El gobierno de Maximiliano Pullaro intenta mostrar resultados en uno de los temas más sensibles de la agenda pública: las amenazas a escuelas. Con datos propios, la administración provincial asegura que los casos disminuyeron de manera considerable desde que comenzó a aplicar una política de sanciones económicas a las familias de menores involucrados. Pero detrás de ese relato de eficacia, empieza a asomar una discusión más profunda: si lo que se está construyendo es una solución real o apenas una estrategia de impacto político.
La explicación oficial, en boca de Virginia Coudannes, es directa: menos llamados, más castigo. De cifras que superaban las 70 amenazas diarias, el Gobierno habla hoy de una reducción a poco más de una decena. La receta, según plantean, fue clara: expedientes, intimaciones y el traslado de los costos operativos a los responsables. “El que las hace, las paga”, repiten.
Si bien las amenazas a escuelas constituyen hechos graves que requieren respuestas institucionales, el debate se instala cuando la política pública se apoya casi exclusivamente en el castigo. En ese sentido, distintos sectores advierten que la utilización de sanciones ejemplificadoras puede estar más orientada a producir impacto social que a resolver el problema de fondo.
El castigo como espectáculo
El problema no es la necesidad de sancionar conductas graves. El problema es cuando la sanción se convierte en espectáculo. Intimaciones millonarias, anuncios rimbombantes y una narrativa de mano dura que busca instalar orden, pero que en los hechos parece más pensada para generar impacto que para resolver el problema de fondo.
Porque hay una pregunta incómoda que el discurso oficial evita: ¿realmente se redujeron las amenazas o simplemente se redujo lo que se muestra?
En un contexto donde ya existen cuestionamientos sobre la veracidad y el recorte de la información en materia de seguridad, confiar ciegamente en estadísticas oficiales sin posibilidad de verificación independiente resulta, como mínimo, riesgoso. La experiencia reciente indica que muchas veces la realidad que se vive en la calle no coincide con los números que se comunican.
De ciudadanos a deudores
La política que impulsa el Gobierno introduce además un cambio de lógica preocupante: transformar conflictos sociales en deudas económicas. La ecuación es simple y peligrosa a la vez: cada problema, una factura; cada intervención estatal, un costo a recuperar.
Hoy el foco está puesto en familias de menores que realizaron amenazas. Mañana, la misma lógica puede extenderse a cualquier otra situación: protestas, cortes de calle, movilizaciones o incluso conflictos cotidianos. Cuando el Estado empieza a comportarse como una agencia de cobro antes que como garante de derechos, la frontera institucional se vuelve difusa.
Menores en el centro de una política de impacto
El caso se vuelve aún más delicado cuando involucra a menores. Lejos de priorizar herramientas pedagógicas, de contención o de prevención, la respuesta se apoya en sanciones económicas de magnitud que difícilmente puedan ser absorbidas por las familias.
La señal es clara: disciplinar a través del castigo. Pero esa lógica, aplicada sin matices, no corrige conductas estructurales ni aborda las causas que originan estos hechos. Solo desplaza el problema y construye una imagen de autoridad.
Gobernar para la foto
El Gobierno necesita mostrar resultados y lo hace con medidas que generan titulares. La baja de amenazas aparece como un logro, pero sostenido sobre un esquema que privilegia la visibilidad política por sobre la construcción de políticas públicas integrales.
El riesgo es que lo excepcional se convierta en regla. Que lo que hoy se aplica en un contexto de alta sensibilidad social se naturalice y se extienda a otros ámbitos. Y que, en ese camino, el Estado deje de ser un actor que previene y acompaña para transformarse en uno que sanciona y factura.
La pregunta de fondo ya no es cuántas amenazas hubo o dejaron de existir. La verdadera discusión es qué tipo de Estado se está construyendo en Santa Fe: uno que resuelve conflictos o uno que los convierte en oportunidades para exhibir poder.
