La Corte Suprema restituyó el control estatal sobre los aumentos de las prepagas

La Corte Suprema restituyó el control estatal sobre los aumentos de las prepagas
La Corte Suprema restituyó el control estatal sobre los aumentos de las prepagas

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían liberado los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Con este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones en las cuotas, con el objetivo de controlar que respondan a criterios razonables.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y surgió de una demanda presentada por una afiliada cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. La causa llegó al máximo tribunal tras los recursos de la empresa de medicina privada involucrada y del Estado nacional. El fallo también podría tener impacto sobre cerca de 500 expedientes similares que permanecen pendientes de resolución, además de otros reclamos iniciados por usuarios en distintos tribunales del país.

Con la restitución del control estatal, los incrementos deberán estar respaldados por variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales razonables sobre los riesgos. Sin embargo, la Corte revocó la parte de la sentencia anterior que establecía que las subas debían limitarse al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo tanto, el pronunciamiento no fija un tope vinculado a la inflación, sino que devuelve al organismo regulador la potestad de evaluar cada modificación tarifaria.

Para fundamentar la decisión, los jueces sostuvieron que el Poder Ejecutivo solo puede utilizar decretos de necesidad y urgencia bajo condiciones excepcionales, cuando exista una imposibilidad de recurrir al Congreso o una urgencia incompatible con los tiempos del trámite legislativo. Según el tribunal, el DNU 70/23 no justificó de manera suficiente por qué era necesario eliminar los controles sobre las cuotas de las prepagas. La referencia a la crisis del sistema de salud y a la necesidad de mejorar su competitividad no alcanzó para acreditar esa excepcionalidad. La declaración de inconstitucionalidad se limita a los artículos cuestionados y no implica un pronunciamiento sobre el resto del decreto.