CÓRDOBA.– Cansado de escuchar las dudas y las sospechas que le contaba su esposa, una médica del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, un ingeniero se presentó ante la Justicia. El fiscal que lo recibió fue Raúl Garzón, quien investigó junto a un equipo de trabajo conformado especialmente, la muerte de cinco bebés nacidos sanos y cómo otros ocho sobrevivieron entre marzo y junio de 2022 en ese centro de salud provincial. El juicio, histórico e inédito para el país por sus características, comienza mañana a las 9: la enfermera Brenda Agüero, acusada de cinco asesinatos más otros ocho en grado de tentativa, y diez exfuncionarios y profesionales enfrentarán a un jurado popular. Para ella, si se comprueban los delitos, solo cabe la pena de prisión perpetua.

Garzón no duda en decir a LA NACION que es la investigación “más importante en cuanto a complejidad y trascendencia social” de su carrera, que ya acumula 40 años. Por el sistema judicial cordobés, él no participará del juicio oral. Un fiscal de Cámara es quien acusa. Garzón espera “que se haga justicia por los bebés muertos, por los que viven, por las mamás y por toda la comunidad”.

El fiscal recibió al ingeniero en julio de 2022; sin embargo, no fue el primero en escuchar lo que estaba pasando, aunque sí en investigarlo. Unas semanas antes, su colega Guillermo González –sobre quien se inició una investigación administrativa– sabía del fallecimiento de, al menos, tres bebés. Lo dijo, en una declaración testimonial, Moisés Dib, director del Instituto de Medicina Forense.

Dib relató que Alejandro Escudero Salama, por entonces subdirector del Neonatal y encargado de una averiguación interna, lo contactó a través de González para “una reunión de consulta”. Agregó que en ese momento recomendó a los presentes hacer la denuncia judicial. No la realizaron.

También antes de que el ingeniero fuera a la Justicia, por una actuación policial se inició el 6 de junio de 2022 una investigación, pero en forma aislada, sin conectarla con las otras muertes. Ese día hubo una “entrega de procedimiento”, como se denomina al hecho cuando un médico no firma el certificado de defunción de un bebé porque tiene dudas. Ante esto, un policía que cumplía tareas en el hospital se presentó en la Fiscalía de Distrito 4, Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez. Al día siguiente la misma funcionaria recibió otro caso igual.

Son esas dos autopsias las que revelan que los bebés tenían un alto nivel de potasio en sangre, incompatible con la vida. No lo habían recibido por orden médica. En la instrucción de la causa se exhumaron los otros tres cuerpos y las conclusiones fueron similares, registros de potasio e insulina. A todos se les realizó doble cotejo de ADN.

El 19 de agosto de 2022 la conmoción social alcanzó su punto máximo. No solo había cinco bebés muertos, sino que se acusaba a una enfermera. Ese día se allanó la casa de Brenda Agüero en Río Ceballos, a 40 kilómetros de Córdoba, y se la detuvo. Estaba entre el personal “licenciado” por la investigación interna en el Neonatal. La imputación de Garzón era, entonces, por “homicidio calificado reiterado” en dos casos. El mismo día acusó a tres directivos del hospital, entre ellos, la directora Liliana Asís, quien llega al juicio con prisión domiciliaria.

A fines de octubre, el fiscal dictó la prisión preventiva y agravó los cargos contra la enfermera, quien siempre dijo que era inocente y que estaba presa “por saber lo que pasaba” en el hospital. Garzón le amplió la imputación de homicidio por los otros tres recién nacidos fallecidos. La acusación, con la que enfrenta el proceso oral, es por homicidio calificado por aplicar un método insidioso y por el intento de homicidio de los ocho bebés sobrevivientes.

Por primera vez en la Justicia de Córdoba, se aplicó la perspectiva del niño recién nacido; es decir por ser los “seres más vulnerables”.

En algunos tramos de la acusación se revela cómo habría actuado Agüero: “Habría inoculado a bebés recién nacidos, de pocas horas de vida, de forma oculta y aprovechándose de su profesión como enfermera que le permitía tener contacto con los recién nacidos, incluso en presencia de sus padres, sin generar sospecha alguna, obteniendo de ellos la confianza propia por su actividad”.

Desde que fue detenida, la mujer, de 29 años, está en la cárcel de Bouwer. Cambió varias veces de abogados; los que la defienden en el proceso son ahora Gustavo Nievas (exfiscal condenado por coimas) y Juan Manuel Rivero. La defensa, entre los diferentes argumentos que esgrime, incluye el de la existencia de medicamentos vencidos en el Neonatal. Para los investigadores no es un factor que impacte en la causa; si bien puede dar lugar a otra, no le ven conexión con la muerte de los bebés.

En mayo pasado, el juez de Control Juan Manuel Fernández López confirmó la elevación a juicio de la enfermera con la acusación realizada por el fiscal. La imputación se fundamenta en el resultado del peritaje multi e inter disciplinario que determinó que hubo asesinatos en serie y que “el o la” persona que los realizó pudo actuar en soledad; también destacó el “conocimiento específico” que se necesitó para la mecánica utilizada para matar.

La sustancia que le habría sido administrada a las criaturas es potasio y en cantidades que son “letales para todo ser humano, más aún para bebés de horas de vida”, señala la elevación a juicio de la causa y subraya que las víctimas estaban “absolutamente indefensas, vulnerables, y no tuvieron ninguna oportunidad de resistirse”.

Los peritajes también dieron cuenta de que “se observaron eventos, lesiones y análisis de laboratorio que no tienen sustento médico justificado para que sean de causa natural y sin participación de un tercero”.

Sin antecedentes

No hay antecedentes en la Argentina de un juicio como el que comienza. La historia del Neonatal es muy similar a la de Lucy Letby, la enfermera británica de 33 años condenada en 2023 por el asesinato de siete bebés recién nacidos y el intento de asesinato de otros seis en el hospital especializado en el que trabajaba con bebés enfermos y prematuros. El caso llegó en forma de serie a la plataforma Netflix.

En el país, lo más parecido es el caso de Pablo Grottini, quien en junio fue condenado por el homicidio de su madre y absuelto, por el beneficio de la duda, por la muerte de su hermano y su hija. Para la Justicia fue quien “con un método insidioso” le inyectó una dosis letal en el suero que tenía su madre internada.

Si se comprueban las acusaciones contra Agüero, su actuación como “asesina serial” se ajusta a las características de esa definición en Estados Unidos: tener el mismo patrón de actuación, el mismo perfil de víctimas. En la Argentina se le suele aplicar esa calificación a quienes son autores de crímenes “múltiples” (varios, pero no iguales).

En la sala de audiencias de la Cámara Séptima del Crimen hay espacio para 111 personas. Las primeras filas son para los acusados. Además de Agüero y Asís, estarán el exministro de Salud provincial Diego Cardozo y quien era su segundo, Pablo Carvajal; Alejandro Gauto, exdirector de Legales del ministerio; Alejandro Escudero Salama, exsubdirector administrativo; Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología; Claudia Ringelheim, exsubdirectora administrativa; Alicia Ariza, exjefa de Enfermería, y las médicas Adriana Moralez y Claudia Luján.