Una mujer ecuatoriana embarazada enfrenta la deportación de Estados Unidos junto a sus dos hijas mientras su solicitud de visa para víctimas de trata sigue sin resolver.
El caso, revelado por ABC News, expone los riesgos humanitarios vinculados a cambios recientes en la política migratoria estadounidense.
La protagonista, Maria Isabel Loja-Loja, fue retirada momentáneamente del proceso de expulsión tras una orden de emergencia dictada por un juez federal en Boston, en medio de temores fundados por su seguridad y la de sus hijas si retornan a Ecuador.
Según ABC News, Loja-Loja y su letrado, Todd Pomerleau, argumentan que ella fue víctima de trata en 2024 en territorio estadounidense y recibió amenazas directas de presuntos traficantes desde entonces. El abogado detalló al canal que los agresores llegaron a enviarle imágenes de sus hijas y mensajes intimidantes: “Empezaron a mandarle mensajes de texto cuando estaba en Estados Unidos, diciendo: ‘Te vamos a encontrar’”, relató Pomerleau.
La ecuatoriana, de cuatro meses de embarazo, relató el temor que implica regresar a su país. “Ecuador está peligroso en este momento, tengo miedo por mis hijas si tengo que regresar”, expresó Loja-Loja a ABC News en español, citando el aumento de delitos como robos, asesinatos y trata de personas.
Antes de emigrar, trabajaba como secretaria en una organización rural que combatía grupos criminales y promovía la concienciación sobre el crimen, lo que, según su testimonio, la convierte en un blanco. Ahora empleada en la construcción, teme que un eventual retorno implique un alto riesgo para ella y su familia.
En Ecuador, la inseguridad se agravó durante los últimos años. En 2023, el país registró una de las tasas de homicidios más altas de Sudamérica, superando los 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con informes internacionales.
Cambios de política en Estados Unidos permiten la deportación de víctimas pese a peticiones pendientes
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revirtió en 2025 una política que facultaba a funcionarios de ICE a posponer expulsiones mientras se tramitaban visados “T” y “U” —instrumentos legales creados para amparar a víctimas de delitos graves y trata de personas—, según consta en la demanda de habeas presentada por el abogado de Loja-Loja.
A través de un comunicado enviado a ABC News, un portavoz del DHS aclaró: “Una solicitud pendiente NO otorga ningún tipo de estatus legal en Estados Unidos. Si una persona entra ilegalmente en nuestro país, está sujeta a detención o deportación. Cada inmigrante ilegal recibe el debido proceso”.
El organismo también especificó que Loja-Loja fue liberada bajo monitoreo GPS mientras avanza el proceso de expulsión acelerada, aunque su postulación a una visa humanitaria siga pendiente.
La solicitud de visa “T” fue presentada por Loja-Loja el 30 de abril. Estas visas, que conceden residencia temporal a ciertos supervivientes de trata, tienen un cupo anual de 5.000. Sin embargo, en 2022 solo se aprobaron alrededor de 2.100 solicitudes “T” en todo el país.
Las visas “U”, destinadas a víctimas de otros delitos graves, tienen un límite anual de 10.000, pero el tiempo de espera puede superar los cinco años debido al elevado volumen de solicitudes pendientes.
Según información de ABC News, un día después de solicitarla, la ecuatoriana fue notificada por un oficial del programa de supervisión de ICE para presentarse ante una posible deportación.
Organizaciones y litigios contra la nueva ley migratoria
La posibilidad de expulsión inmediata a Ecuador, aun con solicitudes de protección en trámite, promovió acciones judiciales colectivas como la presentada el año pasado en California por el Center for Human Rights and Constitutional Law, organización de defensa legal con sede en Los Ángeles.
El grupo denuncia que, por primera vez, la política del DHS posibilita “la detención y deportación de sobrevivientes inmigrantes de delitos violentos” aun con solicitudes de visado por resolver.
“ICE ahora deporta rutinariamente a sobrevivientes de trata y delitos que tienen solicitudes pendientes de visas U y T que el Congreso creó específicamente para protegerlos de la deportación”, informó la organización en un comunicado a ABC News.
El gobierno estadounidense sostiene en sus escritos que estos ajustes buscan cumplir órdenes ejecutivas que priorizan la remoción de cualquier extranjero susceptible de ser expulsado.
El caso de Loja-Loja ilustra el impacto directo de estas políticas. Tras la negativa inicial de su petición de asilo por parte de un juez migratorio y la Junta de Apelaciones, fue incluida en un sistema de monitoreo GPS.
Pomerleau sostuvo que expulsarla antes de que se resuelva su solicitud de visa equivale a negar sus derechos procesales básicos: “Lo que vemos aquí es que las víctimas de estos crímenes están siendo nuevamente victimizadas por el gobierno”, declaró el abogado a ABC News. “Buscan refugio de los traficantes, e ICE intenta impedirles usar el proceso que el Congreso creó para ellos”.
Loja-Loja expresa temor por su familia y demanda protección
El testimonio de Loja-Loja ante ABC News resume la encrucijada en que se encuentra: “Necesito protección para mis hijas y tengo otro bebé en camino”.
Su situación queda en suspenso hasta que se resuelva el litigio y su solicitud de visa, mientras permanece bajo control judicial y la vigilancia de las autoridades estadounidenses.
