La Conselleria de Justicia ha retirado de forma preventiva a un preso condenado por homicidio destinado en la cocina del centro penitenciario de Ponent (Lleida), según han explicado fuentes del departamento a Europa Press.
Las mismas fuentes han detallado que, además de apartarlo, “se está revisando el sistema para reforzar al máximo las medidas de seguridad” en las prisiones catalanas, así como los criterios que se han seguido hasta el momento a la hora de destinar a los presos a los talleres del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).
La Conselleria de Justicia ha tomado esta medida después de que ‘El Segre’ avanzara este miércoles que el preso, apartado de la cocina de la prisión de Ponent tras el asesinato en marzo de Núria López, la cocinera de Mas d’Enric (Tarragona), regresara a este puesto el 28 de agosto, pese a que sobre él pesa una condena de 15 años de prisión por matar a puñaladas a una persona en Barcelona en 2018.
LO COMPARAN CON MAS D’ENRIC
Tras conocerse esta noticia, el sindicato CSIF señaló a la dirección del centro en un comunicado en el que reconocía que, si bien “el riesgo cero no existe en el ámbito penitenciario”, su responsabilidad es minimizarlo.
En el documento consultado por Europa Press reiteraban que los reos que cumplen condena por delitos de sangre, con un historial de violencia penal o penitenciaria o que sufran patologías psiquiátricas no deben tener acceso a destinaciones de riesgo potencial, como es la cocina de una prisión.
Además, en este caso concreto, desde el sindicato señalan similitudes entre el perfil del interno apartado de la cocina de la cárcel de Ponent y el que asesinó a Núria López: “Ambos han sido condenados por asesinato, han cometido faltas, han rechazado en algún momento su programa de tratamiento y han sido expulsados de otros destinos”.
CSIF también ha asegurado que el CIRE “prioriza sus intereses empresariales sobre los criterios de rehabilitación y reinserción para los cuales fue creado” con el objetivo, según el sindicato, de otorgar más permisos a los presos y sostiene que se basa en la evaluación de la herramienta RisCanvi, que considera a los presos de este perfil como de bajo riesgo de violencia, una prueba evidente de su ineficacia.