La discusión sobre tarifas de luz dejó de ser un reclamo sectorial: en la provincia de Santa Fe se transformó en un problema estructural, con impacto directo sobre el consumo, la calidad de vida, la producción y una visible debilidad del sistema eléctrico. La oposición provincial —y buena parte del arco político— mira con gran preocupación lo que viene: un verano que se perfila complejo, cortes posibles, y un costo social que ya se está pagando.
Caída en el consumo: un síntoma del ajuste obligado
Las cifras oficiales lo muestran sin rodeos: según el último informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), en mayo de 2025 el consumo de electricidad, gas y agua en Santa Fe cayó 11,5% en un año.
Este retroceso no es inocuo: responde —en gran medida— al fuerte aumento tarifario que comenzó a aplicar la Empresa Provincial de la Energía (EPE) desde enero de 2025.
El ajuste, la pérdida de capacidad de pago de muchos hogares y la retracción del consumo ponen en evidencia que para una porción importante de santafesinos la electricidad deja de ser un servicio accesible y pasa a ser un lujo cada vez más caro.
Tarifas al alza y una mirada al 2026
El incremento aplicado por la EPE —promedio del 24,8% desde enero de 2025— fue solo el primer paso. Con la vigencia del nuevo presupuesto provincial y la Ley Tributaria de 2026 como marco, los ajustes podrían continuar.
Eso genera una señal de alarma: muchos hogares y empresas ya sienten el impacto, y con tarifas al alza se anticipa que en otoño/invierno o durante temporada de calor (uso intensivo de electricidad) la factura será aún más pesada. En ese contexto, dirigentes opositores advierten que la energía —antes considerada servicio esencial accesible— corre riesgo de transformarse en un factor de exclusión.
Crisis tarifaria + desinversión: el combo explosivo que acecha
Pero el problema no termina en la tarifa. Hay otro factor que preocupa: la estructura del sistema eléctrico en muchas localidades. En particular, la situación de la distribución a cargo de cooperativas revela grietas que ya son visibles.
Un caso paradigmático es el de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad cercana a Rosario. Allí, la cooperativa local —la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez— acumula una deuda con la EPE estimada en 6.000 millones de pesos.
La cooperativa advirtió que evalúa cortes programados en 33 barrios populares, donde además se estima que hasta un 42 % de la energía suministrada podría ser consumida en forma clandestina.
El escenario no es menor: hablamos de miles de familias en riesgo de quedarse sin servicio —o de seguir consumiendo sin medidor, en condiciones irregulares—, con pocas posibilidades de regularizar su situación en el corto o mediano plazo.
Agrega la desinversión histórica en mantenimiento e infraestructura: con redes deficientes, cooperativas al borde del colapso financiero y una EPE que, tras aumentar tarifas, admite que el sistema necesita recursos, la posibilidad de un verano con cortes y fallas recurrentes ya no es un fantasma, sino una amenaza concreta.
La voz de la oposición y la política: ¿reacción o improvisación?
Frente a este cuadro, la dirigencia opositora de Santa Fe elevó el tono. El diputado provincial Marcos Corach presentó un pedido de informes sobre la situación de la EPE, cuestionando tanto los aumentos como la capacidad del sistema para garantizar el servicio en condiciones dignas.
La urgencia no es sólo sobre tarifas: reclaman políticas integrales que contemplen subsidios diferenciados, regularización de usuarios vulnerables, inversiones en infraestructura, controles efectivos del consumo clandestino y una estrategia real de mantenimiento a mediano plazo.
Pero hasta ahora, la respuesta estatal parece limitada: se multiplican las inspecciones para detectar conexiones irregulares —según datos oficiales, en 2025 ya se realizaron decenas de miles de controles en toda la provincia— y se recuperan millones de pesos en energía robada.
Sin embargo, esa “cacería” del consumo clandestino no alcanza para resolver la raíz del problema: un sistema colapsado, una red al límite, tarifas que golpean, y una creciente desigualdad en el acceso a un servicio esencial.
Hacia 2026: ¿qué podría pasar si no hay un plan real?
Si no se desarrolla un plan estratégico —entiendo esto desde la inversión en infraestructura hasta subsidios focalizados y políticas sociales de alivio—, el riesgo de cortes, apagones, fallas continuadas y exclusión energética aumenta dramáticamente.
La crisis tarifaria ya provocó una clara retracción del consumo. Pero esa caída no necesariamente refleja ahorro voluntario o uso eficiente: habla de hogares que reducen consumo, familias que limitan la electricidad al mínimo, industrias que bajan la producción, comercios que resisten. Es un ajuste por necesidad, no por convicción.
De continuar la trayectoria actual, 2026 podría ser un año de alta conflictividad social: barrios vulnerables, cooperativas en quiebra, usuarios enganchados, cortes programados y un fuerte deterioro de la calidad de vida colectiva.
En ese contexto, la exigencia de la oposición —y de una parte del arco político— para que la provincia intervenga con políticas concretas deja de ser una demanda secundaria: es lo que puede evitar un colapso silencioso del sistema eléctrico provincial.