El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que existe un documento oficial del Gobierno de Israel que respalda la transacción financiera para la compra del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque. Esta declaración fue realizada el 1 de octubre de 2024 ante la Comisión Segunda de la Cámara.
Llinás Chica resaltó que la evidencia es objetiva y que la transacción, realizada en 2021, pasó desapercibida para la Uiaf en su momento. De acuerdo con el director, el documento israelí confirma una transacción en efectivo entre Colombia y una entidad privada de Israel, que implicó un total de 11 millones de dólares, distribuido en dos partidas.
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“Esto no son globos al aire, no son distracciones. Esto es un documento y evidencia objetiva… Obviamente, fue una transacción en efectivo que pasó desapercibida ante los ojos de la Unidad de Información y Análisis Financiero”, señaló el directivo. Es de mencionar que esta revelación se produce en un contexto de denuncias sobre el uso de Pegasus para interceptar comunicaciones durante el estallido social en el país en 2021.
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció días antes de estas declaraciones al expresidente Iván Duque ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la presunta compra ilegal del mencionado software y transferencias irregulares de fondos. Cepeda destacó que la adquisición de Pegasus coincidió con un periodo en el que “el país atravesó un estallido social sin precedentes, con movilizaciones masivas entre el 28 de abril y el 20 de octubre de 2021″, y recordó que Amnistía Internacional denunció el uso de Pegasus para espiar a activistas, periodistas y políticos en todo el mundo.
Durante el gobierno de Duque, Cepeda denunció públicamente varios episodios de espionaje que evidenciaban abusos de poder y vulneraciones de derechos en el ámbito político, relacionados con operaciones de inteligencia ilegal por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el senador, él y otros congresistas fueron declarados “objetivos políticos” de estas acciones encubiertas.
Cabe agregar que recientemente, el Consejo de Estado, a través del magistrado José Roberto Sáchica, admitió una demanda presentada por el abogado Stefan Medina Bravo, de la veeduría Antioqueños por Colombia-Abogados por la verdad contra la Presidencia de la República. La acción judicial alega la vulneración de derechos y garantías fundamentales y solicita una retractación si se confirma que las declaraciones de Petro carecen de fundamento.
En los últimos días, tanto el presidente como varios de sus ministros han insistido en la narrativa sobre la compra del software espía, pero no han presentado pruebas de la adquisición a la empresa NSO Group. La Fiscalía, en sus investigaciones, ha revisado los celulares de magistrados de las altas cortes y de la Justicia Especial para la Paz (JEP), sin encontrar evidencia de interceptaciones.
La controversia sobre Pegasus también ha tenido repercusiones internacionales. El Egmont Group, que agrupa a 177 agencias de inteligencia financiera a nivel mundial, suspendió a Colombia del acceso a su canal seguro de información. Esta medida se tomó después de que el presidente Gustavo Petro revelara un informe de la agencia de inteligencia israelí sobre la presunta compra del software Pegasus, valorado en aproximadamente 11 millones de dólares y supuestamente pagados en efectivo.
El Egmont Group argumentó que las agencias aliadas deben mantener su autonomía y estar libres de cualquier influencia indebida de carácter político. Esta suspensión afecta la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, complicando aún más la situación del país en el ámbito internacional.