Un reciente estudio publicado en el Journal of Risk and Financial Management desafía la creencia extendida de que el envejecimiento poblacional genera de manera automática una carga fiscal insostenible en la Unión Europea. La investigación propone que el resultado fiscal final depende, sobre todo, de la calidad de la respuesta estatal y de las políticas públicas implementadas ante el cambio demográfico.
El envejecimiento de la población no implica necesariamente una crisis fiscal para los gobiernos. Según el análisis realizado en los países miembros de la Unión Europea durante el periodo 2014 y 2024, el impacto presupuestario está determinado por la capacidad de los Estados para diseñar y ejecutar políticas adaptativas en áreas clave como pensiones, empleo y digitalización.
De esta forma, reformas en los sistemas de pensiones y en el mercado laboral, junto con la estrategia de desarrollo de una economía plateada, pueden mitigar o incluso revertir las presiones fiscales asociadas a una mayor longevidad, si existe una institucionalidad sólida.
Durante años, tanto el debate público como el político identificaron el aumento de la esperanza de vida con incrementos automáticos en el gasto en pensiones y un deterioro inevitable de las cuentas públicas.
Sin embargo, el trabajo liderado por Ralitsa Veleva, del Departamento de Administración Pública de la Universidad de Economía Nacional y Mundial, subraya que países con trayectorias demográficas similares pueden obtener resultados fiscales muy distintos. La simple presencia de una proporción mayor de adultos mayores no implica, per se, un aumento descontrolado del gasto público ni una contracción forzosa de la base impositiva.
Envejecimiento y presión fiscal: ¿mito o matiz?
El estudio revisó datos estadísticos y evidencia de los países de la Unión Europea entre 2014 y 2024. No encontró una relación estadística significativa entre el aumento del porcentaje de personas de 65 años o más y el crecimiento del gasto público en pensiones o protección social. Incluso al considerar la influencia de reformas institucionales o crisis macroeconómicas, los sistemas de pensiones no respondieron necesariamente con más erogaciones conforme aumentaba la proporción de población mayor.
De acuerdo con el Journal of Risk and Financial Management, “las consecuencias fiscales del envejecimiento dependen mucho más del contexto institucional y de las políticas públicas que de la estructura demográfica por sí sola”.
Así, el impacto fiscal puede variar considerablemente entre países, según la capacidad de sus gobiernos para anticipar, ajustar y transformar sus políticas, en vez de ser un resultado dictado únicamente por los cambios etarios.
Al contrario de lo pensado, el análisis identifica que el envejecimiento podría asociarse con una mejoría en el balance fiscal general. Ello refuerza la hipótesis de que la sostenibilidad financiera está vinculada principalmente a la adaptación y las reformas gubernamentales, dejando en un segundo plano el crecimiento de la población mayor como causa directa de crisis fiscales.
Economía plateada y oportunidades para la sostenibilidad fiscal
Otro de los focos de la investigación es la economía plateada: el sector económico vinculado a la participación activa de las personas mayores, desde el empleo y el consumo hasta la innovación tecnológica y la formación continua. El informe destaca que los adultos mayores pueden desempeñar un papel relevante como agentes económicos, contribuyendo al mercado laboral y a la demanda interna, en vez de ser considerados exclusivamente como destinatarios de transferencias.
No obstante, según el Journal of Risk and Financial Management, la economía plateada no tiene efectos fiscales directos y robustos por sí misma; sus posibles ventajas aparecen sobre todo cuando interactúa con factores como el diseño de políticas institucionales eficaces.
La evidencia señala que el incremento del empleo en edades avanzadas y la inclusión digital ayudan a moderar el impacto fiscal del envejecimiento, pero su efectividad depende, en última instancia, de cómo se integran estas estrategias en la política laboral y social de cada país.
El trabajo también indica que la digitalización entre ciudadanos de 55 a 74 años modula la forma en que el envejecimiento afecta el balance fiscal, aunque otros factores —como la esperanza de vida saludable a los 65 años o la tasa de pobreza en la vejez— muestran efectos menos directos sobre las finanzas públicas.
Por qué la respuesta estatal marca la diferencia
Según el estudio, la capacidad institucional de los estados para anticipar y reformar sus sistemas frente al reto del envejecimiento es la variable decisiva. Los gobiernos que implementaron reformas integrales en pensiones y promovieron la inclusión digital y la coordinación entre sectores, alcanzaron resultados fiscales más sólidos. Así, el diseño institucional de los sistemas de pensiones, las reglas de elegibilidad y la coherencia en las reformas pesan más que la composición demográfica por sí sola en la evolución del gasto.
El informe pone el acento en que la clave de la sostenibilidad fiscal está en la gobernanza: la calidad administrativa y la capacidad de implementar reformas oportunas son determinantes para transformar la presión demográfica en resultados fiscales sostenibles. El informe concluye que la diferencia entre países con perfiles demográficos semejantes radica sobre todo en la coordinación, la calidad de las reformas y la acción estatal efectiva, y no tanto en la cantidad de personas mayores.
Por lo tanto, el peso del envejecimiento sobre las cuentas públicas, según los datos para la Unión Europea, es el reflejo de la habilidad de los gobiernos para innovar y adaptarse, mucho más que de una variable demográfica aislada.
Finalmente, la investigación señala que la sostenibilidad fiscal de una sociedad envejecida no depende de un mero cálculo poblacional, sino que es producto de la interacción y calidad de las políticas diseñadas para transformar ese desafío en una oportunidad.
Así, el futuro fiscal de las sociedades con creciente envejecimiento estará sujeto principalmente a la capacidad institucional y administrativa de adaptación y reforma, desplazando el foco desde la edad de la población hacia la eficacia de las políticas públicas.
