
Durante la reunión, las partes analizaron los peligros sanitarios que conlleva esta práctica y acordaron dos ejes principales de acción: por un lado, avanzar en la elaboración de una normativa local que regule y controle la situación; y por otro, desarrollar una campaña de concientización dirigida a la comunidad para advertir sobre los riesgos de adquirir medicamentos en comercios o espacios no autorizados.
Desde el Ejecutivo local destacaron la importancia de articular esfuerzos con las instituciones profesionales para promover el cuidado de la salud pública, prevenir riesgos evitables y garantizar que toda la población acceda a los medicamentos de manera segura.
