A casi tres meses del aberrante ataque que le costó la vida al suboficial Eduardo Damián López, el temor a que la causa quede sepultada bajo el manto de la impunidad crece día a día entre sus familiares, camaradas y allegados. El crimen del agente de 33 años, numerario del Comando Radioeléctrico de Roldán que cumplía servicios de policía adicional durante la final de la Liga Cañadense de Fútbol entre Atlético Carcarañá (Cremería) y Sportivo Las Parejas el pasado 28 de junio, se encuentra empantanado por dos factores críticos: un marcado pacto de silencio social por temor a represalias y una cadena de decisiones judiciales que desdibujan el avance del proceso.
En las últimas horas, Soledad Cuenca, psicóloga de la Policía de Santa Fe, difundió con el consentimiento expreso de la familia de la víctima un nuevo registro audiovisual filmado minutos después de la feroz agresión. La filmación expone con nitidez la gran aglomeración de simpatizantes, transeúntes y dirigentes que se encontraban en las inmediaciones del club al momento en que López yacía gravemente herido en el suelo. El objetivo de la publicación apunta a interpelar la conciencia colectiva para que quienes estuvieron presentes y presenciaron el ataque aporten datos verídicos ante la Fiscalía.
El peso del silencio: un solo efectivo declaró tres veces
El primer gran escollo que enfrenta el esclarecimiento del hecho radica en la reticencia generalizada de la comunidad para testificar. Pese a que el incidente se desató a la vista de decenas de personas en un evento deportivo masivo, nadie del ámbito civil se presentó espontáneamente a brindar testimonio por temor.
Hasta el momento, la reconstrucción testimonial de la golpiza descansa casi con exclusividad en la valentía de un único compañero de la fuerza, quien debió comparecer en tres oportunidades ante los estrados judiciales para declarar durante más de ocho horas continuadas. La orfandad probatoria en materia testimonial amenaza con debilitar la acusación si la sociedad no se involucra para respaldar a la víctima.
Fallas judiciales y una polémica excarcelación
El segundo eje que aproxima el caso a la impunidad está vinculado a la falta de experiencia y determinación que la querella y los allegados advierten en los actores de los Tribunales de Cañada de Gómez para ordenar medidas incisivas.
El punto de máxima indignación se desató con la decisión del juez Guillermo Lanfranco Pari, quien resolvió otorgar la libertad bajo caución a Agustina Amarilla, imputado formalmente el pasado 3 de julio junto a Julio Zalazar como presunto coautor del homicidio. A poco más de dos meses de su encierro, Amarilla continuará el proceso en libertad tras el pago de una fianza, con la sola obligación de fijar domicilio en la casa de su madre, firmar periódicamente en una comisaría y no abandonar la ciudad.
La resolución judicial desató un profundo malestar en la familia de López y fue calificada por el fiscal del caso, Juan Pablo Baños, como una medida “apresurada y contradictoria”, al considerar que existen indicios suficientes de riesgo procesal y elementos que ameritaban sostener la prisión preventiva efectiva. Desde el Ministerio Público de la Acusación ya confirmaron que apelarán el fallo de Lanfranco Pari ante la Cámara de Apelaciones.
Abandono inicial y agonía
El derrotero de la víctima tras el salvaje ataque del 28 de junio también desnudó serias negligencias en el sistema de emergencias médicas de Carcarañá. Según reveló Cuenca en su exposición, tras la golpiza fueron los propios camaradas de López quienes debieron cargarlo y trasladarlo de urgencia en un móvil patrullero hasta el SAMCo local, debido a que en el lugar no había ambulancias disponibles ni médicos de guardia pese al pedido desesperado de auxilio.
Por la gravedad del cuadro de traumatismo de cráneo, el agente debió ser derivado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde agonizó hasta que se constató su muerte cerebral irreversible.
Hoy, la familia de Damián López busca desesperadamente que la difusión del nuevo video permita localizar testigos oculares directos y reactivar una causa que se desgasta entre fallos garantistas y el miedo generalizado. Cualquier persona que pueda brindar información relevante sobre lo ocurrido esa tarde en Carcarañá debe comunicarse de inmediato con la Fiscalía Regional para evitar que el asesinato de un servidor público quede sin condenas efectivas.
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