La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de Francisco Ricaurte, expresidente del alto tribunal, y de Gustavo Malo, exmagistrado de la misma corte, por el entramado de corrupción conocido como ‘Cartel de la Toga’.
Ricaurte tendrá que pagar 16 años y 5 meses de prisión; en cuanto a Gustavo Malo, el exmagistrado tendrá que cumplir con 9 años de cárcel.
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El expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue encontrado culpable por haber interferido a cambio de coimas por los procesos que se adelantaban en el tribunal contra Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, por ‘parapolítica’, así como los exgobernadores de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, y Córdoba, Alejandro Lyons, por otros delitos.
Carlos Roberto Solórzano, magistrado ponente del caso, informó en una audiencia de sustentación que se llevó a cabo en 2024, indicó que con las coimas “conseguía y utilizaba información privilegiada, retardaba los trámites y alteraba evidencias para obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que denominaba ‘clientes’ que eran en realidad beneficiarios del tráfico de influencias”.
Al momento de los hechos, Francisco Ricaurte ya no hacía parte de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo compartía oficina con con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, nombrado por el entonces jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez..
Luis Gustavo Moreno pidió coimas al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons —acusado por corrupción— para que las autoridades no adelantaran los procesos correspondientes en su contra. Así las cosas, el atlanticense viajó a Miami, Estados Unidos, en compañía del abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, con el fin de encontrarse con Lyons y que este hiciera la entrega del dinero.
Este procedimiento se habría efectuado dentro de un centro comercial de la ciudad y, posteriormente, las autoridades norteamericanas recopilaron las pruebas necesarias contra ambos hombres. La respuesta de los organismos encargados fue emitir una circular roja de Interpol, razón por la que Moreno y Pinilla Gómez fueron capturados por funcionarios del CTI el 27 de junio de 2017 a su llegada a Bogotá.
Así las cosas, ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, utilización indebida de información privilegiada, así como cohecho. Además, teniendo en cuenta que el traslado del dinero se llevó a cabo en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas pidieron en extradición al entonces director nacional anticorrupción.