Estados Unidos imputó al exdictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, en una escalada sin precedentes de la presión de la administración Trump contra el régimen comunista de la isla.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó los cargos —asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves— ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. El fiscal general interino Todd Blanche realizó el anuncio en la Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio.
“Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, afirmó Blanche según documentos judiciales.
El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de Hermanos al Rescate —organización de pilotos exiliados con base en Miami que auxiliaba a balseros cubanos— sobre el estrecho de Florida. Las cuatro personas a bordo fallecieron: los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y el residente legal Pablo Morales. Un tercer aparato, en el que viajaba el líder del grupo, José Basulto, logró escapar.
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la postura de La Habana, que alegó que las aeronaves habían ingresado a su espacio aéreo y calificó a los aviadores de “terroristas”. Fidel Castro sostuvo en su momento que las fuerzas armadas actuaron bajo “órdenes permanentes” y negó que su hermano hubiera dado una instrucción específica para disparar.
Castro, que cumplirá 95 años el próximo mes, ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) al momento del incidente, lo que lo sitúa en la cúspide de la cadena de mando. La acusación formal también incluye a otros cinco militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
Los anuncios se produjeron el 20 de mayo, fecha en que fue declarada la República de Cuba en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense. La comunidad cubanoamericana de Miami se congregó frente a la Torre de la Libertad para la ceremonia oficial. “Todos esperamos durante mucho tiempo, durante muchos años, que esto sucediera”, declaró Bobby Ramírez, un músico de 62 años que abandonó Cuba en 1971.
El dictador cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó en X afirmando que esa fecha significa “intervención, injerencia, despojo, frustración” en la historia de la isla. El régimen comunista prioriza en su narrativa otras fechas, como el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, argumentando que tras 1902 la isla permaneció bajo dominio de facto de Washington a causa de la Enmienda Platt.
Horas antes del anuncio judicial, el secretario de Estado Marco Rubio difundió un mensaje en video dirigido al pueblo cubano en el que ofreció “una nueva relación” con Washington y prometió USD 100 millones en alimentos y medicinas, a distribuir directamente a través de la Iglesia Católica u organizaciones caritativas. Rubio, de origen cubano, responsabilizó al liderazgo de la isla por la crisis energética que obliga a los cubanos a sobrevivir hasta 22 horas diarias sin electricidad.
“La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó el secretario de Estado. Señaló además que Raúl Castro fundó hace tres décadas el conglomerado empresarial militar GAESA, que según Rubio genera ingresos tres veces superiores al presupuesto del régimen cubano actual y opera como “un Estado dentro del Estado”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó a Rubio de “vocero de intereses corruptos y revanchistas”, aunque no descartó aceptar la ayuda. “Sigue hablando de una ayuda de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado, pero cuyo cinismo es evidente para cualquiera ante el efecto devastador del bloqueo económico”, escribió Rodríguez en X.
La imputación se enmarca en una ofensiva más amplia de la administración Trump contra Cuba. El presidente firmó el 29 de enero un decreto que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a la isla, lo que derivó en un bloqueo de facto que dejó al país sin combustible para sus centrales eléctricas. La Habana reconoció que ya no cuenta con reservas para cubrir las necesidades cotidianas.
El lunes previo al anuncio, el Departamento del Tesoro incluyó en listas negras a los ministros cubanos de Justicia, Energía y Comunicaciones, a varios altos mandos militares y a toda la agencia de inteligencia de la isla. Díaz-Canel y Castro ya enfrentaban restricciones de viaje por sanciones anteriores.
El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó recientemente La Habana y advirtió a sus interlocutores cubanos que Trump debía ser tomado en serio, citando el caso venezolano. La captura en enero del dictador venezolano Nicolás Maduro —aliado fundamental de Cuba— profundizó aún más la crisis económica y humanitaria de la isla. Trump amenazó en marzo con que Cuba “es la siguiente” tras Venezuela, mientras Díaz-Canel advirtió que cualquier acción militar estadounidense provocaría un “baño de sangre”.
Las autoridades estadounidenses no precisaron cómo ejecutarían una eventual operación para capturar a Castro ni cuántos años de prisión implicaría una condena máxima. El exmandatario apareció en público en Cuba a principios de mayo y no hay indicios de que haya abandonado la isla ni de que el régimen permita su extradición.
(Con información de AFP, EFE, Reuters y Bloomberg)
