A algunos nefastos personajes de estrechos vínculos con parte de la política, severamente cuestionados por sus fechorías y trasegadores habituales de los pasillos de los tribunales como imputados, todo les parece poco. No se detienen. Durante los últimos días trascendió que dos acusados de defraudar al Estado nacional por miles de millones de pesos y facilitar el lavado de activos de la corrupción de la familia Kirchner pretenden ahora quedarse con una porción del negocio petrolero. Y que para eso buscaron un “alegato de oreja” (una práctica contraria a las normas éticas del ejercicio profesional mediante la cual los abogados intentan comunicar a alguna autoridad información que no figura en expedientes judiciales) con un gobernador patagónico.
Se trata de Cristóbal López y de su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, quienes pretenden tomar el control de algunas áreas que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó en Santa Cruz, provincia lindera con el pago chico de López, Chubut, donde se mueve como amo y señor, y demasiados dirigentes políticos le rinden pleitesía ya sea por conveniencia o temor.
Al parecer, ese no es el caso del gobernador santacruceño, Claudio Vidal, que conoce y trata desde hace años a López, pero vería con desagrado que los dueños del Grupo Indalo tomaran el control del área conocida como Los Perales-Las Mesetas, en el norte de la provincia y dentro de la cuenca del golfo San Jorge.
Considerado uno de los mejores campos petroleros del territorio santacruceño, Los Perales le reportaría a López una oportunidad de expandir sus negocios, su poderío económico y su influencia tras la presidencia de Alberto Fernández, quien cobraba honorarios como “abogado” de una de sus empresas y que ya en la Casa Rosada decidió impulsar una moratoria que resultó un “traje a medida” de las necesidades de López y De Sousa.
Esta nueva arremetida de López procura retomar el protagonismo perdido en el negocio petrolero después de haber quedado afuera con Pilgrim Energy (junto a su socio De Sousa) de las ventas de yacimientos convencionales que la petrolera de mayoría estatal cerró durante agosto mediante el Proyecto Andes.
López llegó a la reunión con Vidal, que ocurrió hace unas semanas, con dos alicientes. El primero de ellos es que YPF decidió retirarse de ciertas áreas para focalizarse en los negocios que estima más rentables, como el shale oil y el gas de Vaca Muerta, según surge del Plan 4×4 que impulsa el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín. El segundo se vincula directamente con que López ya tiene un pie en el sector petrolero santacruceño, con su firma de servicios Oil M&S.
Sin embargo, las pretensiones de López no alcanzarían a concretarse. Allegados al gobernador Vidal aseguran que el mandatario observa con reticencia la situación judicial que afrontan los dueños del Grupo Indalo. Tanto en la causa Hotesur-Los Sauces, por la que deberán afrontar –algún día– un juicio oral junto a Cristina y Máximo Kirchner, como por el llamado “caso Oil”, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución de López y De Sousa y ordenó dictar un nuevo fallo, alineado con el dictamen del procurador general, Eduardo Casal.
Si Vidal resiste las presiones, será una decisión para celebrar en un país donde ha venido imperando el “todoeslomismo” en tantos ámbitos públicos y privados. Basta con recordar, como un triste ejemplo entre muchos, la decisión del entonces gobernador mendocino Rodolfo Suárez de comprarles chalecos antibalas por cientos de millones de pesos, a principios de 2023, a Gustavo Dorf, quien ya se encontraba procesado y embargado por lavar fortunas para el hoy fallecido multimillonario secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz.
Respetamos, sostenemos y defendemos, por supuesto, el principio de inocencia que rige tanto para López y De Sousa como para todo aquel que afronte una investigación penal en nuestro país hasta que un tribunal competente dicte una sentencia definitiva. Así lo impone la Constitución nacional y es, también, un principio férreo e indeclinable de nuestra línea editorial. Pero, al mismo tiempo, destacamos la sana decisión del gobernador Vidal de evitar que la provincia por cuyos intereses debe velar tolere o facilite negocios de aquellos que afrontan sospechas graves, concretas y recurrentes en desmedro de la cosa pública. Es decir, de toda la comunidad.