Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, sigue enfrentando cuestionamientos debido a sus antecedentes e implicación en la defensa de personas involucradas en actividades ilícitas. Esto luego que, recientemente, se diera a conocer su vínculo con la defensa de personas condenadas por tráfico de drogas en la década de 1990.
Al respecto, este lunes en conferencia de prensa, Salhuana explicó que, en 1995 —cuando era abogado— participó en la defensa de miembros de una comunidad nativa en Madre de Dios, que, aparentemente, sin conocimiento de su implicancia en el delito, fue sometida a juicio. La situación provocó que entre 30 y 40 personas fueran procesadas.
“Yo soy abogado de profesión y creo que en el ejercicio libre de mi profesión he ejercido esa labor en su momento. Como le refiero, es del año 95. Una comunidad nativa de Madre de Dios estuvo vinculada; casi toda la comunidad se vio envuelta en una situación de esta naturaleza. Aprovechando que, obviamente, la condición de lejanía y desconocimiento llevó a que esos ciudadanos, cerca de 30 o 40, fueran procesados por el delito que usted menciona. Sí, efectivamente, yo fui abogado de uno o dos de ellos. Sí, es correcta la información, pero como les repito, esto ocurrió en el libre ejercicio de mi labor como letrado”, dijo el representante de Madre de Dios por Alianza para el Progreso (APP), en un despacho para TV Perú.
Conflictos de interés a la vista
En diálogo con TV Perú, Salhuana también abordó las críticas relacionadas con la reciente asignación de las presidencias y vicepresidencias de comisiones y grupos de trabajo para el actual periodo legislativo.
Sobre ello, explicó que estos cargos son asignados por cada bancada parlamentaria. No obstante, si se detectan irregularidades en los cargos, desde la mesa directiva se evaluará la posibilidad de intervenir. “Las presidencias, vicepresidencias y secretaría son responsabilidad de cada bancada parlamentaria, en todo caso de designarse a algunos colegas que puedan tener situaciones irregulares desde la mesa directiva vamos a evaluar, si podemos intervenir en ello”, comentó.
Por otro lado, en cuanto al proyecto de ley de la congresista María Acuña, de APP, que coincide con la iniciativa del Ejecutivo para la creación de un Ministerio de Infraestructura, Salhuana dijo que el tema está en revisión.
Además, destacó que el proyecto será discutido y evaluado en las comisiones correspondientes, asegurando que cada iniciativa se revise según sus méritos, sin confundirla con otras propuestas en discusión.
Como se sabe, hace poco, APP propuso la creación de este ministerio, destacando su potencial para centralizar funciones y mejorar la gestión del país ante desastres naturales.
Luis Valdez, secretario general de APP, —cuya esposa viene siendo cuestionada por sus irregulares ingresos y situación financiera— ha defendido el proyecto, argumentando que es crucial para el desarrollo del país y la creación de empleos.
No obstante, la propuesta suscita dudas, ya que habría surgido tras una reunión entre los representantes de APP y la presidenta Dina Boluarte. Aunque Valdez asegura que no hubo condicionamiento por parte del Ejecutivo, hay sospechas sobre una posible influencia mutua en la iniciativa legislativa.
“Sobre la colega María Agüero, la Comisión de Ética también se instala en los próximos días y espero que esta comisión conforme a sus atribuciones, inicio de investigaciones de oficio sobre este tema que creo que es necesario esclarecer. La propuesta tengo entendido ha sido planteada por la colega María Cuña responde a una iniciativa particular personal conforme a sus atribuciones como parlamentaria y tan igual que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo será revisado en las comisiones, se pedirán los informes, se debatirá y se tomará la decisión. No tiene ninguna relación una cosa con la otra”, señaló Salhuana.
Por último, el líder de la mesa directiva se pronunció acerca de la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que sugiere la exclusión de los líderes de partidos políticos con sentencias vigentes por delitos de corrupción, terrorismo, entre otros, de los procesos electorales.
Acerca de este tema, consideró que el proyecto es relevante y refleja las preocupaciones de un importante sector de la ciudadanía.
“Personalmente no, no puedo hablar por el resto de mis colegas. Me parece una iniciativa interesante, creo que recoge el sentimiento de un importante sector de la ciudadanía, que es importante escuchar. Se discutirá, se debatirá como corresponde democráticamente y se tomará una decisión mediante el voto. Personalmente, yo creo que es positivo”, concluyó.