Después de más de dos años de enfrentamientos, descuentos, presentismo, aumentos por decreto y una reforma previsional resistida por los trabajadores, la docencia santafesina parece haber encontrado una respuesta al modelo de conducción de Maximiliano Pullaro: dar clases y protestar después. Lo ocurrido en Venado Tuerto mostró una modalidad capaz de neutralizar una de las principales herramientas del Gobierno para disciplinar el conflicto gremial. Las escuelas pueden permanecer abiertas, pero los docentes también pueden estar en la calle cuando llega el Gobernador. Detrás aparece una discusión más profunda sobre las formas de una gestión que hizo de la autoridad, la verticalidad y la imposición de decisiones algunas de sus principales características políticas.
Maximiliano Pullaro puede descontar un día de paro. Puede quitarle a un docente el premio por Asistencia Perfecta. Puede cerrar una discusión salarial mediante un decreto después de que los trabajadores rechazaron la propuesta. Puede apoyarse en una enorme mayoría legislativa para avanzar con reformas que considera necesarias. Lo que no puede decretar es que desaparezca el descontento. Y eso es precisamente lo que empieza a quedar expuesto en diferentes puntos de Santa Fe.
La protesta docente realizada durante la visita del Gobernador a Venado Tuerto dejó una fotografía incómoda para la Casa Gris: trabajadores que encontraron una manera diferente de hacer escuchar sus reclamos sin necesariamente cerrar las escuelas ni pagar el elevado costo económico que la administración provincial consiguió asociar a las huelgas.
La fórmula es elemental: dar clases y después ir a esperar a Pullaro.
El Gobierno puede mostrar las aulas abiertas. Los docentes pueden mostrar sus carteles. Y la sociedad puede escuchar las dos versiones.
El conflicto que Pullaro nunca pudo cerrar
Desde que asumió, la relación entre el Gobierno provincial y buena parte de la docencia estuvo atravesada por una confrontación permanente. No se trata solamente de salarios.
Aparecieron el regreso del presentismo bajo la denominación de Asistencia Perfecta, los descuentos por huelga, la reforma previsional, los cuestionamientos por vacantes y traslados, las diferencias sobre jubilaciones y, nuevamente, una discusión paritaria que terminó con el Ejecutivo imponiendo mediante decreto el incremento rechazado por los sindicatos.
El Gobierno puede considerar que administrativamente esos temas están resueltos. Políticamente, evidentemente no.
Porque existe una diferencia sustancial entre cerrar una paritaria y cerrar un conflicto. Pullaro consiguió lo primero. No parece haber conseguido lo segundo.
Cuando negociar empieza a parecerse demasiado a comunicar una decisión
Ahí aparece uno de los principales cuestionamientos que pueden formularse a las formas de esta gestión.
Una paritaria supone negociación. Negociar significa que dos partes llegan con posiciones diferentes, discuten y eventualmente modifican sus propuestas para encontrar un acuerdo. Cuando una propuesta rechazada termina aplicándose igualmente por decisión unilateral del Ejecutivo, el sindicato naturalmente empieza a preguntarse para qué sirve sentarse a negociar.
Eso es precisamente lo que Amsafe viene cuestionando. El problema excede incluso al porcentaje salarial. Es el método. El Gobierno propone, el gremio rechaza y finalmente el Gobierno dispone.
Formalmente puede hacerlo dentro de las herramientas que considera disponibles. Pero políticamente semejante dinámica deteriora inevitablemente el valor de la negociación colectiva. Y después de repetirla, resulta difícil pedirles a los trabajadores que perciban la mesa paritaria como un verdadero espacio de construcción de consensos.
Asistencia Perfecta: premio para unos, disciplinamiento para otros
Pullaro encontró además una herramienta particularmente eficaz frente a los paros docentes.
Asistencia Perfecta fue presentada por la Provincia como un reconocimiento económico a quienes concurren regularmente a trabajar.
El Gobierno reivindica sus resultados y la vincula con la disminución del ausentismo y el objetivo de garantizar continuidad educativa. Pero existe otra cara.
Para los trabajadores que adhieren a una huelga, el costo económico dejó de limitarse al día descontado. La consecuencia sobre ese adicional aumenta sensiblemente el precio individual de participar de una medida gremial.
