, sancionada recientemente por la Legislatura provincial. La norma busca desarticular los mercados ilícitos, prevenir y combatir la comercialización de dispositivos tecnológicos de origen ilegal, impedir que esa actividad genere beneficios económicos y desalentar la demanda de bienes provenientes de delitos contra la propiedad.

La presentación se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la ex Alcaidía de Mujeres, en la Sede de Gobierno de Rosario. La encabezó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, junto con los secretarios de Gestión Institucional, Federico Angelini; el fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo; y la secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del MPA, Marina Pieretti.

Cococcioni afirmó que, además de abordar la violencia, el Gobierno debe ocuparse del delito predatorio, al que definió como “un objetivo central en esta etapa de Gobierno”. Según explicó, la ley combina tareas de análisis de datos e investigación criminal con acciones de comunicación ciudadana, promoción de las denuncias y controles en establecimientos que venden o reparan teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

El ministro sostuvo que, con la implementación de la norma, los ciudadanos deberán exhibir el IMEI de sus dispositivos cuando la Policía lo requiera. Aclaró que el control “no está sujeto a un criterio de sospecha”, sino que se enmarca en las facultades policiales y apunta a desalentar el mercado ilegal. “Buscamos abordar de manera integral un delito que afecta a toda la comunidad”, subrayó.

Entre los objetivos de la ley figuran recuperar los dispositivos y restituirlos a sus legítimos titulares; garantizar la trazabilidad, la transparencia y la legalidad de las actividades económicas alcanzadas; y coordinar los registros y sistemas de información nacionales, provinciales y municipales.

Merlo explicó que la norma apunta a lograr “una persecución penal más eficaz”, porque detrás del robo de celulares puede haber un mercado ilegal. También indicó que las organizaciones criminales pueden utilizar teléfonos robados para comunicarse y dificultar el rastreo del origen de las llamadas.

Un registro para los comercios

La norma también crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Deberán inscribirse las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen celulares y otros dispositivos usados.

Si un equipo tiene una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, carece de IMEI o de un identificador único equivalente, o si esos datos fueron bloqueados, alterados o eliminados, la situación deberá comunicarse al Ministerio de Justicia y Seguridad y denunciarse de inmediato ante el MPA.