Cuatro personas fueron detenidas a un mes de que la Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso una medida preventiva de congelamiento de fondos por una operación sospechosa de financiación del terrorismo internacional por parte de un colombiano nacionalizado argentino y un sirio presuntamente vinculado con Hezbollah.

A través de un comunicado, la Policía Federal Argentina (PFA), informó que Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el marco de la lucha contra el crimen transnacional impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desarticularon una organización delictiva sospechada de financiar al terrorismo internacional mediante transferencias de criptoactivos.

La causa se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe elaborado por UIF, donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano colombiano, nacionalizado argentino, que se encontraba en la provincia de Córdoba y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbollah.

Asimismo, se habrían detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente año, las que se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada, por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.

En relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a los 1800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.

Con el total de la información recabada por los efectivos federales y luego de múltiples tareas de campo avaladas por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto, ordenaron la realización de siete allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe.

Durante los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, y se secuestraron tres escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y municiones varias, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares. Los aprehendidos junto a los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor.

La PFA también indicó que, debido a la magnitud de los procedimientos, colaboró personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Armas y Explosivos, todos pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

La alerta de la UIF y el comunicado

Hace tres semanas y media, tras la difusión de la noticia, la UIF emitió un comunicado en el que indicó: “En primer lugar, la medida como tal es una medida patrimonial provisoria frente a una operatoria que presenta inicialmente indicadores de poder estar vinculada con fondos que directa o indirectamente pueden relacionarse con organizaciones o personas terroristas, contempladas en listas propias o de otros países. Frente a ese riesgo, de manera preventiva se adopta la medida para poder profundizar el análisis y, eventualmente, examinar el caso de manera tal de que, en caso de concluir afirmativamente el examen de la operatoria, las medidas que se adopten sean efectivas y eficaces en lo que atañe al movimiento de fondos. Esta medida está sujeta a control judicial”.

Para llevar tranquilidad, el organismo, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, había aclarado: “La existencia de operaciones de fondos o activos con estos indicadores no se traducen directa o necesariamente con la presencia territorial de organizaciones o agrupaciones terroristas”.

“Es importante destacar que la Unidad de Información Financiera vela por la seguridad e integridad del sistema financiero y económico por lo que, en un mundo globalizado, la supervisión y la diligencia de los distintos sujetos obligados y el trabajo conjunto de las distintas agencias públicas importa una barrera para que no sea utilizado para la movilización de fondos ilegales”, habían informado.

La UIF había tomado intervención tras recibir un reporte de operaciones sospechosas (ROS) relacionado con movimientos de fondos –a través de billeteras virtuales, criptomonedas y cuentas bancarias– que involucraban al colombiano nacionalizado argentino con residencia en Córdoba, y a un sirio que, según una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estaría involucrado en una compleja red de lavado de dinero a escala global, utilizando empresas fantasmas y criptomonedas para financiar actividades terroristas en diversos países. El colombiano-argentino habría colaborado con el presunto personero de Hezbollah para ejecutar operaciones financieras en territorio nacional.

“Un trabajo complejo”

“La inteligencia financiera es un trabajo complejo de análisis de diversas fuentes de información y datos, con colaboración de otras agencias y organismos, que pretende obtener con mucha celeridad la información necesaria para que quienes tienen a su cargo la persecución penal puedan actuar con mayor eficacia”, habían explicado a principio de septiembre desde la UIF.

Desde el organismo, agregaron: “Específicamente, los informes de la Unidad de Información Financiera son confidenciales y secretos, no tienen aptitud de ser llevados a un debate oral como elemento de prueba y su utilización debe ser extremadamente cuidadosa para evitar su divulgación o publicación, encontrándose sancionada penalmente su difusión, lo que en el presente caso genera una seria preocupación (Convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cláusula 7 y art. 22 Ley 25.246)”.

Ante la trascendencia pública de la información, la UIF había aclarado: “No se puede brindar información específica del caso, sino antes bien poner en conocimiento el modo en que funciona el sistema y la manera en que, en razón de ello, se encuentra actualmente operando, destacando que en el caso se han cumplido con los procedimientos legalmente establecidos”.

“Lo acontecido es una muestra clara de la eficacia del sistema de prevención de financiamiento de terrorismo, de un trabajo de los sujetos obligados que han sido certeros en el monitoreo de las operaciones y han seguido los pasos institucionalmente previstos para poner en conocimiento de ello a esta Unidad de Información Financiera, que a su vez ha iniciado su análisis de inteligencia y ha dado también intervención a los organismos competentes del sistema de Justicia de la Nación”, habían agregado desde la UIF.