La onda expansiva del estallido arrasó con toda la cuadra de Pasteur al 600/700, lanzando autos, árboles y personas por los aires, mientras que los vidrios de las ventanas estallaron hasta a seis cuadras a la redonda. Del total de las víctimas fatales, 67 se encontraban dentro del edificio y otras 18 en la vereda o en propiedades vecinas. Asimismo, más de 100 viviendas y comercios cercanos quedaron completamente destruidos y se registró una pérdida de gas de gran magnitud en la zona.
A lo largo de las décadas, la investigación judicial estuvo marcada por trabas, zonas oscuras e irregularidades que hicieron prácticamente nula la causa. A pesar de que la Justicia argentina determinó las responsabilidades de Irán y de integrantes de Hezbolá, ninguno de los acusados fue extraditado ni llevado a juicio. Tras acumular unas 100.000 páginas de expediente, el proceso que había comenzado en septiembre de 2001 terminó en 2004 con un fallo del Tribunal Oral Federal 3 que declaró todo lo actuado como nulo debido a las anomalías cometidas.
Ante este panorama, el 14 de junio de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de verdad y justicia. El organismo internacional le ordenó al Estado remover los obstáculos para investigar el atentado y su encubrimiento, reformar la normativa que regula el uso de información de inteligencia, garantizar el libre acceso de las víctimas a la información desclasificada y construir un archivo histórico público sobre el caso.
