En una contundente muestra de consenso institucional y político, el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho de Puerto General San Martín fue sede de una cumbre de trabajo convocada para impulsar la sanción definitiva del proyecto de ley que restituye la obligatoriedad de los serenos de buque a bordo de las embarcaciones de gran porte que amarran en los puertos santafesinos.
El encuentro congregó a diputados y senadores provinciales, intendentes, concejales de la región y trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Serenos de Buque. La iniciativa legislativa —que ya obtuvo media sanción por voto unánime en la Cámara de Senadores— aguarda su debate en la Cámara de Diputados de la provincia para convertirse en ley y poner un freno a los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia 37/2025 del Gobierno nacional, el cual eliminó la obligatoriedad de estos controles en los muelles locales.
La reunión contó con la presencia del intendente anfitrión, Carlos De Grandis; el senador departamental por San Lorenzo y autor de la norma, Armando Traferri; las diputadas provinciales Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti y Verónica Baró Graf; el diputado provincial Carlos del Frade; los concejales sanlorencinos Esteban Aricó, Martín Cerdera y Yazmín Petrillo; los ediles puertenses Juan Manuel De Grandis (presidente del Concejo) y Fernando Torrens; junto al delegado regional del gremio en San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, Orlando Brizuela.
Seguridad nacional y control en una frontera abierta al mundo
Durante la jornada, los presentes coincidieron en que la presencia de los serenos a bordo no representa únicamente una reivindicación gremial, sino una medida indispensable de control fronterizo y seguridad pública para una zona donde atracan anualmente más de 3.000 buques de ultramar.
“Todos los senadores entendieron por unanimidad la necesidad de los controles que llevan adelante los serenos, tanto por la mercadería que sube o baja sin fiscalización como por la posibilidad de tráfico de personas y la seguridad en general. Esta es una frontera con el mundo. Sin personal que controle el acceso a buques de bandera extranjera, se abren puertas al contrabando, al narcotráfico o al ingreso de personas indocumentadas. Es un tema de seguridad nacional que afecta directamente a nuestra región”, puntualizó el senador Armando Traferri.
En la misma sintonía, la diputada Alejandra Rodenas contextualizó la medida como parte de un retroceso de derechos laborales generado por normativas nacionales: “Por un nefasto decreto nacional se eliminó esta figura dejando desamparados a decenas de trabajadores. Un sereno no solo custodia el barco, sino que constituye el eslabón inicial para investigaciones complejas de trata de personas y narcotráfico que hoy quedan desatendidas”.
Impacto social en el Cordón Industrial: 130 familias sin ingresos
El intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, ratificó el apoyo irrestricto de la administración local hacia los trabajadores afectados por la medida nacional:
“Desde el primer momento en que se tomó esa decisión absurda de quitar a los serenos de los barcos nos pusimos a disposición. Quedaron literalmente en la calle y son vecinos de nuestra ciudad y de toda la región; el Estado municipal no puede darles la espalda de ninguna manera”, remarcó De Grandis.
Por su parte, el delegado sindical Orlando Brizuela visibilizó la crítica coyuntura que atraviesan los vigiladores: “Estamos muy agradecidos por el respaldo de los legisladores y los intendentes. Hoy somos 130 familias que llevamos un año y medio sin percibir ingresos y necesitamos con urgencia que Diputados apruebe la ley para recuperar el trabajo y volver a aportar seguridad y prevención ambiental en nuestros puertos”.
El compromiso legislativo para acelerar el tratamiento en Diputados
La diputada Verónica Baró Graf, presidenta de la Comisión de Transporte de la Cámara baja —órgano al que girará el expediente para su dictamen—, se comprometió a impulsar el debate en comisiones para lograr la sanción definitiva en el corto plazo, tomando como antecedente normativo a la provincia de Buenos Aires.
“Escuchar de forma directa el drama de estas familias paralizadas que llevan tanto tiempo sin cobrar moviliza profundamente. Vamos a trabajar para sensibilizar a la Cámara de Diputados y lograr una ley provincial que resguarde el empleo y desconozca la aplicación del decreto nacional en nuestras costas”, concluyó la legisladora.
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