El desahucio de Zohra, su marido y su hijo menor de edad el pasado verano en el barrio madrileño de Lavapiés fue “la gota que colmó el vaso” para los bomberos que acudieron al desalojo. Se requirió la presencia de este cuerpo para que descolgaran del edificio a un activista que trataba de impedir el desahucio de esta familia vulnerable, pero los bomberos no estaban de acuerdo porque consideran que “solo deberían actuar cuando una persona corre peligro” y este no era el caso. El pasado mes de enero se encontraron con una situación similar en el desahucio de Mariano, un vecino de Vallecas sin recursos, cuando, “ante la insistencia de la Policía”, tuvieron que desalojar a los activistas que se habían desplegado por la fachada del bloque. Pero ahora han decidido plantarse y para ello han creado la plataforma Bomberos contra los desahucios, desde donde defienden que su trabajo “no es dejar a la gente en la calle, sino salvar vidas”.
Mario Aspano, bombero del Ayuntamiento de Barcelona y portavoz de la plataforma, explica que los desahucios “no forman parte de su cartera de servicios”, pero que les requieren como profesionales “con la excusa de que hay personas en peligro o que amenazan con lanzarse al vacío si entraban en su casa, cuando en realidad no es así”.
“No se trata de personas con una crisis suicida o problemas de salud mental, sino que están en una situación desesperada porque les van a echar de su casa y las instituciones no les han ofrecido una alternativa habitacional, no les han ayudado en nada. El problema no es que haya personas sujetas a una cuerda, porque son activistas preparados y no están en peligro, pero es la excusa que [la Policía] utiliza para llamarnos a nosotros, porque en cierta manera legitima también la actuación”, dice Aspano a Infobae España en conversación telefónica.
El portavoz de la plataforma también explica que los bomberos “no están obligados a seguir las órdenes de la Policía” en un desahucio, ya que a quien deben responder es a su mando superior inmediato. Sin embargo, Aspano reconoce que en el propio cuerpo de bomberos hay confusión sobre cuándo o no deben actuar o si se pueden negar a desalojar a una persona si así lo ordena la Policía. “Por lo general hay bastante desconocimiento y bastante miedo, pues existe ese falso relato de que tenemos la obligación de obedecer a la policía, pero en realidad no tiene autoridad de mandar a otro cuerpo y nunca nos han enseñado una orden judicial”, relata.
Un problema que “les afecta como clase trabajadora”
Por ello, los bomberos que han creado el pasado mes de enero la plataforma contra los desahucios trabajan ahora con un equipo jurídico para revisar las diferentes normativas y así “trazar estrategias comunes” y evitar una vulneración de sus derechos.
“Todo esto puede tener un impacto para nosotros y nadie se va a hacer cargo después”, denuncia Aspano. “No solo nos negamos a participar en los desahucios, sino que entendemos que es un problema estructural que también nos afecta como clase trabajadora y nos queremos posicionar al lado de las personas vulnerables”, añade, por lo que en cada desalojo en el que sean requeridos irán valorando diferentes acciones pero “con una posición política más clara”.
Asimismo, se plantean medidas como crear una “caja de resistencia” por si algún efectivo es sancionado por oponerse a efectuar el desahucio.
Los desalojos se producen a diario en toda España
El pasado mes de diciembre el Gobierno decidió prorrogar hasta finales de este 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago del alquiler para familias vulnerables. La medida fue aprobada por primera vez en el año 2020 para proteger a los hogares ante la crisis económica provocada por la pandemia, y ha sufrido varias prórrogas justificadas por el contexto de crisis e inflación ligado a la guerra en Ucrania.
La nueva prórroga busca “atender a la realidad social y económica de los hogares en el contexto del proceso de mitigación de la dinámica inflacionista y de la prolongación de las consecuencias de la situación internacional”, debido a “la existencia de un escenario marcado por la extensión temporal de la Guerra de Ucrania y sus repercusiones en la economía de las familias, principalmente, a través del crecimiento de los precios al consumo que inciden de un modo especial en aquellas personas y hogares con menores recurso”. Sin embargo, desalojos como del de Zohra y su familia o el de Mariano se siguen produciendo a diario en todo el territorio.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 fue de 7.850, un 7,8% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellos, un total de 5.874 se debieron al impago del alquiler. En cuanto a los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias cayeron un 1,9%, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos subieron un 10,7%. En el caso de los 507 derivaods de otras cuasas, aumentaron un 6,5%, de acuerdo a los datos del CGPJ.