Según se detalló, la decisión fue tomada por las fiscales Guillermina Aiello y Bárbara Glikman, quienes concluyeron que no había elementos serios, precisos y verosímiles para avanzar con un proceso penal. El doctor Diego Haro Martínez, representante legal de uno de los acusadores, había hablado públicamente en Radio Casilda acerca del caso, incluso nombrando a una de las psicólogas apuntadas.
La presentación había sido realizada a mediados del 2015 y tenía como señaladas a identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A. Según los denunciantes, estas personas habrían confeccionado informes falsos sobre menores cuyos padres o madres habían denunciado abusos, para sostener esas acusaciones y así impedir que el otro progenitor mantuviera contacto con sus hijos.
Sin embargo, en las últimas horas el caso tomó un nuevo giro con esta determinación de la Fiscalía, que argumentó que “no estar de acuerdo con el contenido de un informe no lo convierte en falso”. Y remarcaron que no hay pruebas de que se haya tratado de alguna acción con intenciones deliberadas.
Finalmente, desde la justicia ordinaria aconsejaron que si los acusados creen aun que existió “mala praxis”, deberían presentar un informe en el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos.
