El Consejo de Estado tomó la decisión de admitir una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro, relacionada con la controvertida adquisición del software espía Pegasus. La petición fue presentada por la veeduría ‘Antioqueños por Colombia-Abogados por la verdad’ y busca que el presidente aclare ante la opinión pública si alguna de las instituciones de la fuerza pública realizó efectivamente la compra del mencionado software.
El consejero José Roberto Sáchica fue el encargado de admitir esta acción judicial. En el texto de la solicitud, se exige que tanto los ministros del Gobierno actual como los de la administración anterior proporcionen explicaciones claras y desmientan cualquier información sobre la utilización del software Pegasus. Esto es particularmente relevante dado que fue el propio presidente quien, en una alocución televisada el 4 de septiembre, informó al país sobre los detalles de la supuesta adquisición.
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Además, se plantea que, en caso de que se confirme que no hubo compra, el presidente Petro debería retractarse de sus afirmaciones previas. En una alocución dedicada al polémico software espía Pegasus, el presidente Gustavo Petro planteó inquietudes significativas sobre su adquisición, sugiriendo que se había realizado con 11 millones de dólares en efectivo a través de la firma israelí NSO Group. Según Petro, la compra ocurrió durante la administración de Iván Duque, en el contexto del estallido social de 2021.
El presidente afirmó que la información que lo llevó a hacer tales declaraciones provenía de una comunicación confidencial recibida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). En su discurso, expresó: “¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales hacia Israel para comprar un ‘software’ que espía comunicaciones privadas y políticas? Quizás durante meses la información del principal partido de la oposición en ese momento, que terminó siendo la primera fuerza política del país, con su candidato presidencial, ahora presidente, fue transmitida”.
La demanda sostiene que, “conforme a los hechos de la demanda de tutela aquí descrita, existe la prueba suficiente de haberse incurrido en un delito de injuria y calumnia, delito regulado en el Código Penal Colombiano, sin tener pruebas contra el expresidente Iván Duque y quienes fueron ministros de defensa y directores de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), a quienes se les imputa presuntamente el pago de 11 millones de dólares en efectivo por la adquisición del software Pegasus”.
Aunque aún no se había emitido un fallo definitivo, esta nueva acción se suma a una serie de controversias que el presidente Petro había enfrenta en el Consejo de Estado, relacionadas con su libertad de expresión. Entre estas se encontraban comentarios sobre Enrique Vargas Lleras y la Nueva EPS, así como su referencia a quienes en ocasiones habían gritado “fuera Petro” en plazas públicas, tildándolos de “asesinos”.
El director de la Uiaf confirmó que existen pruebas financieras de la adquisición
Luis Eduardo Llinás, que se desempeña como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), confirmó que el Gobierno colombiano contaba con evidencias que respaldaban la existencia de una transacción realizada en 2021. Según Llinás, esta transacción se llevó a cabo desde una entidad gubernamental hacia un banco en Israel, con el propósito de adquirir el software de espionaje Pegasus. “Es un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel donde nos reporta que hubo una transacción”, explicó el funcionario.
El software Pegasus, desarrollado por una empresa privada israelí, fue comercializado a través del Ministerio de Defensa de Israel y fue adquirido por al menos 50 países. Sin embargo, su uso generó controversia, dado que en numerosas ocasiones fue utilizado para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos.
A pesar de la polémica, Llinás afirmó que el presidente Petro no había violado ninguna ley al hacer públicas las informaciones relacionadas con Pegasus. Esta revelación tuvo lugar durante una alocución del presidente en septiembre, donde se discutieron los detalles sobre la supuesta compra del software. Sin embargo, la situación tuvo repercusiones. Debido a la lectura de una carta confidencial de la Uiaf, el Gobierno colombiano enfrentó la suspensión del grupo Egmont, una asociación internacional compuesta por más de 170 países que comparten información financiera para fines de inteligencia y contrainteligencia.