Todo indicaba que Alvise Pérez acabaría declarando en el Tribunal Supremo. El propio eurodiputado reclamó al juez de la Audiencia Nacional, Jose Luis Calama, a quien dio plantón al no querer comparecer, que “motivara y elevara” su imputación por la supuesta financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta, ante el alto tribunal para declarar “a la máxima brevedad”. Y así será. Este lunes la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un informe al magistrado en el que le pide que eleve exposición razonada a la sala de lo penal del Supremo para que investigue al agitador. Así, Alvise Pérez se acerca a su primera imputación formal en los tribunales.
El fiscal considera que hay indicios sólidos. Sobre todo, después de que Álvaro Romillo, fundador del chiringuito financiero Madeira Invest Club, le señala directamente y hablará de financiación ilegal de su formación a las puertas de las elecciones europeas en las que Alvise logró tres escaños. El empresario, cara visible de CryptoSpain, admitió haber donado 100.000 euros a Alvise con la condición de “favores futuros”. “No era un trabajador del Lidl”, subrayó ante el juez, además de ratificar la veracidad de los mensajes en los que el entonces candidato a los comicios europeos le pedía “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”.
Tras este paso de Anticorrupción, la Audiencia Nacional se dirigirá al Parlamento Europeo para confirmar que Alvise es eurodiputado y, por lo tanto, aforado, para después enviar al Tribunal Supremo la causa. No obstante, se trata de una pieza separada a la que el juez Calama investiga a Romillo por la supuesta estafa piramidal que habría perpetrado a través de Madeira Invest Club. El juez aprecia hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que ascendería a más de 11 millones de euros, que podría superar los 300 millones; y un número de afectados previsiblemente superior a los 27.000.
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