Alejandro Ciro Álvarez, actual subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno nacional, no es nuevo en el mundo de la política y mucho menos en el de la política universitaria. La diferencia, si se tienen en cuenta sus inicios en ese universo, es que ahora se encuentra del otro lado del mostrador.
El funcionario, apodado desde chico como “El Galleguito”, es hijo de Alejandro “Gallego” Álvarez, cofundador de Guardia de Hierro, la agrupación justicialista que a mediados de la década de los 60 comenzó a preparar el terreno para el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras su exilio y se opuso a la lucha armada. Álvarez no solo respiró peronismo desde que nació, sino que también fue un miembro activo del partido. Durante su paso por la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se sumó de lleno a la militancia estudiantil peronista.
A comienzos de los 2000 fundó La Vallese, una agrupación estudiantil nombrada en honor a Felipe Vallese, el metalúrgico y militante justicialista considerado por el peronismo como el “primer desaparecido”. El actual subsecretario de Políticas Universitarias fue también miembro de la mesa nacional de la Juventud Universitaria Peronista durante dos mandatos.
Álvarez cursó materias de la licenciatura en Ciencias Políticas, pero no se graduó. Luego hizo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador y cursó un doctorado en Economía en la Universidad Nacional de La Matanza. Según afirmó en sus redes, aún está escribiendo la tesis. “Trata sobre el desastre monetario que ellos hicieron con las cuasi monedas provinciales”, le respondió a un usuario que cuestionó su formación superior.
En su cuenta de X se presenta como “El profe”. Es docente en la UBA, donde hasta 2018 militó dentro de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Aduba), una organización que se define como defensora de “los derechos de los/as docentes universitarios/as y de la Universidad Pública”, y que esta tarde marchará contra la política de financiamiento universitario del gobierno del que Álvarez forma parte.
En paralelo con su docencia y militancia gremial, el funcionario libertario fue durante casi 30 años empleado de planta del Congreso. También tuvo un breve paso por la Secretaría de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2003. Dentro de su trayectoria en Diputados, se desempeñó en 2008 como asesor del legislador nacional Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria, por entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Álvarez ha dicho en entrevistas que terminó de alejarse del kirchnerismo tras el memorando de entendimiento con Irán, en 2013. “Ahí les dije: ‘Muchachos, yo me quedo en Occidente’, recordó en una nota con La Derecha Diario. ‘Uno va evolucionando intelectualmente. La muerte de Nisman también. En ese proceso, además, emergió [Donald] Trump, que empezó a mostrar la posibilidad de otras alternativas’”.
En 2018 comenzó a trabajar en el despacho del diputado jujeño del Partido Justicialista Guillermo Snopek, de quien era amigo. Su acercamiento con figuras que hoy integran el universo libertario comenzó en esa época, durante el debate por la legalización del aborto, de la mano de Snopek, quien en la votación de ese año se opuso al proyecto.
El primer vínculo de Álvarez con el grupo político que luego devendría en La Libertad Avanza fue a través del activista provida Santiago Santurio, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (LLA), quien entonces era asesor del PRO.
“Ahí empiezo a entender que de un lado estamos los que venimos de una agenda más moral o del tipo de sociedad que queremos. Entonces, creo que ahí está lo brillante de Javier Milei. Logró combinar todas estas fuerzas, todos estos valores. En Estados Unidos pasó algo parecido con la famosa ‘coalición liberal conservadora’”.
Hoy es considerado uno de los principales alfiles de la “batalla cultural” que se adjudica el Gobierno. “Para nosotros la diferencia es moral. Ellos tienen objetivos inmorales. Por eso atacan la forma en que las familias viven. Están en conflicto con la naturaleza humana. Ellos creen que pueden… Esto es como era el marxismo originalmente. Yo entro por eso”, dijo en una entrevista con La Derecha Diario en 2024.
En su despacho tenía, por entonces, una mesita con algunos objetos que lo identifican política y religiosamente: una taza con la inscripción “No hay plata”, una gorra de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” y un retablo de madera de la Virgen María.
Meses antes, en abril de ese año, a poco menos de cuatro meses de haber asumido, había enfrentado su primer conflicto con las universidades nacionales y los sindicatos de docentes y no docentes universitarios, que derivó en la primera marcha federal universitaria. La magnitud de esa movilización, de unas 430.000 personas, obligó al Gobierno, que mantenía un discurso intransigente, a sentarse a negociar partidas.
Ahora, de cara a la cuarta marcha federal universitaria, que tendrá lugar esta tarde en las principales ciudades del país, y en medio de un conflicto por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que escaló recientemente a la Corte Suprema, Capital Humano vuelve a mostrar una postura intransigente.
Ayer, durante un diálogo con periodistas en el que participó LA NACION, Álvarez explicó su postura frente a la marcha de hoy y sobre los reclamos que tanto las universidades como los hospitales universitarios vienen realizando desde el inicio de la gestión libertaria. Frente a la ministra Sandra Pettovello, quien también participó del encuentro, el funcionario definió la convocatoria de esta tarde como “completamente política”.
“O sea, no me saqué una foto yo con [el gobernador Axel] Kicillof. Se la sacaron los rectores. No fui yo a una reunión con la CGT. O sea, si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitan que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes?”, sostuvo Álvarez.
Durante el diálogo con la prensa, los dos funcionarios insistieron en su postura respecto de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, que busca garantizar los fondos para las universidades y actualizarlos de manera mensual por inflación.
Su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto ese veto, pero la ley sigue sin aplicarse. La semana pasada, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario que fue aceptado y, con eso, la cautelar quedó suspendida hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.
“La única ley que vamos a cumplir es la Ley de Presupuesto”, enfatizó Álvarez ayer. Sobre los reclamos salariales, afirmó: “Hay un reclamo genuino que podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato pueda reclamar una mejora salarial”. Y enseguida agregó: “Pero esto, por las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”.