Desde el sindicalismo se interpreta como una herramienta de disciplinamiento. Y ahí los docentes parecen haber encontrado la hendija. Si protestar durante el horario escolar implica perder una parte importante del ingreso, la protesta puede trasladarse al horario en que Pullaro llega a una ciudad.
Venado Tuerto puede haber marcado un camino
Eso explica por qué lo ocurrido en Venado Tuerto tiene una dimensión superior a una manifestación aislada.
Amsafe General López convocó a los docentes para visibilizar sus reclamos durante la presencia del Gobernador en la ciudad. El gremio mantiene cuestionamientos salariales y también denunció descuentos relacionados con medidas de fuerza y Asistencia Perfecta.
El destinatario del reclamo ya no necesita estar detrás de las ventanas de la Casa Gris. Puede ser encontrado en el territorio. Y Pullaro recorre permanentemente el territorio. Allí aparece una paradoja interesante.
Una de las principales fortalezas comunicacionales del Gobernador —su presencia constante en ciudades y pueblos— puede convertirse también en una oportunidad permanente para quienes pretenden protestar contra su administración.
Cada acto puede ser una tribuna oficial, pero también una manifestación.
No hay descuento posible para un cartel después de trabajar
La diferencia es enorme. Frente a un paro, el Gobierno dispone de herramientas administrativas y salariales. Frente a un docente que cumplió su jornada laboral y posteriormente decide manifestarse pacíficamente, la respuesta estatal tiene límites mucho más evidentes.
No se puede descontar el día. No puede atribuirse la protesta a una escuela cerrada. No hay padres preguntándose qué hacer con sus hijos porque no hubo clases. Queda solamente el reclamo. Y allí la discusión se vuelve mucho más incómoda para el Gobierno porque desaparece buena parte de la argumentación que utilizó para confrontar con los gremios.
Hay que hablar de salarios. De jubilaciones. De condiciones laborales. Y de por qué, después de más de dos años de gestión, una parte de los docentes continúa sintiendo que perdió frente a las políticas provinciales.
Pullaro y una concepción vertical del poder
Pero sería un error analizar este conflicto exclusivamente como un problema entre el Ministerio de Educación y Amsafe. Existe una discusión política mayor alrededor del estilo Pullaro.
El Gobernador construyó una administración caracterizada por la velocidad de las decisiones, una conducción fuertemente centralizada y una enorme capacidad para ordenar políticamente a su coalición.
Para sus seguidores, eso significa liderazgo. Para sus críticos, empieza a parecerse demasiado a verticalismo. La diferencia entre ambas cosas depende muchas veces de cuánto espacio queda disponible para quien piensa diferente. Y allí aparecen preguntas legítimas:
. ¿Qué valor tiene una negociación si la decisión termina aplicándose aunque la contraparte la rechace?
. ¿Qué margen poseen los socios políticos para modificar decisiones centrales?
. ¿Qué lugar ocupa la oposición cuando el oficialismo dispone de una mayoría capaz de sancionar prácticamente por sí mismo sus principales reformas?
. ¿Qué capacidad tienen sindicatos, organizaciones profesionales y otros sectores de incidir verdaderamente en políticas que los afectan?
La democracia no termina contando votos dentro de una Legislatura. También requiere escuchar.
No son solamente los docentes
El malestar tampoco quedó limitado al sistema educativo.
Durante estos años aparecieron conflictos con empleados estatales, jubilados, sectores judiciales y organizaciones profesionales.
Incluso la Corte Suprema provincial intervino recientemente en discusiones derivadas de la reforma previsional: declaró inconstitucional el tope jubilatorio en uno de los casos analizados, mientras otras controversias continuaron abiertas por diferentes vías judiciales.
Eso no significa que todos esos sectores integren una oposición común ni permite afirmar que exista una persecución generalizada ordenada desde el Ejecutivo. Pero la repetición de conflictos obliga, como mínimo, a preguntarse por las formas.
Cuando tantos actores diferentes denuncian unilateralidad, falta de diálogo o avasallamiento, un Gobierno seguro de sus argumentos debería preguntarse si todos están equivocados o si existe algo en su propia manera de ejercer el poder que merece ser revisado.
