El senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, atraviesa uno de los momentos más delicados desde que estalló la causa por juego clandestino y corrupción que lo tiene como uno de los principales protagonistas. Los últimos movimientos judiciales no solo reactivaron el expediente, sino que dejaron al legislador en una posición cada vez más comprometida.
En ese contexto, y mientras el proceso comienza a acercarse a definiciones de fondo, Traferri volvió a recurrir a una estrategia conocida: denunciar a los fiscales que llevan adelante la investigación y cuestionar el funcionamiento del proceso.
Una causa que lo rodea cada vez más
El avance de la causa judicial tiene un punto de inflexión claro: la condena del exfiscal regional Patricio Serjal, sentenciado a nueve años de prisión por el cobro de sobornos vinculados al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti.
En ese fallo, el nombre de Traferri aparece reiteradamente —más de un centenar de veces— como parte central de la estructura investigada. Según la sentencia, el senador habría ocupado un rol jerárquico dentro de una asociación ilícita que combinaba recaudación política y cobertura judicial.
Sin embargo, el legislador no formó parte de ese juicio.
No por falta de acusación, sino por una decisión política previa: durante años se amparó en sus fueros parlamentarios, evitando así ser imputado en tiempo real junto al resto de los involucrados.
El peso de los fueros y una estrategia que vuelve
Esa protección institucional le permitió a Traferri esquivar durante más de cuatro años el avance judicial, en un contexto donde el Senado provincial rechazó en 2020 el pedido de desafuero impulsado por los fiscales.
Recién en 2023, en un giro político, el propio legislador solicitó el levantamiento de sus fueros, en un intento por reposicionarse públicamente.
Pero para entonces, el proceso ya había seguido su curso.
Y hoy, con la causa más avanzada y con condenas firmes en el entorno que lo rodea, la situación vuelve a tensionarse.
El “manotazo” judicial: denunciar a los fiscales
En las últimas horas, Traferri presentó una denuncia formal contra los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, quienes actualmente llevan adelante la investigación.
El senador los acusa de haber intentado inducir a un abogado a declarar en su contra mediante el uso indebido de la figura del imputado colaborador.
Según la presentación, los fiscales habrían ofrecido beneficios procesales a una persona que no estaba formalmente imputada, lo que —de acuerdo al planteo— configuraría un mecanismo de presión ilegal.
La denuncia incluye acusaciones graves: abuso de autoridad, prevaricato y coacción.
Además, Traferri solicitó que la investigación sea trasladada fuera de Rosario, argumentando falta de imparcialidad en esa jurisdicción.
Una estrategia repetida
El movimiento no es nuevo.
Desde el inicio de la causa, la defensa del senador ha sostenido una línea clara: cuestionar la legalidad del proceso y atacar a quienes lo impulsan.
Ya en etapas anteriores, el foco estuvo puesto en los fiscales que iniciaron la investigación, en particular Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes fueron apartados del caso en medio de fuertes controversias.
Ahora, con nuevos fiscales al frente del expediente, la estrategia vuelve a repetirse.
La clave: la revisión del fallo Serjal
El contexto de esta nueva ofensiva judicial no es casual. Se da en paralelo a la revisión de la condena contra Serjal, un proceso que puede tener consecuencias directas sobre la situación de Traferri.
Si esa sentencia se cae o se debilita, la estructura probatoria de la causa podría resentirse.
Pero si se mantiene firme, el senador llegará a su eventual juicio con un antecedente contundente:
un fallo que lo señala como jefe de la organización, aunque no haya sido juzgado en ese proceso.
Un senador cada vez más comprometido
El escenario es complejo. Por un lado, Traferri insiste en denunciar una persecución política que —según sostiene— se arrastra desde 2020 y que vincula incluso al exministro de Seguridad Marcelo Sain.
Por otro, la causa judicial acumula pruebas, condenas y resoluciones que refuerzan la hipótesis investigativa. En ese cruce, el senador aparece cada vez más acorralado.
Lo que está en juego
El caso Traferri ya no es solo una causa judicial. Es un símbolo. De cómo opera el poder político. De los límites de los fueros. Y de la capacidad del sistema judicial para avanzar sobre estructuras de corrupción.
La resolución de la revisión del fallo Serjal será un punto de inflexión. Pero más allá de eso, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cuándo —y en qué condiciones— Traferri enfrentará su propio juicio.
