La última década de la economía argentina estuvo marcada por la dinámica del cepo cambiario. Impuesto en 2011, se eliminó en 2016 y regresó en 2019, para mantenerse vigente y endurecerse a lo largo de los años. Sin mirar a los números, basta concentrarse en las palabras para ilustrar el complejo escenario regulatorio que vive hoy el país, al menos, en el acceso a las divisas para el comercio, la inversión o el ahorro.
Esa fue la premisa que guió un trabajo del economista Federico Forte, quien comparó el perfil de la Argentina con el de otros países en un documento que todos los años publica el FMI. Se trata del informe Areaer (Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions), un reporte que detalla minuciosamente todas las regulaciones, restricciones y normativas cambiarias en todos los países que integran el organismo y repasa en una serie de elementos estandarizados cómo funcionan la política cambiaria y el sector externo en cada uno de ellos.
Sin detenerse en el contenido, Forte observó la extensión del documento y vio que el caso argentino demanda casi siete veces más de palabras que el de otros países vecinos. Mientras el análisis de Perú se completa en 10 páginas, describe Forte, el de la Argentina se extiende por casi 100.
Lo mismo ocurre con la cantidad de palabras. El capítulo argentino en el documento del FMI tiene 73.735. El segundo en el listado de América latina es Bolivia, con 16.564. Es decir, es menos de la cuarta parte.
Más profunda es la diferencia con Brasil, donde el informe se completa con 11.332 palabras, o los Estados Unidos, cuya extensión es de 7412 palabras.
“Lo que muestra este indicador es el nivel de complejidad de la normativa cambiaria argentina, que es mucho más grande que otros”, dice Forte, al explicar las conclusiones de su indicador, que está actualizado hasta 2022 (es el último año disponible en el documento original del FMI).
“Esto no solo quiere decir restrictivo, porque se puede prohibir todo con pocas palabras. De hecho, Venezuela es más restrictivo y tiene menos palabras. Pero sí da una idea de qué tan intrincado es el régimen cambiario argentino”, agrega el analista, que trabaja como economista principal en BBVA Research.
El análisis del FMI sobre el que se basa este indicador tiene en cuenta todas las normativas vinculadas a la política cambiaria. En el caso local, se contemplan desde las restricciones a la demanda de ahorristas e inversores hasta los límites para operaciones financieras.
A su vez, impactan en la extensión la descripción de excepciones o regímenes especiales, como fue el caso del ‘dólar soja’ impulsado en 2022 por el entonces ministro Sergio Massa, que ofrecía un tipo de cambio más alto por un período breve de tiempo a los exportadores. El detalle minucioso de cada norma está comprendido en el documento.
El caso argentino, con sus más de 73.000 palabras también resulta una anomalía en el contexto mundial. “Para poner un ejemplo: Rusia y Ucrania, en guerra desde 2022, aumentaron mucho su regulación estos años y pasaron de 20.000 a 48.000 palabras”, dice Forte. Es casi un 35% menos extenso y complejo que el caso argentino.
La comparación también permite ver la distancia regulatoria que existe entre la Argentina y Perú o Uruguay, los dos países latinoamericanos a los que el FMI ubicó como modelos a seguir en su esquema de “competencia de monedas” y flotación cambiaria, según lo explicitó en el último staff report publicado en junio. Más allá de su inestabilidad política, el caso de Perú requirió 6037 palabras (desde 2014 se mantuvo debajo de esa cifra), mientras que Uruguay demandó 4617 palabras. Es menos de la décima parte de la Argentina.
La película grafica, también, los vaivenes regulatorios. En 2011, antes del cepo cambiario, la extensión del capítulo argentino era de 12.287 palabras. Pero luego de que se impusieron los controles, las normas se fueron acumulando hasta llegar a 32.186 palabras en 2015. La tendencia se invirtió desde ese año, hasta caer a mínimos de 12.529 palabras en 2019, nuevamente, en la previa del regreso del cepo cambiario.
Las consecuencias de este escenario, explica Forte, van más allá de las restricciones o limitaciones para operar en el mercado cambiario. “Si bien no es necesariamente lineal, más palabras implica algo más intrincado de cumplir para operar. Y es algo que les quita mucho tiempo a las empresas, que en vez de dedicar tiempo, gente y recursos a generar más valor en su actividad, tienen que dedicarlo a dilucidar medidas cambiarias”, dice Forte.
Según el economista, esta complejidad normativa, que impacta en la micro sobre la actividad cotidiana de empresas o individuos, se traduce en un lastre sobre la economía. “Las empresas tienen departamentos enteros que solo se dedican a analizar y cumplir normativas. Y quizás toda esa gente y recursos se podría dedicar a crear valor, inventar nuevos productos, buscar mercados, ser más competitivos o más baratos, y eso es crecimiento económico. Entonces, las trabas burocráticas son trabas a la productividad del país. Y eso es menos crecimiento”, concluye Forte.