WASHINGTON.– El gobierno de Donald Trump suspendió el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países —entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay— como parte de una ofensiva para endurecer los controles migratorios y bloquear el ingreso de solicitantes considerados con riesgo de convertirse en una “carga pública”, informó este miércoles el Departamento de Estado.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
La medida entrará en vigor el 21 de enero y tendrá duración indefinida.
Según un memorando interno del organismo, difundido horas antes del anuncio oficial por Fox News, los funcionarios consulares fueron instruidos a rechazar solicitudes de visa bajo la legislación vigente mientras se lleva a cabo una revisión integral de los procedimientos de selección y verificación. El objetivo declarado es reforzar los criterios para impedir el ingreso de extranjeros que, a juicio de las autoridades, puedan depender de asistencia estatal.
Los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes han cuestionado duramente la propuesta, al señalar que la administración Trump busca reemplazar las regulaciones vigentes por medidas mucho más estrictas que negarían visas a inmigrantes que pudieran llegar a depender de una amplia gama de beneficios, incluidos la atención médica y los alimentos.
Los inmigrantes indocumentados —y también muchos inmigrantes legales— no son elegibles para la mayoría de los beneficios federales, aunque algunos estados ofrecen acceso a prestaciones de salud y asistencia alimentaria.
“El resultado probable será que muchas familias inmigrantes tengan miedo de acceder a cualquier beneficio público para el que algún miembro del hogar sea elegible, y renuncien a esos apoyos en momentos de necesidad para no poner en riesgo futuras perspectivas migratorias”, escribió Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria de Estados Unidos en el Migration Policy Institute.
Alan D. Viard, investigador principal del conservador American Enterprise Institute, calificó los esfuerzos de la administración por endurecer las regulaciones sobre la “carga pública” como “innecesarios”.
“Incluso los inmigrantes que a primera vista parecen representar una carga fiscal pueden, en realidad, aportar una contribución fiscal neta debido a efectos indirectos y de largo plazo”, escribió en un análisis el mes pasado.
En el continente americano, además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, la suspensión alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.
La nómina de países afectados incluye también a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros. Según la cadena estadounidense, las excepciones a la medida serán “muy limitadas” y solo se concederán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.
La decisión se apoya en una interpretación estricta de la llamada cláusula de “carga pública” de la ley migratoria estadounidense.
Un cable enviado en noviembre de 2025 a consulados de todo el mundo ya había anticipado el giro: ordenaba aplicar reglas más severas para evaluar a los solicitantes, teniendo en cuenta factores como edad, estado de salud, dominio del inglés, situación financiera, antecedentes de asistencia social e incluso la posible necesidad de atención médica prolongada.
Según Fox News, el nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido en el pasado ayudas económicas del Estado o hayan sido internadas.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el vocero del organismo, Tommy Pigott, en un comunicado citado por la cadena.
“La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar”, agregó.
El endurecimiento se produce en un contexto de refuerzo general de la política migratoria del segundo mandato de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno estadounidense revocó más de 100.000 visas, una cifra récord, según datos oficiales. En paralelo, se ampliaron los controles, incluida la revisión de publicaciones en redes sociales de los solicitantes.
La cláusula de “carga pública” existe desde hace décadas, pero su aplicación varió según las administraciones. En 2019, durante su primer mandato, Trump amplió de manera significativa su alcance para incluir una gama más amplia de beneficios sociales, una medida que fue parcialmente bloqueada por los tribunales y luego revertida bajo el gobierno de Joe Biden.
En 2022, la administración demócrata había limitado el criterio principalmente a ayudas en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo, excluyendo programas como cupones de alimentos, Medicaid o asistencia para vivienda.
Con esta nueva pausa, la administración Trump vuelve a una interpretación más dura de la norma, en una señal clara de que la política migratoria será uno de los ejes centrales de su agenda en este nuevo período.
A continuación, la lista completa de las 75 naciones afectadas por esta suspensión de visas: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.
Agencias AFP y Reuters
