FORMOSA-. Del clientelismo, el control político y el feudalismo de Gildo Insfrán en Formosa hay incontables testimonios y denuncias. Lo difícil, en estos 29 años de Gobierno, ha sido probarlo. El manejo de las cuentas públicas jamás se transparentó, las licitaciones no son accesibles y su declaración jurada, inexistente. Insfrán no tiene causas abiertas. Las cuentas públicas financian la política, enriquece a amigos e incluso al Partido Justicialista. De todo eso da cuenta, por primera vez, una serie de 230 documentos públicos de distintas dependencias, a los que accedió LA NACION, que revelan miles de millones de pesos en ordenes de pago y liquidaciones en la provincia. Todos de este año.
Entre ellos, se destacan tres fechados entre el siete y ocho de octubre de 2024. El primero es una orden de pago de la Tesorería General de la provincia que refleja transferencias en concepto de “sueldos beneficiario genérico” por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría General del Partido Justicialista. Ese mismo día, se le solicitó al Banco de Formosa que transfiera de rentas generales unos $5.944.000 al CUIT 30-67137743-1, del Partido Justicialista de Formosa. El CBU de la cuenta, sin embargo, pertenece a un domicilio en la provincia de Buenos Aires. Estas decisiones fueron firmadas por la tesorera general, Liliana Noemí Barboza, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinón y la contadora general, Ana María Tesoriere.
Junto a ese pago aparecen otros igualmente desconcertantes. El 26 de septiembre se elaboró una orden de pago a favor de la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial. No se trata de un órgano estatal, sino de una organización sin fines de lucro destinada a realizar congresos, capacitaciones y otorgar beneficios, por ejemplo, una piscina para sus miembros. También, según su estatuto, debe velar por los intereses de los trabajadores de la Justicia, especialmente, los jueces. Llamativamente se le transfirió, en el noveno mes del año, un monto bruto de $2.961.161.852,66 en concepto de haberes. El ítem tenía un agregado: “beneficiario genérico”.
Un concepto de gasto llamativo de la provincia es “alojamientos”. Dos ordenes de pago fueron realizadas a favor de Neoformosa SA, una empresa que maneja el hotel más lujoso y grande de la ciudad, en el que además, hay un casino y un spa. Su presidente es Alfredo Ferrari, socio a su vez de Loterjet SA, asociada a Alfredo Yabrán y a la empresa que quedó manejada por su hermano tras su muerte.
En 2020, este empresario de casinos solicitó su concurso preventivo por cesación de pagos. Neoformosa SA recibe montos periódicos por hospedajes y gastronomía. Las ordenes revisadas por LA NACION son por montos que superan la tarifa nocturna y, posiblemente, incluyen una cena o almuerzo para algunos comensales. Los conocedores del lugar relatan encuentros nocturnos ostentosos y bien servidos.
También hay pagos en concepto de hoteles a Juan José Izzo por $5.070.000 y por “vouchers de alojamiento”, por cerca de $7 millones, a una empresa llamada Círculo K SRL, dueña del Hotel Las Kalas y cercanos al ministro de Economía, Jorge Ibáñez.
Del Ministerio de Economía también salen pagos por “prensa televisiva”, “prensa oral” y “prensa página web” en vez de ir a medios van a personas individuales.
Estos documentos reflejan decenas de incompatibilidades en la actividad de proveedores del Estado, que en muchos casos son familiares de Insfrán. El caso más evidente es el de Pilaga Construcciones, cuyo presidente es Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, exministro de Obras Públicas y uno de sus principales impulsores en sus inicios. El gobernador estuvo casado con Teresa Baldus, hermana de la mujer de Romay (Carmen Baldus), vicepresidente de la sociedad y esposa de Romay. En los meses analizados por LA NACION hay decenas de pagos en concepto de obras por millones de pesos. En un mismo día, el 24 de septiembre, se le hicieron desembolsos por $52.862.000.
También hay compras, en este caso de combustibles, hechas a María Antonia Alabert, la madre de Jorge Insfrán, un sobrino del gobernador y, a los Baldus, familia de su exmujer y a Raúl Magletti e Hijos, de la familia del exyerno de Insfrán, pareja de Sofía, una de sus hijas, por conceptos como ropa de trabajo.
Fuerza Constructora e Ingeniería Siglo XXI son claros favoritos en las compras del Estado y en sus contrataciones para obras. Múltiples datos indican que son, en realidad, la misma empresa. Comparten domicilio en la avenida Napoleón Uriburu 774, Piso 2. En cotizaciones solicitadas a la sociedad, esta ha respondido que le resultaría más barata la compra de insumos al cliente si estaría dispuesto a que la factura vaya a nombre de otras personas y no la misma empresa.
Fuerza Constructora SRL tiene nueve empleados, está inscripta en 19 actividades ante la AFIP y es receptora de ordenes para obras. El avance de los proyectos aparece como “terminado”, pero luego se demuestra que es erróneo. Es, por ejemplo, el caso de un polideportivo en el Barrio San Martín. También hay gastos en compras de insumos como mallas de acero, chapa y arcilla, entre otros elementos.
Ingeniería Siglo XXI aparece como clara ganadora, según indica la cartelería de la obra pública, entre las que está una construcción de 5400 viviendas en el barrio Nueva Formosa, como en la documentación. El gerente es Guido Edgardo Hoyos, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en la provincia y esposo de Miriam Adelina Gigli, cuyo empleador es la Universidad de Formosa.
Entre otros recipientes frecuentes de las contrataciones estatales de obra pública está Daniel Adolfo Mendoza, que figura por si mismo como receptor de los pagos. Tiene dos empresas, Sigma SRL y Constructed SRL, que también contratan con la gobernación. Varias fuentes refirieron su cercanía con Ibáñez, que es quien ejerce mayor control sobre las contrataciones estatales.
La dependencia de las asociaciones civiles, las fundaciones, iglesias, escuelas y de la población general de las transferencias del sector público se refleja en las ordenes de pago. Son constantes los conceptos de “múltiples beneficiarios genérico”, con el que se reparten millones por mes. A modo de ejemplo, una del 27 de septiembre de este año destinó $753.391.983,11 a organizaciones como la Asociación Evita ($1 millón), la Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito de la Asociación de Trabajadores Estatales Formoseños Limitada, por $16 millones, la Asociación Civil Liga de Madres de Familia, por $47 millones, entre decenas de otras.