Tras los despidos y la no renovación de contratos de decenas de trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, inaugurado en 2008 en el predio de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA, Av. del Libertador 8151), que durante la dictadura militar fue un centro de detención clandestino, crecen los reclamos de artistas, curadores, críticos de arte y representantes de organismos de derechos humanos. El Conti posee una valiosa colección de obras donadas por artistas como León Ferrari, Ricardo Carpani, Carlos Alonso, Juan Carlos Distéfano, Diana Dowek, Antonio Seguí, Adolfo Nigro, Carlos Gorriarena, Roberto Elía y Luis Felipe Noé, entre muchos otros.
Esta tarde, a las 14, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un “Banderazo”; además de “despidos masivos”, denuncian “crueldad, extorsiones, persecución y violencia” en la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del exjuez Alberto Baños. Para visibilizar la protesta, se colgarán banderas en las rejas del predio y hablarán trabajadores despedidos de diferentes áreas. El centro cultural, que lleva el nombre del escritor secuestrado y desaparecido Haroldo Conti (en 2025 se conmemoran los cien años de su nacimiento), permanece cerrado al público durante enero y el personal se halla en “guardia pasiva”, según explicó a LA NACION el funcionario a cargo.
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El sábado pasado, se realizó el festival de antorchas Una Memoria que Arde, con la participación de representantes de organismos de derechos humanos, músicos, escritores y artistas, al que concurrieron que asistieron unas quince mil personas. El Conti abarca distintas disciplinas de trabajo. Se hacen obras de teatro, danza y música. Hay salas de artes visuales, una fotogalería y una biblioteca especializada en derechos humanos y memoria, con un gran acervo de libros.
En diálogo con LA NACION, Nana González, delegada de ATE, dijo que el plan de retiro voluntario del Gobierno había sido “extorsivo porque a quienes no adhirieron los echaron; no fue voluntario” y que desde su llegada a la Secretaría Baños efectuó denuncias penales a los delegados gremiales, hizo filmar asambleas de trabajadores y “llenó de policías la Secretaría de Derechos Humanos, que antes no estaban”. Baños y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona fueron denunciados por ATE ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informaron.
“Es todo mentira”
Baños respondió las consultas de este diario. “Es todo mentira”, dijo, y agregó que la nueva programación del Conti, en reestructuración según había declarado a LA NACION el 31 de diciembre, será publicada “una vez que esté”. El funcionario había advertido que la programación cultural no se enfocaría exclusivamente en el terrorismo de Estado. El viernes pasado, coordinadores de las áreas que no se habían desmantelado en el Conti (como las de educación y montaje) se reunieron con Baños.
Por otro lado, se denunció el “vaciamiento” a causa del despido (o la no renovación de contratos) de los ocho trabajadores del Espacio para la Memoria Virrey Cevallos (Virrey Cevallos 630). El próximo lunes, a las 18, se hará una asamblea abierta en lo que también fue un centro clandestino de detención y tortura. El Faro de la Memoria, en Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, también resultó afectado por los despidos.
Agrupaciones como Curadorxs en Diálogo y la Asociación Argentina de Críticos de Arte difundieron comunicados en los que expresaron su preocupación por la situación del Conti y su solidaridad con los trabajadores. Ayer se sumó otro de Nosotras Proponemos. “Como comunidad de artistas expresamos nuestra preocupación y alarma ante el desmantelamiento de la ex ESMA y sus espacios de memoria que está sucediendo”, comienza el comunicado que se puede leer en la cuenta de Instagram @nosotrasproponemos.
Además, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció el retiro de las dos placas ubicadas en el Salón de los Derechos Humanos del Palacio de Tribunales donde se realizó el Juicio a las Juntas, en 1985. LA NACION pudo saber que, en los próximos días, directores de museos internacionales elevarían una carta a las autoridades del Gobierno, en reclamo por los espacios de memoria.