La causa penal iniciada a partir del bloqueo y acampe en los portones de la planta de IDM en San Lorenzo tendrá este miércoles una jornada determinante en los Tribunales locales. En una entrevista concedida al ciclo de streaming Expediente 24, el abogado querellante de la firma, Dr. Gustavo Feldman, confirmó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una audiencia urgente para pedir la revocación de las medidas alternativas y la inmediata prisión preventiva de Jorge Aragón por haber desobedecido de forma sistemática las pautas de coerción impuestas por la Justicia.
La medida fue convocada formalmente por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) para las 10:00 de la mañana, luego de que la representación legal de la compañía radicara una nueva denuncia penal por violación a las órdenes judiciales vigentes.
Violación reiterada de las órdenes judiciales
Según explicó Feldman, durante la audiencia penal celebrada el pasado jueves, el juez Eugenio Gazza ratificó y profundizó las medidas cautelares previas dictadas por el fuero laboral (a cargo de la Dra. Otaola), imponiéndole a Aragón la estricta prohibición de acercamiento, el cese inmediato de todo acto de hostigamiento, la firma quincenal ante la Justicia y la prohibición expresa de filmar la planta o difundir publicaciones en redes sociales.
“El juez Gazza fue sumamente explícito y le explicó con docencia jurídica que el derecho a la protesta no puede ejercerse de cualquier forma porque se convierte en un proceder ilegítimo, ilegal y delictual. Sin embargo, desde el mismo jueves hasta el lunes hubo una recurrencia sistemática en la violación de esas pautas por parte de Aragón y de su hija. Ante este cuadro, el fiscal Nicosia pidió la audiencia para revocar la libertad condicional, lo que habilita la prisión preventiva para asegurar los fines del proceso e investigar el delito de desobediencia judicial (art. 239 del Código Penal)”, detalló el letrado.
“Ni accionista, ni empleado, ni apoderado registrado”
Durante la entrevista en Expediente 24, Feldman remarcó que las medidas de fuerza y escraches impulsados por Aragón carecen de todo sustento legal o societario. El letrado aseguró que en las presentaciones judiciales no figura ningún poder o personería formal que legitime su accionar:
Sin acciones en la compañía: Las constancias aportadas a la causa penal y laboral certifican que Aragón nunca figuró en el libro de accionistas ni fue titular de cuotas parte de IDM.
Sin vínculo laboral: Tampoco existen registros laborales ni de seguridad social que lo vinculen como exempleado de la firma tratadora de residuos industriales.
Falta de personería: “Él afirma ser apoderado de un porcentaje minoritario, pero nadie en la Justicia civil, laboral o penal vio jamás un poder o procuración formal. Se autoproclama como tal para intentar validar por vías de hecho y mediante aprietes lo que no tiene ningún reclamo en sede judicial ordinaria. No persigue defender el medio ambiente ni fuentes laborales: persigue dinero a como dé lugar, en una tesitura que raya en la extorsión”, denunció Feldman.
El querellante expuso además la contradicción del discurso ambiental del acusado, recordando que al momento de retirar por intimación municipal el colectivo en el que acampaba frente a la planta, arrojó el contenido del baño químico en plena vía pública.
El trasfondo corporativo de IDM
La firma IDM, radicada en la zona norte de San Lorenzo, es una planta especializada en la recepción, neutralización y tratamiento de residuos industriales peligrosos para su disposición final. Tras el fallecimiento de su socio fundador, Enrique Lauría, la empresa atravesó una severa crisis operativa y de gestión que paralizó transitoriamente sus autorizaciones ambientales.
Posteriormente, a finales del año pasado, un nuevo grupo inversor adquirió el paquete accionario mayoritario para sanear el pasivo, regularizar el pago de salarios y reactivar la capacidad operativa de la planta. Fue en ese contexto donde se inició el conflicto con el supuesto representante del porcentaje minoritario que derivó en cortes de portón, difusión de audios y la posterior judicialización en el fuero penal que mañana tendrá un capítulo decisivo.
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