Dos exfuncionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron acusados de mentir al Congreso de Estados Unidos sobre su participación en las investigaciones relacionadas con Hunter Biden y su computadora portátil. El caso sacudió la campaña electoral de 2020 y sigue generando consecuencias políticas y judiciales.
Nikki Cole Floris, de 46 años, y Bradley Benavides, de 56, se entregaron este viernes 23 de octubre en Washington tras la emisión de órdenes de arresto, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).
Ambos comparecieron ante un tribunal federal y enfrentan cargos por declaraciones falsas en un asunto dentro de la jurisdicción del poder legislativo, en violación del título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1001(a)(2). La acusación se conoció 10 días antes de las elecciones de noviembre, según Associated Press. Floris y Benavides están acusados, no condenados: se presume su inocencia hasta que exista una sentencia judicial.
De qué se los acusa y qué pruebas presenta el Departamento de Justicia
El núcleo de la acusación es que ambos exfuncionarios mintieron bajo juramento ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en 2023, cuando fueron interrogados sobre el papel de su unidad en las investigaciones del FBI vinculadas a Hunter Biden, el hijo del expresidente Joe Biden. Los dos fueron advertidos, antes de declarar, de que mentir al Congreso constituye un delito federal.
Floris aseguró a los legisladores que no participó en ninguna discusión sobre Hunter Biden mientras estuvo al frente del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera (FITF, por sus siglas en inglés), la unidad del FBI que lideró los esfuerzos para proteger las elecciones de 2020 frente a interferencias de otros países.
Sin embargo, según la denuncia penal del DOJ, documentos internos, comunicaciones contemporáneas y testimonios de otros agentes demuestran que discutió las investigaciones sobre Biden hijo de forma habitual durante más de un año, tanto dentro del FITF como con otros funcionarios de la agencia.
Benavides declaró que se enteró de la existencia de la computadora portátil de Hunter Biden a través de un artículo de Wikipedia en 2023.
El Departamento de Justicia sostiene que esa versión es falsa: la prueba reunida indica que habló del tema con otros miembros del FBI en los meses previos a las elecciones de 2020, cuando la laptop ya era un asunto de conocimiento interno.
“Que cualquiera mienta al Congreso supone un golpe al corazón de nuestro sistema democrático, pero cuando agentes de alto rango del FBI mienten al Congreso creyendo que están por encima de la ley, es hora de que la justicia les caiga encima”, afirmó la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en el comunicado del DOJ.
Quiénes son Floris y Benavides y qué rol ocupaban en el FBI
Floris dirigió el FITF como subdirectora adjunta desde mediados de 2019 hasta mediados de 2022. Reside en Alexandria, Virginia. Benavides fue jefe de sección del mismo grupo de trabajo desde mediados de 2019 hasta las elecciones de 2020 y vive en Aiken, Carolina del Sur. La unidad, ya disuelta, fue la encargada de coordinar la respuesta del FBI ante posibles operaciones de influencia extranjera durante aquellos comicios.
El caso es poco habitual: rara vez el Departamento de Justicia presenta cargos penales contra exfuncionarios de la propia agencia federal de investigaciones.
La defensa de Floris rechazó la acusación. Sus abogados la describieron como “una patriota” que sirvió al FBI durante casi 20 años y calificaron los cargos de infundados: “No es coincidencia que el gobierno presente ahora estos cargos sin sentido, años después, en vísperas de una elección”, señalaron en un comunicado recogido por Associated Press.
Qué dijo el director del FBI, Kash Patel, sobre las detenciones
El director del FBI, Kash Patel, confirmó las detenciones a través de un comunicado en sus redes sociales. Patel indicó que uno de los acusados afirmó en privado estar “dirigiendo un gobierno en la sombra” durante las elecciones de 2020 desde su puesto en el FITF.
“Como hemos dicho una y otra vez: nunca se tolerará el uso de la información como arma en este FBI”, escribió el director. También recordó que la agencia ya desmanteló el denominado escuadrón CR-15, al que señaló como responsable de acciones de persecución política contra oponentes, incluido el presidente Donald Trump.
Por qué la computadora portátil de Hunter Biden es central en este caso
La controversia que origina toda esta causa se remonta a octubre de 2020, a semanas de la elección entre Trump y Joe Biden. El New York Post publicó correos electrónicos y otros archivos que, según informó, procedían de un disco duro asociado a una computadora que Hunter Biden dejó en un taller de reparación de Wilmington, Delaware. El medio afirmó que recibió el material de Rudy Giuliani, entonces abogado de Trump. Los documentos parecían reflejar conversaciones sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero y se convirtieron en un tema de campaña.
Parte de las críticas se centró en Burisma, una empresa ucraniana de gas en cuyo directorio participó Hunter Biden mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos y tenía un papel central en la relación con Ucrania. Sus detractores plantearon un posible conflicto de intereses y cuestionaron si la empresa buscaba acceso o influencia a través del apellido Biden.
Un correo parecía indicar que Hunter Biden presentó a un directivo de Burisma a su padre, aunque Joe Biden negó que ese encuentro hubiera ocurrido. Los archivos alimentaron acusaciones políticas, pero no probaron que el entonces exvicepresidente hubiera cometido un delito o favorecido a su hijo o a la empresa.
La difusión de los documentos también generó dudas entre legisladores demócratas y exfuncionarios de inteligencia, que advirtieron sobre una posible operación de desinformación rusa. En ese momento, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evaluaba intentos de Rusia de interferir en la elección a favor de Trump, según Associated Press.
El FITF, la unidad que dirigían Floris y Benavides, tenía la misión de identificar amenazas de influencia extranjera. Ese vínculo explica por qué el Congreso les consultó qué sabían sobre el caso de la computadora portátil y por qué sus presuntas declaraciones falsas derivaron en una investigación penal.