El periodismo crítico también merece garantías
Ese debate adquiere especial importancia cuando se habla del periodismo. Un gobierno democrático debe aceptar que existan periodistas y medios incómodos. Incluso profundamente críticos.
La pauta oficial, el acceso a la información, las conferencias de prensa y la relación institucional con los medios nunca deberían convertirse en premios para quienes acompañan ni castigos para quienes cuestionan.
Recientemente incluso aparecieron objeciones legislativas a un proyecto sobre “discursos de odio” por el temor de que definiciones demasiado amplias puedan alcanzar expresiones críticas contra el Gobierno. Es una advertencia política que merece discusión precisamente porque las herramientas sancionatorias del Estado requieren límites particularmente precisos.
Una administración convencida de sus resultados no debería temerle a una pregunta incómoda. Debería responderla.
Las redes rompieron parte del cerco
Ahí aparece otro elemento importante de lo ocurrido con las protestas docentes.
Las redes sociales permiten que una manifestación que antes podía quedar circunscripta a una plaza del interior llegue en minutos a Rosario, Santa Fe y cualquier otra localidad.
Los videos de trabajadores esperando al Gobernador tienen una característica particularmente poderosa: no necesitan demasiada explicación. La imagen disputa directamente con la comunicación oficial.
De un lado puede aparecer la inauguración, la obra o el discurso. Del otro, docentes con carteles reclamando salarios. Ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente. Y ninguna pauta publicitaria garantiza que una consiga borrar a la otra.
Autoridad no significa obediencia
Pullaro construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de autoridad. La utilizó en seguridad. En educación. En el manejo del Estado. Y en la relación con diferentes sectores.
Pero existe una frontera que cualquier gobierno democrático debería vigilar cuidadosamente. Autoridad no significa obediencia.
Un gobernador tiene derecho a gobernar. No tiene derecho a esperar que sindicatos, opositores, periodistas, jueces o ciudadanos estén de acuerdo.
La fortaleza democrática de una administración no se mide solamente por cuántas leyes consigue aprobar o cuántos legisladores consigue ordenar. También se mide por cuánto disenso puede tolerar sin intentar deslegitimarlo.
Los docentes cambiaron las reglas
Por eso Venado Tuerto puede terminar siendo más importante de lo que parece. Después de dos años de confrontación, los docentes entendieron que podían modificar el terreno de juego. Si el Gobierno convirtió el paro en una medida demasiado costosa, ellos pueden elegir otra.
Trabajan. Dan clases. Cumplen el horario. Y después protestan.
La Casa Gris pierde entonces su argumento más potente: “los chicos se quedaron sin clases”.
Porque los chicos tuvieron clases. Y sus maestros igualmente salieron a reclamar.
Una protesta que Pullaro no puede cerrar por decreto
Esa puede ser la principal conclusión política. Pullaro demostró durante estos años que tiene poder. Tiene conducción. Tiene legisladores. Tiene una coalición disciplinada. Tiene herramientas administrativas. Y tiene una enorme capacidad para imponer su agenda.
Pero hay algo que ningún gobernador puede conseguir solamente acumulando poder institucional: que una sociedad deje de reclamar porque él decidió que la discusión terminó.
Las paritarias pueden cerrarse por decreto. Los días de huelga pueden descontarse. Los premios pueden condicionarse a la asistencia. Las leyes pueden aprobarse utilizando una mayoría legislativa. Pero el descontento no se deroga. Y ahora los docentes parecen haber encontrado una forma especialmente incómoda de demostrarlo.
No necesitan dejar las aulas vacías. Pueden dar clases por la mañana y esperar al Gobernador por la tarde.
Pullaro podrá seguir recorriendo Santa Fe mostrando obras, inauguraciones y gestión. Los docentes también podrán estar allí. Con sus carteles. Con sus reclamos. Y con una pregunta que después de más de dos años empieza a trascender el conflicto salarial: si el Gobierno está tan convencido de representar el consenso de los santafesinos, ¿por qué parece costarle tanto convivir con quienes se animan a decirle que no?
