En un comunicado emitido por el partido Centro Democrático, la colectividad expresó su rechazo hacia la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en el octavo aniversario del plebiscito de 2016, en el que ganó el “No”.
El partido asegura que, a pesar del resultado en las urnas, el Gobierno de ese entonces modificó las reglas para sacar adelante el acuerdo, lo que, según ellos, representó un golpe a la democracia.
El comunicado señala que tras el triunfo del “No”, el Gobierno optó por recurrir al mecanismo del fast track para agilizar la aprobación de reformas constitucionales relacionadas con el acuerdo, lo que, en opinión del partido, alteró las normas de la Constitución y el umbral de participación para la consulta popular.
Además, denuncian una desigualdad en los recursos destinados a ambas campañas, destacando que mientras los promotores del “No” gastaron alrededor de dos mil millones de pesos, la campaña por el “Sí” habría sobrepasado los doce mil millones, apoyada por el aparato estatal y el respaldo de la comunidad internacional.
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El partido también critica el papel de la comunidad internacional en la aprobación del acuerdo, mencionando el respaldo de países y organismos como el Vaticano, España, Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, que, según el comunicado, “se confundieron” al apoyar una iniciativa mediada por Cuba y Venezuela.
Asimismo, reiteran que el gobierno de ese entonces accedió a las demandas de las Farc, lo que, para ellos, implicó la violación de las “líneas rojas” inicialmente establecidas en las negociaciones.
El Centro Democrático asegura que el acuerdo ha fracasado, argumentando que ha traído consigo impunidad, equiparación entre las Fuerzas Armadas y el terrorismo, el aumento de cultivos ilícitos, y la inclusión en el Congreso de excombatientes responsables de delitos graves. Según el comunicado, el acuerdo “jubiló a viejos cabecillas de las FARC”, pero generó el surgimiento de nuevos delincuentes.
Además, el partido cuestiona la legalidad del proceso que permitió que el acuerdo, rechazado en el plebiscito, fuera aprobado posteriormente por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional. También acusa al entonces presidente de haber permitido que su campaña fuera financiada por la constructora Odebrecht, insistiendo en la necesidad de investigar a fondo la financiación de todas las campañas presidenciales.
Finalmente, el Centro Democrático concluye que el uso de la palabra “paz” fue una estrategia para erosionar la democracia y encubrir actos de corrupción, lo que, según su perspectiva, ha afectado negativamente la unidad nacional.