La primera semana de diciembre estuvo marcada por una preocupante ola de violencia en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare. Estos departamentos fueron escenario de masacres, desplazamientos masivos y secuestros, lo que ha generado alarma entre las autoridades y la ciudadanía.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió un llamado a los grupos armados para que respeten los principios de proporcionalidad y distinción hacia la población civil, recordando la obligación de proteger a las comunidades ajenas al conflicto.
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Asimismo, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, instó al Gobierno nacional a reactivar las mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de alias Calarcá, como medida urgente para buscar una salida negociada a la crisis.
“Las estructuras organizadas están generando graves vulneraciones a los derechos humanos, afectando profundamente a las comunidades de estos departamentos y de otras regiones del país”, expresó Marín Ortiz en un comunicado.
Sobre las masacres
En el departamento de Cesar, el jueves 24 de octubre, el ELN secuestró a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor Central, incluyendo a un menor de edad, según informó la Defensoría del Pueblo.
Tras desarmarlos, los trasladaron a un destino desconocido, y hasta la fecha no se tiene información sobre su situación actual. Este incidente es parte de una serie de eventos violentos que han sacudido al país en los últimos meses.
En el municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, se registraron enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y el grupo Comandos de la Frontera, dos facciones residuales de las extintas Farc. Estos choques dejaron un saldo preliminar de 11 personas fallecidas, presuntamente integrantes de estas estructuras armadas.
“En las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio putumayense de Puerto Guzmán, hubo enfrentamientos entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera, con un saldo preliminar de 11 personas fallecidas, presuntamente integrantes de esas estructuras armadas”, indicó la Defensoría del Pueblo.
Además, se han reportado secuestros de mujeres en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caquetá, entre octubre y noviembre del presente año. Una de las mujeres secuestradas se encuentra en estado de embarazo, informó el Ministerio Público.
En el mismo departamento de Cesar, pero en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, acusados de robo a ganaderos y campesinos. Estos grupos armados han implantado una justicia propia en las regiones, según el órgano de control.
“En Cesar, en la Serranía del Perijá, el pasado 24 de octubre el ELN privó de la libertad a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad; luego de desarmarlos, se los llevó con rumbo desconocido, hoy no se tiene conocimiento de su situación actual”, agregó la defensora Iris Marín.
Por otro lado, en Guaviare, cuatro personas fueron masacradas en Puerto Cumare el pasado 2 de diciembre. Una de las víctimas era un psicólogo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar.
Ante estos hechos, la defensora Iris Marín exigió a los grupos armados ilegales respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades.
“Aun en aquellos casos en los que ha habido confrontación entre miembros de los grupos ilegales, el DIH recuerda también el deber de manejo y disposición digna de los cuerpos de las personas fallecidas en conexión con el conflicto armado, a fin de prevenir posibles actos de desaparición forzada”, resaltó Iris Marín Ortiz.
También pidió que el ELN y las disidencias bajo el control de Calarcá, especialmente alias Andrey, mantengan acuerdos humanitarios para reducir los enfrentamientos entre ellos y dejar a la población civil en medio del fuego cruzado.