La noche del último viernes, un incidente en la urbanización Santa Margarita, en Piura, sacudió la calma de la zona y llevó a que uno de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fuera intervenido por sus propios colegas. Según la denuncia policial, José Humberto Velásquez Céspedes, comandante de la institución y jefe de la Oficina de Administración de la Región Policial Piura, fue detenido tras ser señalado por presunta violencia familiar.
La intervención ocurrió cerca de las 11 de la noche, cuando efectivos de la comisaría de Veintiséis de Octubre acudieron al lugar tras recibir una llamada telefónica alertando sobre un posible caso de violencia doméstica. En el condominio señalado, los agentes encontraron a una mujer de 33 años, quien declaró haber sido agredida físicamente por el agente policial, con quien mantenía una relación de pareja.
Según las declaraciones de la víctima a las autoridades, las agresiones habrían consistido en golpes en distintas partes del cuerpo. Durante la intervención, los agentes constataron que la mujer presentaba lesiones visibles, además de encontrarse bajo los efectos del consumo de alcohol. Frente a estos indicios, detuvieron al comandante, trasladándolo a la comisaría de Veintiséis de Octubre.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, cuyo representante de turno ordenó las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.
Escenario preocupante en Piura
La situación se inscribe en un contexto regional alarmante. Datos recientes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura muestran que, en lo que va del año, se registraron 12.496 atenciones por casos de violencia contra la mujer, superando el total de atenciones realizadas en 2023, que ascendieron a 11.724.
Los informes señalan que, de estas atenciones, 7.010 fueron realizadas en establecimientos de salud y 5.486 en Centros de Salud Mental Comunitarios. Las estadísticas revelan además que el 35,7 % de las víctimas son mujeres adultas, seguidas por jóvenes, niñas, adolescentes y adultas mayores.
Otro caso de agresión ocurrido en La Molina
Un nuevo caso de presunta violencia familiar involucra al efectivo policial Jordan Álvarez Medina, señalado por su expareja de agredirla físicamente en repetidas ocasiones e incluso intentar asfixiarla. La denunciante, quien pidió justicia tras interponer tres denuncias en su contra, narró que los hechos ocurrieron en su vivienda y que las agresiones habrían incluido golpes, amenazas y la privación de su libertad momentáneamente.
Según su relato, el primer episodio ocurrió cuando el agente policial llegó a su domicilio exigiendo ingresar. “Esto fue lo que ocurrió: me agarró, me empujó sobre el sofá, me dio cachetadas y me sujetó del cuello intentando asfixiarme. Sentí cómo me quedaba sin aire, y como él mismo vio que comenzaba a ponerme morada, al borde de no poder respirar, finalmente me soltó. Sin embargo, al verme en ese estado, llorando y paralizada por los nervios, empezó a amenazarme. Me dijo que, si no llevaba a mi hijo al hospedaje o al hotel que él quería, iba a regresar y que las cosas serían aún peores, que lo ‘iba a conocer’”, señaló la denunciante.
La víctima indicó que, tras este primer incidente, interpuso una denuncia en la comisaría de La Molina, donde presentó capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp como prueba. En las conversaciones, Álvarez habría admitido estar en su domicilio y efectuado amenazas. Sin embargo, según la mujer, los agentes policiales no consideraron estas pruebas suficientes para proceder con la detención del acusado. Aseguraron que era necesario que los hechos fueran presenciados por los agentes en el momento de la agresión, lo que generó frustración en la denunciante.
La mujer explicó que, en situaciones de violencia, no siempre es posible llamar a las autoridades. Mencionó que el agente policial le quitó el celular al entrar a su vivienda para impedir que pidiera auxilio, intentando además eliminar las capturas que ella guardaba como evidencia de las amenazas. En su testimonio, aseguró que durante estos episodios, el agresor llegó a tomar a su hijo para intentar ejercer mayor control sobre ella.
Violencia dentro de la institución policial
El caso de Velásquez no es aislado dentro de la PNP. Según un informe reciente del Tribunal de Disciplina del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de este año se sancionó a 86 policías por maltratar a sus familiares, y otros cuatro fueron apartados por agresiones sexuales. Desde 2020, el tribunal ha revisado 366 expedientes vinculados a denuncias de violencia familiar y sexual.
Entre los casos mencionados destaca el del suboficial Harry Trigozo Rodríguez, denunciado en febrero por su expareja en Tarapoto. La mujer señaló haber sido insultada y golpeada en múltiples ocasiones, lo que fue corroborado por un certificado médico-legal. El agente policial fue detenido en flagrancia y suspendido por seis meses mientras avanzan las investigaciones fiscales.
Otro caso similar es el del suboficial Stefano Rodríguez Barboza, quien enfrentó una suspensión de igual duración tras una denuncia presentada en mayo. Según el expediente, Rodríguez habría agredido físicamente a su pareja y se llevó a su hijo tras el incidente. En ambos casos, la evidencia de las lesiones fue certificada por médicos legistas.
La detención del comandante Velásquez y los datos recientes reflejan una problemática interna en la institución policial. Si bien se realizan procesos disciplinarios, los cuestionamientos persisten sobre los mecanismos de prevención y sanción aplicados a quienes están encargados de velar por la seguridad y protección de los ciudadanos.
Canales de ayuda
En Perú, las personas que sean víctimas de violencia de género pueden denunciar a través de los siguientes números de emergencia:
- Línea 100: Servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas, que ofrece información, orientación y soporte emocional.
- 911: Número de emergencia general para situaciones urgentes que necesiten intervención policial.
- Centro de Emergencia Mujer (CEM): Brindan asesoría legal y apoyo psicológico. Las personas pueden acudir a sus oficinas a nivel nacional para recibir atención.