El Congreso de la República ha puesto en agenda una serie de proyectos de ley que podrían redefinir la regulación de la minería hasta la lucha contra la corrupción y el impacto ambiental de la publicidad.
En primer lugar, está el Proyecto de Ley 2172-2021-CR, impulsado por el congresista José Williams Zapata (Avanza País – Partido de Integración Social), que tiene como objetivo la creación de una comisión multisectorial destinada a fomentar el desarrollo social y económico en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno.
La propuesta se enfoca en una problemática crítica: la minería. Con esta, se busca formalizar las actividades mineras, prohibir la minería ilegal y recuperar los ecosistemas dañados por la explotación desregulada.
Aunque el proyecto introduce un nuevo plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado de ser utilizado por mineros ilegales para disfrazarse de informales, eximiéndolos de cualquier proceso penal para operar con impunidad.
En esa línea, cabe recordar también, que, el pasado 17 de julio, el Ministerio de Energía y Minas presentó un nuevo “Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” (MAPE) para reemplazar la Ley N.º 27651 del 2022. Esto a fin de unificar las reglas sobre la minería artesanal y de pequeña escala en una sola ley.
Específicamente, tiene como objetivo resolver los problemas que han impedido que los mineros artesanales y de pequeña escala se formalicen adecuadamente a través de un sistema nacional para centralizar toda la información sobre estas actividades y realizar un censo para obtener datos precisos sobre los mineros y sus condiciones de trabajo.
También plantea cambios en la gestión ambiental, simplificando la certificación ambiental para la minería artesanal mediante una Declaración de Impacto Ambiental más sencilla.
Buscan debilitar lucha contra corrupción y crimen organizado
Por otro lado, el Proyecto de Ley 3577-2022-CR, impulsado por el parlamentario Jorge Figari Morante (Fuerza Popular), quiere cambiar el Decreto Legislativo 1373, que regula la confiscación de bienes obtenidos de actividades ilegales, como la minería ilegal.
Este cambio podría debilitar las reglas actuales sobre cómo se confiscan esos bienes. Pues, especialistas en materia ambiental, entre ellos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), sostienen que la extinción de dominio es importante para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, ya que permite al Estado incautar bienes obtenidos de delitos.
La propuesta podría hacer que sea más difícil para el sistema judicial usar esta herramienta de forma efectiva, afectando la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado y asegurar justicia.
Alistan derogación de única ley contra contaminación lumínica
Por último, el Proyecto de Ley 7390-2023-CR, impulsado por la congresista Elva Julón Irigoín (Alianza Para el Progreso), que se centra en la industria de la publicidad exterior, proponiendo la derogación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica.
Como se explicó en una nota anterior publicada por este medio, esta ley regula el impacto de la publicidad exterior en la calidad visual del entorno urbano y busca minimizar la contaminación lumínica.
En ese sentido, la derogación de esta normativa podría permitir una expansión sin restricciones de la publicidad exterior, lo que aumentaría el deslumbramiento y la contaminación lumínica en las ciudades. Aunque esta medida podría beneficiar a las empresas de publicidad al facilitar la colocación de anuncios y mejorar sus ingresos, también plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente urbano.
Pues, la calidad del entorno visual y la salud pública podrían verse afectadas negativamente por un aumento desmedido en la publicidad exterior.