Un intento de soborno por doscientos millones de pesos fue el detonante para la captura de cuatro hombres que transportaban una suma cercana a los mil millones de pesos en una camioneta en el departamento del Cauca, según informó la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos ocurrieron en un puesto de control del Ejército Nacional en una vía que conduce al municipio de Suárez, donde los uniformados descubrieron el dinero en efectivo durante una inspección al vehículo.
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De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos, identificados como Darwin Alexander Ortega Garzón, Jhon Bairon Velasco Manzo, Breiner Bolaños Quisoboni y Jhon Jaider López Solarte, no lograron justificar el origen de los 932 millones de pesos que llevaban en billetes de diferentes denominaciones.
Aunque inicialmente afirmaron que el dinero estaba destinado a la compra de una finca, no presentaron documentos que respaldaran esta versión ni ofrecieron explicaciones coherentes sobre su procedencia.
La situación se agravó cuando, al verse descubiertos, algunos de los ocupantes del vehículo habrían ofrecido a los militares la suma de doscientos millones de pesos para que les permitieran continuar su camino. Este intento de soborno no solo resultó infructuoso, sino que también llevó a su captura inmediata, según detalló la Fiscalía.
Tras su detención, los cuatro hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías en el municipio de Suárez, donde la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer.
Según informó la entidad, los procesados deberán cumplir una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones.
El caso ha generado atención debido a la significativa cantidad de dinero incautado y las inconsistencias en las declaraciones de los detenidos. La Fiscalía, a través de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, continúa trabajando para esclarecer el origen de los fondos y determinar si están relacionados con actividades ilícitas.
Funcionarios de la Dian bajo investigación por presunta red de corrupción fiscal
Una denuncia presentada por los directivos de una Institución Prestadora de Salud (IPS) en La Guajira ha destapado un presunto esquema de corrupción dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Según informó Noticias Uno, funcionarios de la entidad habrían solicitado pagos ilegales a cambio de reducir deudas fiscales y sanciones económicas registradas en los sistemas oficiales. Este caso ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados.
De acuerdo con la denuncia, los empleados de la Dian ofrecían a empresas y particulares con deudas relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o sanciones económicas, la posibilidad de disminuir sus obligaciones fiscales mediante alteraciones en los sistemas de la entidad.
A cambio, exigían pagos que, según los testimonios, representaban un porcentaje del monto ahorrado. Este esquema, que podría extenderse a otras regiones del país, ha generado preocupación por la posible manipulación de los sistemas tributarios nacionales.
El caso que ha salido a la luz involucra a una IPS en La Guajira, cuyos directivos denunciaron que una funcionaria de la Dian visitó sus instalaciones para realizar una revisión de los libros contables y conciliar facturas relacionadas con impuestos.
Según el relato de los denunciantes, la funcionaria solicitó acceso a documentos clave bajo el pretexto de verificar información, pero posteriormente, la institución fue contactada por teléfono con una propuesta irregular.
En la llamada, los funcionarios de la Dian ofrecieron modificar las declaraciones de renta de la IPS para reducir una sanción económica de 560 millones de pesos colombianos (aproximadamente 135.000 dólares estadounidenses) a 130 millones de pesos (unos 31.000 dólares).
A cambio, exigieron que el 50% del monto ahorrado, es decir, 128 millones de pesos (cerca de 31.000 dólares), fuera entregado como soborno. Los directivos de la IPS rechazaron la propuesta, lo que, según su testimonio, desencadenó represalias inmediatas.